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Investigación

Alerta por fallas en mitigación de daños al medioambiente por megaobras

Instantes en que personal de Cerrejón, ANLA y comunidad recorren el sector.

Instantes en que personal de Cerrejón, ANLA y comunidad recorren el sector.

Foto:Cerrejón

Contraloría señala que autoridades ambientales no están siendo eficientes en seguimientos. 

Pese a su importancia para mitigar los efectos sobre el medioambiente de proyectos energéticos, de infraestructura, minería e hidrocarburos, entre otros, las compensaciones ambientales hoy en día no están cumpliendo su efecto restaurador de la biodiversidad.
Así lo concluye un estudio de la Contraloría General que analizó los proyectos con mayor área de compensación ambiental entre 2015 y 2020, así como 15 informes de auditoría sobre el tema, y aunque esa fotografía del fenómeno es del 2020, el órgano de control afirma que la situación sigue igual.
Las compensaciones son un mecanismo para resarcir los impactos al medioambiente causados por proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental que pueden producir un deterioro grave a los recursos naturales o al medioambiente. El estudio de la Contraloría buscó analizar qué tanto se cumplen esas compensaciones en proyectos como la explotación de carbón en el bloque central del Cerrejón, zona norte, que de acuerdo con su licencia ambiental debe compensar 21.509 hectáreas por el daño al medioambiente, pero a 2020 solo había compensado 1.965,1, es decir, solo el 9,1 por ciento.
Lo que pasa en el Cerrejón es solo uno de los 20 casos con mayores obligaciones de compensación que tomó como muestra la Contraloría, de un total de 136 proyectos que la Anla reportó como licenciados entre 2015 y 2020. A partir del análisis de la muestra y de las auditorías, el órgano de control afirma que el cumplimiento de las obligaciones de compensaciones por pérdida de biodiversidad es muy bajo, lo cual tiene graves consecuencias en el deterioro de los recursos naturales y afectaciones al medioambiente.
El Contralor es elegido para un periodo igual al del Presidente de  la República, por cuatro años.

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Foto:Édmer Tovar / EL TIEMPO

Este seguimiento concluye que el 68,34 por ciento de los 136 proyectos tenían un estado denominado “por ejecutar” y solo el 4,4 por ciento estaban ejecutadas.
“Las compensaciones no están cumpliendo su efecto restaurador porque las autoridades ambientales no han sido efectivas en el seguimiento”, aseguró Gabriel Jurado, contralor delegado del medioambiente, quien añadió que aunque este estudio miró qué pasaba hasta 2020, en las auditorías de 2021 y las que están cerrando en 2022 “muestran lo mismo, una falla en el seguimiento. Ese fenómeno se sigue dando y aunque el plan de mejoramiento de la Anla para corregir eso está diseñado, no es efectivo porque de lo contrario no habría más reportes”, expuso.

Los hallazgos

Entre los 20 proyectos con mayores obligaciones impuestas el sector minería tenía 7, todos de explotación carbonífera, que conjuntamente contabilizaban en 70.472,06 hectáreas a compensar (46,9 por ciento del total de la muestra); le seguía hidrocarburos, con 7 proyectos y un total de 45.957,09 hectáreas a compensar (30,6 por ciento); energía tenía 3 proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico que en conjunto han causado 30.505 hectáreas de compensaciones (20,3 por ciento); finalmente el sector infraestructura tenía 3 proyectos de construcción de vías con 3.382 hectáreas por compensar (2,3 por ciento).
Todos ellos juntos deben compensar 150.289,89 hectáreas, pero a 2020 solo se habían terminado 31.665,9 hectáreas, lo que corresponden al 21,1 por ciento, advirtió la Contraloría.
Individualmente, dice el estudio, solo dos proyectos habían cumplido completamente las obligaciones de compensaciones, otros dos proyectos iban en más del 50 por ciento de la obligación; pero otros 7 tenían un avance del 10 por ciento o menos, y 8 proyectos más ni siquiera habían empezado las compensaciones a 2020.
Además, aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) reportó que eran 136 los proyectos con obligación ambiental entre 2015 y 2020, la Contraloría encontró que la mayoría son de antes de 2014 y algunos son del siglo pasado, lo que dio pie a otra de las observaciones del órgano de control, que criticó que se deja pasar mucho tiempo entre el inicio de una intervención y la compensación de su impacto en el medioambiente.
Por ejemplo, la Contraloría citó que el proyecto de explotación minera en las áreas "El Descanso", "Similoa" y "Rincón Hondo”, con 24.719,09 hectáreas por compensar, recibió licencia ambiental en 2008 pero su plan de manejo de compensación no estaba aprobado para el 2020, es decir no había comenzado pese a que el proyecto llevaba 12 años en ejecución.
“Es necesario hacer reformas que permitan que las compensaciones ambientales no se generen al final de los proyectos sino mucho más rápido, que incluso comiencen a ejecutarse paralelamente a las obras porque, por ejemplo, si se deforestan 100 hectáreas de bosque, a partir de la tala se pierden servicios ecosistémicos que, según estimados, para volver a como estaban antes se pueden demorar más de 15 años”, señaló el contralor Jurado, quien resaltó que “una forma de no reparar los daños es no repararlos a tiempo”.
En los 15 informes de auditoría que también se analizaron se evidenciaron otras falencias como que sólo se ha tenido en cuenta el elemento paisajístico al momento de definir las compensaciones, lo que no garantiza una reparación real del impacto, o que en los planes no se definieron sitios de siembra, “lo que ha sido excusa para no realizar las compensaciones”, dice el informe.
Además, aunque las compensaciones no son monetizables, se encontraron casos como uno en 2017 donde Corporinoquia permitió la sustitución de las medidas de compensación ambiental por un pago de $5.364.304.969 en el lapso de 2012 a 2017, dineros que fueron usados “para pavimentación, kits didácticos ambientales, mercados verdes, proyectos piloto, entre otros. Actividades que no retribuyen directamente a los impactos ocasionados por el proyecto licenciado, lo que significa un detrimento en los recursos naturales”, dice la Contraloría.

