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A más datos abiertos, mejor justicia para todos / Opinión
Reforma de la justicia

En la Rama Judicial se sigue teniendo una deuda con los ciudadanos y los actores de los procesos a la hora de garantizar acceso efectivo a datos de manejo público.

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Diego Santacruz / Archivo EL TIEMPO

A más datos abiertos, mejor justicia para todos / Opinión

A más datos abiertos, mejor justicia para todos / Opinión

En un mundo que cada vez se mueve más hacia lo digital, resulta esencial que todas y cada una de las dependencias del Estado garanticen el acceso en línea y en tiempo real a la información y a trámites de consulta y verificación de datos relacionados con la gestión pública.

(Lea: Cinco regiones concentran ataques a líderes sociales y desmovilizados).

Esto, que parece una obviedad en los tiempos que corren, no siempre se cumple en Colombia. Información desactualizada o perdida detrás de múltiples pantallazos, vínculos web que nunca se despliegan y archivos públicos que debían ser accesibles en línea pero que simplemente no aparecen siguen siendo pan diario en los portales de muchas de nuestras instituciones, incluso del nivel central.

El resultado de esa situación, sean cuales sean sus causas, es que a los ciudadanos se les niega o se les dificulta el derecho a saber cómo va la gestión de sus servidores públicos y a exigir los correctivos necesarios si esa gestión resulta deficiente.

(Vea: Organismos internacionales piden al Estado proteger la vida).

¿Y qué pasa con la información y las estadísticas en materia de seguridad y justicia? Algunas de las herramientas más completas a la hora de retratar la situación de seguridad ciudadana y orden público han perdido relevancia. La Fiscalía, por ejemplo, dejó de hacer público su censo delictivo semanal, creado en la administración de Néstor Humberto Martínez y que en su momento fue casi un electrocardiograma tanto del delito como de los esfuerzos para combatirlo.

Y en la Rama Judicial –que se embarca en un ambicioso esfuerzo por lograr que la justicia digital sea una realidad– sigue teniendo una enorme deuda con los ciudadanos y los actores de los procesos a la hora de garantizar acceso efectivo a datos de manejo público.

(Le puede interesar: La ficción del Estado).

En la página web del ‘gerente’ de la justicia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se anuncian, pero no se despliegan los indicadores actualizados de gestión judicial, claves para que podamos conocer realmente cómo hacen su tarea nuestros operadores judiciales. El Observatorio Penal de Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes tiene su último informe actualizado a junio del 2015, y el último informe disponible de cuánto se tarda un fallo según la jurisdicción es de hace cinco años. Y los empleados de la Rama se siguen quejando de que la información sobre plazas abiertas a concurso y sobre los nombramientos en provisionalidad sigue siendo insuficiente, con todas las puertas abiertas a malas prácticas que esto implica. Pero también hay avances: todos los magistrados y jueces del país tendrán que hacer públicas sus declaraciones de renta e ingresos y hacer públicos sus conflictos de intereses, permisos y comisiones judiciales.

(Vea: Más de 1,1 millones de morosos le deben al Estado unos $ 117 billones).

Ese requisito (que ya cumplieron varios magistrados) representa un paso enorme de transparencia en un poder que casi se había acostumbrado a no tener que rendir cuentas.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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