¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?

¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?

Transparencia por Colombia asegura que 73 % de casos de corrupción ocurren en el sector público.

Corrupción en Colombia

La contratación pública es la pieza que engrana la corrupción en la política con la corrupción en la gestión pública.

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Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPO

Por: Marcela Restrepo - Razón Pública
25 de mayo 2019 , 11:10 p.m.

La organización Transparencia por Colombia (TpC) acaba de presentar su último informe ‘Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018’.

Este trabajo fue elaborado a partir del seguimiento de 46 medios de comunicación nacionales y regionales sobre casos de corrupción, confirmando la veracidad de los hechos según la información de las entidades de control respectivas. A partir de esta radiografía es posible identificar los aspectos álgidos del problema.

Por regiones y ciudades

Según este informe, el 69 por ciento de los casos de corrupción tienen lugar en los municipios; el 25 por ciento, en los departamentos y el 6 por ciento, en las entidades del orden nacional.

El 45 por ciento de los hechos de corrupción se concentran en Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia.

En cuanto a ciudades capitales, el 29 por ciento de los hechos se dieron en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín.

El 73 por ciento de los casos reportados constituyen corrupción administrativa o en el sector público. La corrupción en el sector privado representa otro 9 por ciento, y la corrupción en el sector judicial equivale al 7 por ciento.

Las irregularidades en los procesos de contratación pública siguen siendo la principal forma de corrupción administrativa, pues representan el 46 por ciento de los hechos de este tipo. Entre las irregularidades más frecuentes se identificaron:

1. La adjudicación o celebración irregular de contratos (29 por ciento).

2. La violación a los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal (17 por ciento).

3. El abuso de la figura de contratación directa (8 por ciento).

4. El detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contratado (8 por ciento).

5. La apropiación ilegal de recursos en los contratos (6 por ciento).

6. Los sobrecostos por irregularidades en celebración de contratos (6 por ciento).

7. En cuanto a los sectores de actividad del Estado, más de la mitad de los hechos de corrupción reportados corresponden a estos sectores: educación (16 por ciento), infraestructura y transporte (15 por ciento), salud (14 por ciento) y función pública (12 por ciento).

8. Y aquí debe notarse que la mayor cantidad de recursos públicos se asignan precisamente a los sectores de educación, salud e infraestructura.

Funcionarios públicos

Según el Monitor Ciudadano, el 39 por ciento de las personas que ejecutan actos de corrupción son funcionarios públicos, mientras que el 30 por ciento son autoridades elegidas por voto popular.

El 41 por ciento de estos elegidos eran concejales y 40 por ciento fueron alcaldes. En cuanto a los actores colectivos, el 69 por ciento corresponde al sector privado, donde las empresas son responsables del 70,4 por ciento de los casos reportados.

El Monitor Ciudadano demostró que los delitos más cometidos por corrupción fueron:

- Peculado (18 por ciento)

- Celebración indebida de contratos (13 por ciento)

- Falsedad en documentos públicos (12 por ciento)

- Concierto para delinquir (11 por ciento)

Así mismo se registra que en el 71 por ciento de los casos las investigaciones fueron de tipo penal; 21 por ciento, de carácter disciplinario y 8 por ciento, de tipo fiscal.

El Monitor Ciudadano también calculó el promedio de años que tardó la aplicación de condena, sanción disciplinaria o fiscal para los actores involucrados en los hechos de corrupción:

- La sanción fiscal tardó en promedio 4,4 años.

- La condena penal demoró en promedio 4,2 años.

- La sanción disciplinaria tardo un promedio de 3,3 años.

El 59 por ciento de los hechos de corrupción identificados afectaron derechos económicos, sociales y culturales.

Estos derechos se asocian principalmente con el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, al agua potable y servicios públicos de calidad, al deporte y a la cultura. De todos ellos, los más afectados por causa de la corrupción fueron los derechos a la educación (28 por ciento) y a la salud (23 por ciento).

En cuanto a los derechos fundamentales, civiles y políticos, el 39 por ciento de los casos identificados afectaron el derecho a la vida, a la igualdad, a la seguridad, a la libertad de expresión, a la libertad de culto, al acceso a la propiedad privada, a la asociación y movilización, al acceso a la justicia y a la participación en la vida civil y política del Estado.

Por último, el 2 por ciento corresponde a las afectaciones de los derechos colectivos y del medioambiente, y el uso adecuado de los recursos naturales.

El 39 por ciento de las personas que ejecutan actos de corrupción son funcionarios públicos, mientras que el 30 por ciento son autoridades elegidas por voto popular

En la política

Los delitos e irregularidades más comunes en la esfera política consisten en la financiación ilegal de las campañas, el fraude electoral, la compra de votos y los comportamientos irregulares de los partidos.

TpC analizó el efecto de las irregularidades y la falta de transparencia en el financiamiento de campañas. El informe concluye que los abusos de los corruptos se conectan con los arreglos para acceder al poder y con las formas para gestionarlo.

Esta frase del informe resume la situación: “Así como te financias, gobiernas”.

Según el Monitor Ciudadano, en los 21 casos de corrupción política, las irregularidades que más se detectaron fueron:

1. Nóminas paralelas con fines políticos (25 por ciento).

2. Financiación de campañas con fuentes prohibidas (19 por ciento).

3. Presiones a funcionarios públicos o a contratistas para obtener votos a favor de candidatos (9 por ciento).

4. Obstrucción de procesos de revocatoria del mandato (9 por ciento).

5. Inscripción de candidatos inhabilitados para ocupar cargos públicos (9 por ciento).

Ahora bien, el punto álgido del problema es la corrupción en torno a la contratación pública, ya sea para proveer bienes o servicios o para contratar servicios personales.

La contratación pública es la pieza que engrana la corrupción en la política con la corrupción en la gestión pública.

La corrupción política desvía los recursos de los contratos estatales y por lo mismo impide la ejecución de los proyectos y la provisión de subsidios, bienes y servicios a la ciudadanía.

Los 327 hechos de corrupción pública registrados y analizados indican que se trata de una práctica que afecta a todos los sectores y está presente en la gestión nacional y subnacional.

La mayoría de los actores que intervienen representan al Estado, pero también se ven involucrados representantes del sector privado y miembros de organizaciones ciudadanas, así como actores del conflicto armado y de las economías ilegales.

La corrupción va más allá del interés monetario, pues hace parte de las formas para acceder al poder, ya sea este político o económico.

En definitiva, el Estado, los gobiernos y la vigilancia ciudadana deben dedicarse a proteger los recursos del erario, en especial la cuantiosísima suma que se invierte a través de la contratación pública.

Han sido muchas las reformas legales y administrativas al respecto, pero sus frutos no se ven con suficiente claridad.

Las reformas se han concentrado en hacer un proceso más transparente y eficaz. Pero esto no es suficiente. Hay que blindar de veras el sistema de contratación estatal, lo cual va de la mano de robustecer la capacidad de gestión del Estado, tanto en el nivel central como en el territorial.

MARCELA RESTREPO
Directora de Gestión de Conocimiento de Transparencia por Colombia, publicado en Razón Pública.Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

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