El 36 por ciento de los municipios del país están en riesgo electoral por la presencia de grupos armados en los territorios. Así lo identificó la alerta temprana número 035-19 de la Defensoría del Pueblo, que advierte el alto riesgo que hay en varios municipios del país, de cara a las elecciones locales del próximo 27 de octubre.
Con trabajo en terreno la entidad pudo establecer que 78 municipios tienen un nivel de riesgo extremo; 176, riesgo alto, y 164, riesgo medio. Esto porque en esos territorios hay disputas entre grupos armados ilegales y con la fuerza pública, economías ilegales, vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado.
Los departamentos con mayor número de municipios en riesgo electoral son Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca.
Esta alerta se emite días después de la masacre en Suárez, Cauca, en la que cinco personas murieron, entre ellas la candidata a la alcaldía Karina García. Entre el 1.° de enero y el 15 de agosto, de 13 casos de asesinato en el marco del monitoreo electoral, 6 eran líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según la Defensoría, se registraron 258 conductas vulneratorias entre amenazas, ataques, presión a votantes y otras relacionadas con las elecciones. En total, 147 precandidatos, candidatos o miembros de organizaciones políticas fueron vulnerados.
La presencia de grupos ilegales no es una amenaza únicamente contra los candidatos. La población en riesgo también incluye a miembros de partidos políticos, excombatientes y militantes del partido Farc, líderes sociales y defensores de derechos humanos, miembros de grupos étnicos y funcionarios públicos encargados de la vigilancia y control de los comicios.
La mayoría de conductas se concentraron en Arauca, Arauca, con 11 casos; Cali, Valle del Cauca; Cartagena, Bolívar, y Santa Marta, Magdalena, con 7 casos, respectivamente; Mocoa, Putumayo; Saravena, Arauca; Suárez, Cauca, y Tumaco, Nariño, con 6 casos cada uno. Finalmente, en Bogotá D. C. y Convención, Norte de Santander, con 5 casos, respectivamente.
La candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García, fue asesinada junto a otras cuatro personas.
Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO
“Los grupos armados ilegales tienen interés en intervenir y lograr penetrar a las administraciones públicas mediante estrategias diversas, todas ellas impregnadas de la forma particular de actuación que dicte la lógica de la confrontación armada o la conflictividad social en el territorio”, dice el informe de la Defensoría.
La entidad identificó que siete grupos armados ilegales tienen capacidad de injerencia o perturbación en los comicios: Eln, Epl, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidencias de las Farc, grupos armados ilegales posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (como ‘Caparros’, ‘Pachenca’, ‘Rastrojos’, ‘la Oficina’), otros grupos armados ilegales o grupos delincuenciales organizados (por ejemplo, ‘Pacheli’, ‘la Constru’, ‘Cordillera’ y otras bandas organizadas), y algunas expresiones armadas sin posibilidad de determinar su origen o nombre.
La alerta temprana también dice que no hay una orden nacional de desestabilización de elecciones por parte de estos grupos armados ilegales, como sí lo existió durante el conflicto con las Farc. “Esto porque no hay grupos armados ilegales con capacidad para cubrir territorio”, dice el informe de la Defensoría.
Para la entidad, algunas preocupaciones son las garantías para la participación política, la polarización y la estigmatización política, la situación de excombatientes y partido Farc (149 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz, dice la Defensoría), el control sobre dineros ilegales en campañas políticas, así como la articulación de acciones para la implementación y financiación de los planes del Gobierno para las elecciones.
Los actos vulneratorios pretenden causar zozobra y evitar que la contienda electoral transcurra con tranquilidad, dijo el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret.
Y agregó que la alerta lanzada por la Defensoría “debe convertirse en una herramienta de prevención, para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país, y no por la presión de los delincuentes”.
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