Con la participación de alcaldes, expertos en sistema penitenciario; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, y otros invitados, se realizó ayer un foro de Asocapitales sobre los retos de las ciudades frente al sistema carcelario, en particular, sobre los sindicados, es decir, personas que aún no están condenadas.
En el evento se escucharon las propuestas de los alcaldes para descongestionar los penales y enfrentar el reto que representa tener a 22.000 personas privadas de la libertad, que por ser sindicadas están bajo la responsabilidad de los municipios.
El foro tuvo dos momentos, uno inicial de expertos en temas carcelarios. Allí, el ministro Ruiz dijo que sostener a un preso en Colombia cuesta más o menos 2’400.000 pesos al mes y que construir espacios modulares en cárceles, para alojar a 70 internos, cuesta unos 7.000 millones de pesos. Agregó que la ley contempla que es obligación de los entes territoriales encargarse de los sindicados, pero que el ministerio adelanta esfuerzos para apoyarlos.
El jefe de la cartera de Justicia dijo que hay “ciudades capitales que llevan 10 u 11 años sin ayudar a los reclusos. Una persona por más condenada que esté tiene dignidad...”. Por esto indicó que es necesario que los entes territoriales hagan las gestiones para incluir las partidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los centros de detención preventiva.
Cerrando el primer panel, el ministro de Justicia resaltó que el país debería dejar de ser “carcelero”, que no resuelva todo con enviar a alguien a prisión.
En el segundo panel del foro, Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería y presidente de Asocapitales, señaló que no todos los territorios tienen la misma capacidad para mantener las cárceles y adelantó que como ciudades capitales presentarán un proyecto de ley para tratar de buscar salidas al problema de los presos sindicados.
Dijo que la iniciativa, que se está trabajando con el Gobierno, apunta a dejar claras las competencias de los entes territoriales, teniendo en cuenta las particularidades de cada municipio.
El hacinamiento en los centros de reclusión en Colombia es una gran amenaza como foco del coronavirus.
ARCHIVO EL TIEMPO
“Solamente los costos para cubrir ese hacinamiento, entendiendo también el número de personas sindicadas, superan 5,4 billones de pesos para infraestructura adecuada y 1 billón anual en el mantenimiento, hoy los recursos que podemos usar los entes territoriales son escasamente 1,6 billones”, dijo.
Añadió que ante la situación que se está viviendo es pertinente analizar alternativas como la fianza y que los sindicados puedan pagar por esperar su condena en casa.
Daniel Quintero, alcalde de Medellín, expuso que el problema de las cárceles es un problema nacional y apuntó la necesidad de despenalizar algunas conductas; aunque para él hay delitos de tal dimensión, como terrorismo, narcotráfico, masacres, indicó que deben ser abordados por los niveles de seguridad que requieren, por el Gobierno Nacional, y que hoy hay una oportunidad gigante de cambiar la legislación.
Solamente los costos para cubrir ese hacinamiento, entendiendo también el número de personas sindicadas, superan 5,4 billones de pesos para infraestructura adecuada
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Por ejemplo, habló de buscar un punto intermedio de reclusión que no sea ni casa por cárcel ni prisión: “En algunos casos podríamos tener unos hoteles donde pague el sindicado por estar ahí mientras se juzga y se determina si es culpable o inocente”, expresó.
Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja, alertó que en las cárceles nacionales el hacinamiento está sobre el 20 por ciento, pero que las 42 territoriales alcanzan unos índices de hacinamiento de hasta 700 por ciento.
Los mandatarios plantearon como una de las salidas la posibilidad de construir cárceles de mínima, media y alta seguridad, “que puedan ser operadas a través de alianzas público-privadas, en las que se puedan distribuir los sindicados del país en razón de su peligrosidad o la gravedad del tipo de delito”.
Para los mandatarios, buscar salidas novedosas llevaría incluso a hacer más eficientes los recursos, garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad y avanzar en proyectos para su resocialización.
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Por último, para los alcaldes, en las soluciones al tema de las cárceles y las entidades territoriales también deberían aportar las gobernaciones. De hecho, Quintero dijo que estas también deberían tener centros de reclusión para delitos regionales, como, por ejemplo, los delitos ambientales.
Óscar Ayzanoa, asesor penitenciario del CICR Colombia, resaltó que es necesario planificar no solo cupos carcelarios sino servicios para los privados de la libertad como salud, educación, trabajo, que les faciliten su resocialización.
Por su parte, Camilo Burbano, experto en derecho penal, indicó que el problema de fondo es la inexistencia de una verdadera política criminal y que no es lo mismo exigirle a ciudades más grandes la ejecución de ciertos tipos de cárceles que a ciudades más pequeñas que no tienen el presupuesto y cuya criminalidad no es tan fuerte en alta o media seguridad, pero sí en delitos menores.
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