Ni el exalcalde Carlos Caicedo; ni el actual y suspendido alcalde Rafael Martínez; ni las otras cuatro personas que capturaron las autoridades en Santa Marta para que respondan por contratos sobre la reconstrucción de cinco puestos salud, supuestamente, de manera irregular, se allanaron a los cargos formulados este miércoles por la Fiscalía en la sede del CTI.
La posición se conoció al caer la tarde, luego de cumplidas dos audiencias en la que les legalizaron las respectivas órdenes de captura. La Fiscalía imputó los delitos de contratación sin el lleno de requisitos y peculado por apropiación. Antes de ingresar a la sala de audiencias, Caicedo le dijo a la prensa “estamos afrontando un atropello de la Fiscalía General de la Nación, del fiscal (Néstor Humberto) Martínez trabajando para Cambio Radical y para Germán Vargas Lleras. Esto es un falso positivo de ese sector político y sus aliados políticos en el departamento”. Por su parte, el abogado Iván Cancino, defensor de Caicedo y Martínez, dijo que va a demostrar que la Fiscalía se equivocó y se apresuró con estas capturas.
La exconcejal de Santa Marta y hermana del exalcalde, Carmen Patricia Caicedo, dijo que todo es orquestado por la clase política corrupta del Magdalena. La Fiscalía expresó que las capturas de Caicedo y Martínez están relacionadas con las presuntas irregularidades en dos contratos.
El primero se suscribió en agosto de 2014, en la administración de Caicedo, entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y la firma Mediredes SAS para la adecuación de los centros de salud Bastidas, IPC La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por $6.532 millones.
Según la investigación, este contrato se inició sin tener concepto de viabilidad técnica del Ministerio de Salud y sin licencia de construcción. El único centro de salud que se construyó generó detrimento de cerca de $5.000 millones.
