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Justicia

Un episodio atroz recopilado en un libro: '1989'

En este libro, la consagrada periodista María Elvira Samper recopiló y analizó los hechos violentos ocurridos en 1989.

En este libro, la consagrada periodista María Elvira Samper recopiló y analizó los hechos violentos ocurridos en 1989.

Foto:Archivo particular

La obra de la periodista María Elvira Samper que analiza el atentado contra el avión de Avianca.

José Mojica
Son las 7:13 a.m., el Boeing 727 de Avianca –vuelo HK1803–, al mando del capitán José Ignacio Ossa, despega del aeropuerto Eldorado de Bogotá rumbo a Cali y dos minutos después explota en el aire sobre el cerro Canoas, en municipio de Soacha (Cundinamarca). Mueren las 107 personas que van a bordo, sus restos quedan dispersos en una zona de cinco kilómetros.

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¿Accidente, falta de gasolina, falla humana, fatiga del material, mal tiempo, atentado? Se barajan varias hipótesis y la primera que cobra fuerza apunta a que se trata de un accidente.  Pero con el paso de las horas, gana terreno la hipótesis del atentado. Llamadas anónimas a los medios lo atribuyen a Los Extraditables.
La Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea y las autoridades judiciales, con apoyo de FBI de los Estados Unidos, inician las investigaciones, y entre los primeros hallazgos llama la atención uno en particular: el domingo en las horas de la tarde, un hombre que se identifica como Julio Santodomingo compra dos tiquetes en el Puente Aéreo de Eldorado para el primer vuelo del día siguiente a Cali.
Pide que expidan uno a su nombre y el otro a nombre de Alberto Prieto, y los paga en efectivo. Al día siguiente, el mismo sujeto reclama los dos pasabordos y no registra equipaje. Los dos pasajeros ingresan a la sala de espera pero luego del último llamado a abordar, uno de ellos argumenta un problema y sale de la sala.
Los investigadores constatan que el avión despega con una silla vacía, la 15F, donde instalan la bomba, y que el que compra los pasajes ha dado dirección y teléfono falsos. Avianca expide un comunicado para informar que, según las investigaciones preliminares apoyadas por organismos internacionales, la causa del siniestro es un artefacto explosivo.
Y el director de la Aeronáutica Civil, Yesid Castaño, declara: “Yo entendía que este tipo de actos sólo ocurrían en países donde existen fuertes odios por cuestiones religiosas o étnicas, pero ocurrió en Colombia y fue un atentado terrorista”.
Otro atentado del cartel de Medellín, esta vez contra ciudadanos inocentes. No hay una sola masacre en la historia de Colombia que la supere.
El tripulante que se tuvo que bajar del HK1803 y salvó su vida‘Mis papás murieron en el atentado, los conocí por lo que me contaron’Tres décadas después del atentado al avión y solo dos condenados30 años de atentado de avión de Avianca

Versión de dos sicarios

Varios años después, uno de los autores del atentado, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, revela detalles en una diligencia de formulación y aceptación de cargos. Sostiene que el objetivo era el precandidato Gaviria, pero que falla la información de agentes del DAS que cooperan con el cartel; ratifica que la orden es de Pablo Escobar, respaldado por otros mafiosos en reuniones en el Magdalena Medio, y agrega que él mismo arma la bomba con la misma técnica de los terroristas de ETA.
Afirma que Darío Usma Cano, alias Memín, es quien compra los pasajes y recluta al joven que detona el explosivo y muere en el accidente. Un “suizo” –dice Urquijo–, un término del argot mafioso que significa suicida. El joven no sabe que su destino es la muerte.
No obstante que el atentado es uno de los episodios más graves de la guerra de los narcotraficantes contra la sociedad y el Estado, han pasado casi treinta años de los hechos y la justicia no acaba de aclarar factores claves del siniestro.
Por ejemplo, si hubo o no participación de agentes del DAS y de paramilitares en la planeación y ejecución del atentado, como en el asesinato de Luis Carlos Galán. Y en cuanto a César Gaviria, se sabe que ese día viaja a Cali, pero en un avión privado. ¿Falla la información de los agentes del DAS como asegura Arete?
La versión del sicario es confirmada por John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, en declaraciones oficiales ante la Fiscalía en 2010, y luego en agosto de 2014 después de recobrar la libertad tras veintitrés años de cárcel.
Sin embargo, añade un dato que no menciona Alzate: la participación del jefe paramilitar Carlos Castaño. Según Popeye, “Pablo Escobar Gaviria ordena colocarle la bomba al avión de Avianca porque el DAS había informado el itinerario del presidente (sic) César Gaviria.
Sabían que iba a abordar ese vuelo. La bomba la armó Arete en una bodega de Eugenio León García Jaramillo, alias el Taxista, que ahora trabaja con la DEA en Estados Unidos. La movió Carlos Castaño a Bogotá. Castaño engañó al tipo que se subió al avión. La bomba la ayudó a subir el DAS y detonó. Ahí no hay más misterio”.
El avión explotó en el aire. Todos los pasajeros murieron

