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'La situación es muy delicada en materia de desaparición forzada'
Desaparición Forzada

En la foto: Mausoleo en el Cementerio Universal de Medellín que honra la memoria de víctimas de desaparición forzada de esa ciudad.

Foto:

Guillermo Ossa /Archivo EL TIEMPO

'La situación es muy delicada en materia de desaparición forzada'

Camila Zuluaga, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, habla del informe de la ONU del tema.

El pasado 11 de mayo, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas aseguró que ese delito sigue sucediendo en Colombia a pesar de la firma del Acuerdo de Paz y entregó una serie de recomendaciones. Camila Zuluaga, abogada de incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas explica en entrevista con EL TIEMPO las implicaciones del informe publicado.

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-¿En qué consiste el examen del Comité?
En 2012 Colombia ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y de ella se deriva el Comité, como un mecanismo para proteger los derechos humanos de las personas víctimas de este delito. El Comité tiene dentro de sus múltiples funciones hacer el seguimiento a los Estados para que se cumpla lo establecido en la Convención.

En 2016 empezó el examen a Colombia sobre la situación de desaparición forzada y, por la gravedad de lo encontrado, le dio una serie de recomendaciones. De esas, priorizó tres: depurar las bases de datos sobre personas desaparecidas, priorizar la investigación de los casos de desaparición forzada por ser uno de los crímenes con tasas más altas de impunidad y fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas, dar con su paradero y hacer la entrega digna de restos a sus familiares. Para ello se dio un plazo de cuatro años que se venció en el 2020.

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-¿Por qué Colombia tuvo una sesión en abril pasado ante el Comité?
La regla general es que los Estados presenten por escrito el seguimiento a estas recomendaciones y el Comité revisa pero, una vez hecho esto, por la gravedad de la situación, convoca a un diálogo de seguimiento que se hizo el 19 y 20 de abril pasados. Ese diálogo ha pasado solo con tres países: México, Irán y Colombia. Y ahora salieron las recomendaciones que son de seguimiento a las que ya se habían dado en 2016.

¿Tan grave es la situación de Colombia para que se haya llegado a esta instancia?


Sí. El Comité destacó aspectos positivos como la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y el Plan Nacional de Búsqueda y los planes regionales de la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas. Hace un llamado claro al Estado porque la desaparición forzada, incluso con la firma del Acuerdo de Paz, continúa produciéndose. Es decir, en una etapa de postconflicto.  Y hace otro llamado para que la Jurisdicción Especial para la Paz abra un macrocaso sobre desaparición forzada. La situación, tal y como dice el Comité, es muy delicada en materia de desaparición forzada.

El Comité dice que la desaparición "prevalece" aun después de la firma del Acuerdo. ¿Prevalece porque se están presentando nuevos casos o porque, al ser un delito de ejecución continuada, no cesa hasta que no se encuentren a todos los desaparecidos?

Ambas. Parte de la característica del delito es que, precisamente, es de ejecución continúa, pero también hay situaciones que siguen dándose en materia de desaparición forzada como, por ejemplo, las 'casas de pique'. O, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con el Paro Nacional en el que se detienen personas y no se les garantiza una comunicación inmediata con sus familiares.

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-Actualmente hay confusión sobre las cifras de personas desaparecidas en el marco de las protestas porque, entre otros, no hay información en tiempo real de las identidades de las personas detenidas. ¿Por qué esto se considera como desaparición?

La definición de desaparición forzada habla de arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de la libertad en la que se oculte el paradero de una persona y se sustraiga de la protección de la ley. Parte de las obligaciones que tiene el Estado, por ejemplo, y que reiteró el Comité en el informe, es que las personas detenidas tengan acceso a un abogado y que haya un registro de personas privadas de la libertad para poder conocer su paradero.

Hemos conocido casos en los que las personas no tienen esa comunicación y no existe información clara de cuántas personas están siendo privadas de la libertad en el marco de las protestas, entonces sí se puede hablar de desaparición forzada en el contexto de la protesta.

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Camila Zuluaga, abogada de incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas

Foto:

Suministrada

-¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado colombiano por haber ratificado la Convención?
Las obligaciones que están en la Convención son, principalmente, que ninguna persona sea sometida a desaparición forzada y eso implica que el Estado garantice y se abstenga de cometer acciones que den lugar a la desaparición. Entonces se deben tomadas medidas para la prevención, la investigación y la búsqueda en términos generales. También que haya un registro de las personas privadas de la libertad, que garantice que los niños, niñas y adolescentes no sean desaparecidos, que ajuste su legislación interna conforme a las disposiciones de la Convención, entre otras.

Una importante (que Colombia no ha ratificado) es la competencia del Comité para conocer de las comunicaciones individuales e interestatales para poder tomar acción urgente y rápida sobre casos víctimas de desaparición forzada. Es una herramienta complementaria para garantizar los derechos de las víctimas.

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Una obligación es ajustar la definición de desaparición forzada del Código Penal colombiano, ¿por qué?

Para que no se diluya la responsabilidad del Estado en los hechos de desaparición forzada que hayan sido cometidos por agentes del Estado. El Código Penal señala al "particular" que someta a otra persona a desaparición y, luego dice, que a la misma pena quedará sometido para el servidor público o el particular que actué bajo la determinación o la aquiescencia de él.

Y la definición de la Convención habla expresamente de cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, apoyo o la aquiescencia del Estado. Es importante que diga expresamente que sean "agentes del Estado" y el Código Penal no lo dice. Es importante para el Comité que no haya un exclusión de responsabilidad.

¿El Comité "rajó" al Estado colombiano?
Sí. Es un llamado preocupante para el Estado, sobre todo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que he mencionado. Por ejemplo, una de las obligaciones que tiene el Estado es investigar de manera rápida y de oficio apenas se tiene noticia de la desaparición forzada y con la cifra que mostró la Fiscalía y que analizó el Comité se ve que esto no está cumpliéndose.

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-¿Por qué sería necesario que la JEP abra un caso sobre desaparición forzada?
Es importante porque la dimensión de la desaparición forzada en Colombia es gigante y con altos índices de impunidad. El papel de la JEP sería clave para ayudar a resolver múltiples casos y contribuir que no permanezcan en la impunidad.

-¿Qué otros elementos destaca del informe del Comité?
Es importante que el Comité haya hecho un llamado urgente para la adopción de una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas que responda, incluso, a recomendaciones que se han dado en el contexto de la pandemia del COVID-19. Es necesario que establezca una política en la que, por ejemplo, se protejan espacios dónde se están haciendo búsqueda de personas dadas por desaparecidas, así como sus restos.

Es importante porque hemos visto casos como el del cementerio de El Copey donde se sabe que hay restos de personas dadas por desaparecidas y se está manipulando el terreno para enterrar a personas que murieron por COVID-19.

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Destaco la recomendación que cala ahorita con el paro sobre la comunicación inmediata con los familiares y abogados de las personas privadas de la libertad. La recomendación se dio porque conoció de denuncias de desapariciones en el contexto de protestas.

Y es importante que el Comité recomendó aumentar esfuerzos para que no haya actos de violencia contra las personas que están buscando desparecidos porque reconoce un problema que está sucediendo en Colombia: las amenazas y ataques que sufren víctimas, familiares y personas que apoyan las búsquedas.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: AlejaBonilla

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