En la tarde de este martes, la vicefiscal Martha Janeth Mancera se refirió a la investigación que adelanta el ente acusador por la presunta violación que varios militares habrían cometido contra una adolescente de 15 años de la comunidad nukak maku, el año pasado.
Aseguró Mancera que, a través de personal del hospital de San José, capital del Guaviare, un fiscal especializado de Guaviare conoció el 19 de septiembre de 2019 del caso de "una menor indígena de la comunidad nukak maku, quien relató haber sido víctima de agresión sexual el 8 de septiembre de 2019".
En su testimonio, la menor dijo que la agresión sexual fue perpetrada por "soldados que prestan su servicio militar obligatorio en la vereda El Charras del mismo municipio".
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De acuerdo con la Vicefiscal, la estrategia investigativa del fiscal al frente del caso se ha basado en la recolección de más de 20 actividades, entre las que se cuenta con información de la comunidad indígena, "para lo cual se ha utilizado un intérprete, permitiendo conocer el contexto en el que ocurrieron los hechos".
Pese a esas labores del ente acusador, en el caso todavía no hay ningún capturado ni judicializado oficialmente por estos hechos.
Se mantienen las actividades investigativas para tomar las decisiones que en derecho correspondan
De igual forma, dijo la Vicefiscal que se mantienen las actividades investigativas para tomar las decisiones "que en derecho correspondan".
La menor se encuentra actualmente bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, donde afirmó Mancera, "se adelanta el tramite administrativo para salvaguardar sus garantías y restablecer sus derechos fundamentales, con especial consideración por tratarse de una indígena".
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Resaltó que en los casos donde la víctima es un menor indígena, la Fiscalía le da prioridad, por lo que hoy están 40 casos en etapa de juicio y 9 más, en etapa de investigación.
Este proceso se une al que se viene adelantando por el abuso sexual del que fue víctima una niña de 12 años de la comunidad embera que involucra a siete militares que aceptaron los cargos.
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Los hechos se registraron el 21 de junio en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda, y generaron el rechazo de la ciudadanía.
De acuerdo con la vicefiscal, para el fiscal Francisco Barbosa "toda violación sexual que tenga como víctimas a niños, niñas y adolescentes es prioridad".
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