Las fallas en la Anla

Para el órgano de control, detrás del bajo cumplimiento de las compensaciones está “la falta de exigencia de la Anla y su corto alcance en el seguimiento y control, que se refleja en la responsabilidad ambiental y jurídica, pues no se evalúa por medio de información verificada o no se aplica el procedimiento sancionatorio de manera efectiva”, dice el estudio.
En el informe se añade que hay deficiencias de articulación y coordinación interinstitucional entre las diferentes autoridades administrativas a nivel nacional, incluyendo al Ministerio de Ambiente, y las Corporaciones Autónomas Regionales.
Así mismo, se critica que aunque la Anla está facultada para imponer sanciones a los licenciatarios que incumplen sus responsabilidades, no ha impulsado sanciones por los incumplimientos en las compensaciones. “A su vez, la falta de seguimientos y controles ambientales hace que sea más difícil detectar a tiempo las infracciones cometidas y por la falta de esas visitas, no se pueden detener porque no se requiere al licenciatario para que actúe de conformidad”, se lee en el estudio.
Por todo ello, el contralor Jurado explicó que se hará una actuación especial de fiscalización para evaluar el cumplimiento de la Anla a la verificación y vigilancia que debe hacer de las compensaciones ambientales.
“La Contraloría está convencida de que los daños generados por la falta de seguimiento a las compensaciones tienen que traducirse en hallazgos, será una metodología para monetizar, vía sanciones, el daño al medioambiente por una ejecución poco efectiva del seguimiento”, concluyó.

Qué dice la Anla

Consultada por el informe de la Contraloría, la Ana señaló que se ha implementado una estrategia de fortalecimiento de los procesos de evaluación y seguimiento y que “si bien el cumplimiento a las compensaciones bióticas por parte de las empresas fue ineficiente en el pasado, hoy en día se está avanzando contundentemente en la implementación de estrategias que permitan dar cumplimiento a estas obligaciones”.
Además, dijo que el reporte de la Contraloría se basó en 136 proyectos que representan cerca del 12 por ciento del total de proyectos licenciados con obligación de compensación ambiental, que según todos los registros hasta mayo de 2022, son 1.052 proyectos en total
Frente al estado de los mismos, la autoridad ambiental respondió que 96 proyectos están ejecutados (9,1 por ciento), 369 están en ejecución (35 por ciento), 416 están por ejecutar (39,5), en evaluación del plan de compensación hay 40 proyectos (3,8) y hay 131 más (12,4 por ciento) sin actividad generadora, estos últimos son proyectos que aún no inician con las actividades licenciadas y por ende al no generar impactos, aún no le es exigible la compensación.
Frente a las sanciones por incumplir la compensación ambiental, la Anla dijo que se adelantan 160 procesos sancionatorios ambientales, que están en distintas etapas procesales, en contra de 80 empresas.
La entidad concluyó que ha venido cumpliendo con sus funciones y que pese a variaciones normativas, actualmente los proyectos licenciados tienen planes de compensación aprobados y cronogramas evaluados que permiten verificar los avances de ejecución y su respectivo cumplimiento, “lo que permite concluir que hoy en día las compensaciones ambientales no son ineficientes más aún cuando a la fecha se han aprobado 48.409,41 hectáreas, que se ejecutarán en acciones de preservación, restauración y uso sostenible de manera complementaria a las demás acciones”.
María Isabel Ortiz
Redacción Justicia
@MIOF_
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