Con pobres resultados de gestión en sus seis años de funcionamiento, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que se creó como tabla de salvación para desterrar la corrupción en el suministro de bienes y servicios en las cárceles del país, atraviesa uno de sus peores momentos.
En medio de un escándalo por supuesta corrupción acaba de ser declarada insubsistente la directora María Cristina Palau. Pese a que el argumento para separarla del cargo fue la baja ejecución de los contratos a su cargo, lo cierto es que la Fiscalía tiene en su poder una denuncia que asegura que Palau habría recibido 600 millones de pesos como coima para adjudicar obras de la cárcel de Cómbita.
Pero los cuestionamientos a sus 15 meses de gestión, y en general a los resultados de la Uspec desde su creación en el 2011, son mucho más extensos. Los ‘pecados’ de la entidad van desde la celebración de contratos de construcción sin diseños definitivos, entrega de anticipos sin respaldos, pagos totales de obras inconclusas, hasta millonarios sobrecostos.
La meta del Gobierno para la construcción de nuevos cupos carcelarios en el periodo 2014-2018 era de 11.882. Sin embargo, a hoy solo se han entregado 4.505, es decir menos del 37 por ciento de las plazas presupuestadas. Incluso, un informe de control interno de la misma institución dice que 408 de los cupos que se entregaron este año hacían parte de la vigencia presupuestaria del 2015, es decir, son una meta rezagada.
La falta de control directo del Ministerio de Justicia (la máxima autoridad en el ramo) sobre la Uspec y la politización de una entidad supuestamente técnica explican el fracaso. De hecho, Palau es reconocida por su trayectoria electoral en el Valle, donde sacó 29.000 votos que no le alcanzaron para el Congreso en el 2010.
Otro handicap de la Unidad es su socio natural para la construcción de cárceles, el polémico Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade. Esa entidad, por lo menos en los últimos cinco años, fue uno de los principales fortines burocráticos de los ‘Ñoños’. Incluso, en la denuncia que termina sacando a Palau se habla de una supuesta injerencia directa del senador Bernardo Elías en una adjudicación.
“Cuando creamos la Uspec teníamos muchas expectativas y esperábamos que lograra con autonomía cumplir todas las funciones de la administración y del manejo adecuado que requieren las cárceles. Pero la experiencia ha demostrado que esta expectativa ha sido frustrada”, reconoció el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.
Y aunque considera que en sus dos años de ministerio la Uspec funcionó, el exministro Alfonso Gómez Méndez sí advierte que “esa entidad no puede ser fortín político” y que cuando esto pasa “se generan hechos de corrupción”.
La última auditoría de la Contraloría a la Uspec, correspondiente al año 2016, reportó 49 hallazgos, que se suman a los 138 ya reportados desde el 2012, de los cuales tres tienen incidencia penal; 48, disciplinaria; 7, fiscal, y 138, administrativa. Solo con respecto al tema de ampliación de cupos, el órgano de control encontró 17 irregularidades administrativas que habrían generado un detrimento patrimonial por cerca de $ 19.000 millones.
El informe precisa, por ejemplo, que la Uspec pagó millonarios estudios y diseños para la construcción de centros penitenciarios de mediana seguridad en los municipios de Cómbita, Sincelejo, Palmira y San Gil, que finalmente no se usaron porque no se contaba con el presupuesto para la ejecución de obras.
“Se establece un presunto alcance fiscal, por el posible detrimento causado al erario como consecuencia de una gestión antieconómica, ineficiente, ineficaz e inoportuna realizada por la entidad al pagar por unos estudios y diseños que a la fecha no se han materializado en las obras esperadas”, señaló la Contraloría.
Otra de las grandes fugas de recursos de la Uspec está en la contratación de servicios alimentarios para los casi 120.000 presos del país. En abril, un grupo de hombres de la Fiscalía y la Dijín llegaron a las instalaciones de la entidad a buscar toda la información relacionada con los contratos por alimentos, por los que el Estado paga más de 316.000 millones de pesos cada año.
A pesar de la alerta que elevó la Contraloría en el 2016 sobre las presuntas irregularidades en los contratos, las empresas cuestionadas firmaron de nuevo millonarios convenios con la Uspec. La auditoría señala que la firma Estrada Navarro S.A.S., que había tenido contratos para suministrar alimentos en cárceles del Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre, logró esos negocios a pesar de que tiene pendiente un proceso por incumplimiento en los mismos servicios con el Hospital Militar. Además, en la cárcel de Valledupar se detectaron problemas de salubridad. Aún así, Estrada Navarro aparece firmando un nuevo contrato por 1.500 millones de pesos para suministrar alimentos en las cárceles de El Bosque y el Buen Pastor, entre abril y mayo de este año.
En febrero pasado se firmó, después de dos años y medio de retraso, el nuevo contrato de vigilancia electrónica para excarcelados. Por problemas en la licitación, la Uspec prorrogó con la herramienta de urgencia manifiesta el contrato que tenía con Energía Integral Andina, que se especializa en la fabricación de baterías y subcontrataba con un tercero los brazaletes.
Solo con respecto al tema de ampliación de cupos, el órgano de control encontró 17 irregularidades administrativas que habrían generado un detrimento patrimonial por cerca de $ 19.000 millones
Durante ese tiempo, solo 4.040 brazaletes estaban funcionando de los 5.755 que fueron contratados. Lo que quiere decir que 1.715 condenados no estaban siendo monitoreados. La Contraloría reportó en el 2015 que tanto el Ministerio de Justicia como el Inpec habían denunciado fallas de los dispositivos electrónicos y “la obsolescencia de los mismos”. Finalmente a principio de este año se logró adquirir el servicio por 33.497 millones de pesos a través de la Bolsa Mercantil.
“La Uspec sumergió al Inpec en una crisis sin precedentes”, dice una carta de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP, el sindicato más grande de guardianes), en la que piden la liquidación de la Unidad y el regreso al modelo antiguo. Es decir, que la contratación de obras, salud y alimentación vuelvan a manos de la dirección del Inpec. Esa opción no está en la baraja del Gobierno, que precisamente dividió las funciones de seguridad y administración por los escándalos recurrentes en la materia.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que la Uspec es una entidad autónoma presupuestal y administrativamente, por lo que su cartera “solo puede acompañar, pero no incidir o controlar sus decisiones contractuales y administrativas”.
El Ministro reconoció que “la entidad sí requiere una reingeniería en su planta” y que es necesaria “la profesionalización de la misma”, por lo que se inició un proyecto con la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, para “rediseñar y fortalecer” la entidad.
Gil Botero aseguró que todas las denuncias han sido puestas en manos de las entidades competentes y afirmó que el Gobierno “está poniendo todo su empeño en sacar adelante los proyectos existentes con estricta observancia de las normas contractuales y dotando de transparencia los procesos”.
El viceministro Fabián Marín fue encargado de manera temporal de la Uspec.
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