"Una alerta atendida es una muerte evitada”, ha sostenido el defensor del Pueblo, Carlos Negret, en sucesivas ocasiones. Y todo indica que eso es lo que no sucedió entre marzo del 2018 y enero del presente año, lapso en el cual 162 líderes sociales y defensores de derechos fueron asesinados, a pesar de que la Defensoría alertó sobre las amenazas y riesgos que se cernían sobre ellos.
EL TIEMPO conoció que los 162 muertos hacían parte de una lista de 740 líderes cuyas amenazas había detectado a tiempo la Defensoría y que hizo públicas desde marzo de 2018, mediante 70 alertas tempranas dirigidas a los distintos organismos del Estado relacionados con el tema.
Las alertas identificaron el riesgo al que estaban expuestos líderes indígenas, afros, campesinos, sindicales, de víctimas, ambientales y reclamantes de tierras, entre otros.
Se prevé que el Defensor del Pueblo hable de la dramática cifra de muertos durante el corte de cuentas que realizará hoy en Carmen de Bolívar, como parte del seguimiento a la alerta macro 026 que se lanzó en marzo pasado –de la cual se desprendieron las otras 70– sobre los riesgos y las amenazas a cientos de líderes sociales.
Junto con la Procuraduría, Negret presentará un seguimiento a la mesa por la vida que también alerta sobre este fenómeno.
Los 162 asesinatos preocupan no solo porque la Defensoría había hecho alertas, sino también porque aumentó la cifra de muertos respecto a la del 2016, cuando esa entidad reportó 134 líderes asesinados, y respecto a la del 2017, año en el que fueron asesinados 156.
El 83 por ciento de los homicidios presentados el año pasado se concentraron en 10 departamentos: Cauca, Antioquia, Valle, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó.
En las zonas donde se presentaron los asesinatos, además de haber sufrido de manera histórica el conflicto, hoy todavía tienen presencia de actores armados y siguen altos los indicadores de pobreza.
De acuerdo con el informe que conoció este diario y del que hablará este jueves Negret, no solo 740 líderes sufrieron amenazas el año pasado, sino también 500 organizaciones de derechos humanos.
Para la Defensoría del Pueblo, la categoría de líder social o defensor de derechos humanos es más amplia que la manejada por el Gobierno. Según argumenta, la definición que sigue es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por ejemplo, “el criterio identificador de quien es considerado defensor de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona, y no otros factores como el recibir remuneración por su labor, o el pertenecer a una organización civil o no. El concepto también es aplicable a los operadores de justicia, como defensores del acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones a sus derechos”.
Esa es la definición exacta que usa la Defensoría del Pueblo y que le permite abarcar dentro de este fenómeno, por ejemplo, a personeros municipales.
Por eso, generalmente, las cifras de la Defensoría sobre asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos suelen ser más altas que las que entregan otras entidades.
La Fiscalía, como lo reveló este diario, ha esclarecido casi la mitad de los asesinatos de líderes sociales ocurridos entre el primero de enero del 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
Sin embargo, no maneja la cifra de la Defensoría sino la de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que es menor. Según la ONU, 231 casos han ocurrido en ese periodo. Y sobre estos, la Fiscalía ha aclarado 126. Para el ente acusador, el 44 por ciento de los asesinatos esclarecidos son atribuibles a particulares y el resto a grupos armados, entre ellos el Eln.
La Defensoría del Pueblo ha sido insistente en llamarle la atención al Ministerio del Interior sobre el hecho de las alertas tempranas del organismo no son atendidas desde las direcciones de esa cartera que se ocupan de asuntos étnicos, de minorías y comunidades afros.
Esto, porque son esas comunidades las que “han tenido un alto impacto” por este fenómeno.
La Defensoría también ha resaltado el hecho de que por no atender las alertas tempranas, el Estado se expone a ser condenado por la justicia contencioso administrativa.
Por ejemplo, en casos en los que la Unidad Nacional de Protección no ha tomado medidas oportunas para garantizar la seguridad de líderes, el Consejo de Estado ha declarado responsable a la administración, “en eventos en que, pese a que el afectado ha promovido expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas, omitidas o adoptadas de forma insuficiente”. Las condenas se han dado incluso en casos de ausencia de solicitud de protección, pero sobre los cuales el Estado había sido alertado.
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