El cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, entregaría más de 4.000 millones de pesos, que equivale al dinero que habría desviado del Departamento de Córdoba, así como los bienes que adquirió con esos dineros.
Lo anterior, luego de lograr un principio de oportunidad con la Fiscalía que le permite rebajar su pena a cambio de colaboración con la justicia. En el acuerdo se establece que debe delatar a otros implicados en corrupción.
Lyons sería testigo en la Corte Suprema de Justicia en los casos en los que aparecen vinculados tres exmagistrados de ese alto tribunal.
Con el principio de acuerdo se precluye la investigación por ciertos delitos, que hasta el momento no se conocen.
Sin embargo, Lyons es investigado por más de 20 delitos, por lo que su pena deberá cumplirse en prisión. Los cargos en su contra son: concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en la celebración de contratos, seis delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Aunque los hechos son conocidos desde mayo de este año, hasta la fecha no le han imputado cargos.
Lyons permanecerá en Estados Unidos mientras se adelantan las investigaciones contra el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, preso en el pabellón de extraditables de la carcel La Picota, en el que sirve como testigo.
Moreno ofreció frenar dos casos contra el exgobernador Lyons, filtrándole información y declaraciones juramentadas de los testigos en su contra para que preparara su defensa. Moreno le pidió a Lyons 40.000 dólares, de los cuales entregó 10.000 en un operativo coordinado con la DEA y que terminó con la captura del exfiscal.
En la audiencia pública adelantada ante el juez 49 de garantías en Bogotá, el fiscal del caso sostuvo que tanto Pinilla como Moreno, al parecer, le pidieron 100 millones de pesos por adelantado a Llyons Muskus, en un apartamento en el norte de Bogotá, entre febrero y marzo últimos, “para obtener copia de unas declaraciones formales de testigos en su contra”.
Considera que la corrupción en la Corte Suprema de Justicia es:
‘Cartel de la hemofilia’ en Córdoba: el detrimento fue de más de 50.000 millones de pesos por los cobros que hicieron supuestas IPS que trataban a falsos enfermos de hemofilia.
En una auditoría de la Contraloría del año pasado, se encontró que por casi tres años la gobernación de Lyons pagó esa millonaria cifra a centros médicos que suministraban supuestas medicinas a supuestos pacientes con hemofilia que en realidad no existían.
Irregularidades en dineros de la salud: al menos 10.000 millones de pesos que su administración pagó a cuatro instituciones médicas por supuestos tratamientos para niños con síndrome de Down o autismo, se habrían perdido.
La Contraloría evidenció que estas IPS recibieron millonarios recursos por recobros de servicios que no cubre el Plan Obligatorio de Salud (POS), y por supuestos tratamientos de neurodesarrollo para niños con síndrome de Down o autismo que, en la mitad de los casos, no se practicaron.
Anomalías detectadas en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en Córdoba: la investigación se relaciona con la posible malversación de recursos que superan los 10.000 millones de pesos y que, según la Fiscalía, habrían sido canalizados indebidamente a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro durante su administración en el periodo 2012-2015.
JUSTICIA
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