Luego de resultar mencionados dentro de la lista de presuntos favorecidos por el llamado ‘cartel de la toga’, la Procuraduría decidió abrir indagación preliminar contra los exgobernadores de Alejandro Lyons Muskus, de Córdoba; Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, y Sandra Paola Hurtado, de Quindío.
De acuerdo con el Ministerio Público se busca establecer si “los tres exfuncionarios habrían entregado dineros con el fin de obtener como contraprestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra”.
La Procuraduría anunció además la apertura de investigaciones contra el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, y el exalcalde Carlos Eduardo Correa Escaf, por las obras de remodelación del Coliseo Miguel 'Happy' Lora y para la construcción de los estadios de softball, fútbol y béisbol.
También contra el exalcalde de Cajicá, Cundinamarca, Óscar Mauricio Bejarano Navarrete; el alcalde de Cajicá y los secretarios de Planeación de esa administración Germán Camilo Bello Zapata y Leonardo Higuera Espinosa, por las presuntas modificaciones al PBOT con los que habrían cambiado de forma irregular los usos del suelo.
“El ente de control investiga si los procesados pudieron incurrir en falta disciplinaria al presuntamente quebrantar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses al aprobar los planes parciales y la expedición de licencias de urbanismo y construcción a favor de diferentes empresas que habrían adelantado proyectos en el municipio”, señala la Procuraduría.
La delegada para la Modalidad Pública citó, además, a audiencia pública a Hugo Orlando Arévalo Pulido, actual alcalde de El Rosal (Cundinamarca); y a los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez Fierro, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal Rodríguez, por la presunta exigencia de dineros y tierras para no cambiar el Esquema de Ordenamiento Territorial, de ese municipio.
Los investigados habrían incurrido en la falta disciplinaria de concusión. “Arévalo Pulido, actual alcalde, presuntamente exigió a los dueños de un predio una casa por cada hectárea utilizada en su proyecto de vivienda; una fanegada de tierra por cada 10 utilizadas en el desarrollo de un proyecto inmobiliario y al parecer pidió, en la sede de la alcaldía, dinero a una tercera persona, quien había solicitado audiencia para expresar su inconformismo frente al Esquema de Ordenamiento Territorial”.
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