Un juez de control de garantías de Paloquemao accedió este lunes a la solicitud de la Fiscalía de dar medida de aseguramiento al coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita, señalado como determinador del crimen contra el exguerrillero de las Farc Dimar Torres, en Convención, Norte de Santander.
Asimismo, lo decidió sobre los tres soldados procesados, señalados cómplices.
El juez 17 de garantías decidió imponer medida de aseguramiento intramural (preventiva) contra Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón.
Para el funcionario judicial, la Fiscalía logró acreditar la presunta participación de los procesados en el asesinato del excombatiente y el riesgo de una posible obstrucción a la justicia durante el proceso.
Además, aseguró que el delito no es querellable, ya que para los cargos imputados la pena mínima es de 480 meses de prisión.
En la audiencia, el juez señaló que los señalamientos contra los imputados "son coherentes en el sentido de indicar que el coronel Pérez quedó altamente afectado después de la muerte del soldado, al punto de manifestar que el señor Dimar Torres debía ser dado de baja".
Según dijo la Fiscalía en su imputación de cargos, la semana pasada, el asesinato del exguerrillero fue un acto de "venganza" porque días antes un soldado bajo el mando de Pérez Amézquita, en cumplimiento de una orden, murió al ser afectado por la explosión de una mina antipersona.
Los soldados señalaron al excombatiente de las Farc de ser un explosivista del Eln y empezaron a perseguirlo para cobrar venganza por la muerte de su compañero, dijo el ente investigador.
La Fiscalía imputó el delito de homicidio en persona protegida, en calidad de determinador al coronel (r) Pérez Amézquita y en calidad de cómplices a los tres soldados profesionales, la semana pasada. Los procesados no aceptaron el delito imputado.
Para el despacho, la única medida acorde con la situación de los cuatro hombres es la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los uniformados serán enviados a un centro de reclusión militar, en Facatativá.
La defensa de los exintegrantes del Ejército interpuso una medida de reposición ante la decisión del juez.
Por estos hechos, ocurridos en abril de 2019, ya fue condenado el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo a 20 años de cárcel, por ser el autor material del crimen.
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