El avión explotó en el aire. Todos los pasajeros murieron

Foto:Archivo EL TIEMPO

Las víctimas

Las familias de las víctimas se organizan en la Fundación Colombia para hacerse visibles ante el Estado y la sociedad, y en 2009 logran que la Fiscalía 26 especializada de Medellín reconozca el caso como crimen de lesa humanidad, lo cual impide la prescripción.
El entonces fiscal general de la nación (e), Guillermo Mendoza Diago, explica que en el caso se aplica el mismo “criterio que se manejó cuando se definió lo relacionado con el homicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”.
La decisión, que se produce luego de que el diario El Espectador publica testimonios según los cuales no han sido juzgados tres presuntos financiadores del atentado, señala que éste “hace parte de un proceso de exterminio y asesinato adelantado por el cartel de Medellín contra civiles”, y ordena la recepción directa o traslado de los testimonios de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, extraditado a los Estados Unidos, y de Carlos Mario Álzate Urquijo, alias Arete, quien al parecer está entonces en España.
Por otra parte, dice que debe encargarse a fiscales especializados la tarea de asumir el estudio a fondo de por lo menos veinte crímenes más del cartel, pero advierte que el concepto de “lesa humanidad” que cabe para el atentado contra el avión de Avianca, no obliga a abrir casos concretos sino que fija una pauta para que la Fiscalía busque las causales que permitan asumir la revisión de los procesos de asesinatos de políticos y civiles, producto de un ataque sistemático por parte del cartel de Medellín.
Quedan excluidos de posible revisión los crímenes cometidos por el cartel de Medellín que no guarden relación con el ataque sistemático a la población civil, como es el caso de las vendettas entre ellos.
En octubre de 2015, el abogado Federico Arellano, hijo del tenor Gerardo Arellano, una de las víctimas, presenta una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Considera que no hay avances significativos en los estrados judiciales, que el proceso penal se ha dilatado sin justificación alguna, y que la Fiscalía no ha cumplido con el mandato constitucional de preservar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Arellano responsabiliza al Estado colombiano por acción y omisión. Se basa en las declaraciones ante la Fiscalía que da en 2010 John Jairo Velázquez Vásquez, alias Popeye, que coinciden con el contenido de las entrevistas que le hacen algunos medios de comunicación, y es que agentes del DAS (liquidado en 2011) participan en el atentado, con la complicidad de Carlos Castaño Gil.
De ahí la concusión de la demanda: el atentado es “propiciado por autoridades estatales, por lo que el Estado es responsable por el deceso del señor Gerardo Arellano Becerra y las demás víctimas”.
La demanda señala también que es tan evidente la inoperancia del Estado, que la Procuraduría se ve obligada a intervenir y en mayo de 2010 pide a la Fiscalía que informe por escrito sobre los avances de la investigación, pues considera que “el excesivo paso del tiempo es una evidencia de impunidad”.
Es la primera vez que un caso relacionado con un cartel del narcotráfico se presenta ante la CIDH. Arellano considera que el atentado contra el avión de Avianca es “la peor masacre de la historia de Colombia”.

Nueva hipótesis

El lunes 27 de noviembre de 2016, El Espectador anuncia que revelará en ocho entregas una investigación según la cual la explosión del avión de Avianca pudo haber sido causada por una falla mecánica.
La información en poder del diario pone en duda la idoneidad del investigador del FBI, Richard Hanh, quien como parte del grupo de expertos internacionales que ayudan a establecer las causas del siniestro, aseguró que la causa era una bomba.
La versión confirma la hipótesis inicial del atentado terrorista, que luego se atribuyen ‘Los Extraditables’ en llamadas a los medios de comunicación, y que resulta coherente con el contexto de la violencia narcoterrorista que vivía el país.
Pero años después El Espectador descubre que Hahn estuvo comprometido en un escándalo que afecta “la reputación del laboratorio del FBI”, y que su unidad es acusada de “mala conducta y prácticas inadecuadas”.
El caso lo asume la Oficina del inspector General del Departamento de Justicia y tras dieciocho meses de investigaciones, concluye que las deducciones de Hahn “estaban más allá de su experiencia”, este admite haberse extralimitado en sus análisis del caso. 
El Espectador sostiene que la investigación que compromete a Hahn “abre una grieta profunda en la historia oficial sobre lo ocurrido aquel 27 de noviembre de 1989 en el cielo bogotano”. 
La publicación levanta ampolla. Los familiares de las víctimas agrupados en la Fundación Colombia con Memoria, aseguran que esa hipótesis ha sido ya desvirtuada por el FBI, que encuentra fragmentos del explosivo plástico C4 en el fuselaje, y exigen al diario que muestre las pruebas que desmienten la versión de las autoridades nacionales e internacionales que investigaron los hechos.
También cuestionan la publicación como una “estrategia comercial” que desconoce a las víctimas del atentado, y piden publicar la investigación en una sola edición y no por entregas como han anunciado.
“Esto no es una novela, ni una serie –dicen–, es un caso de la vida real que involucra seres humanos y familias enteras. Exigimos respeto”.
El director del diario, Fidel Cano, responde a los cuestiona¬mientos: “Hay datos tanto de la investigación de Estados Unidos como de quienes aquí sustentaron la tesis de que fue un atentado, y hay algunas inconsistencias”. Pero las cosas no pasan a mayores y pronto esa hipótesis muere y se mantiene la inicial: atentado con bomba del cartel de Medellín.
*Este texto hace parte del libro '1989', escrito por la periodista María Elvira Samper y publicado por la editorial Planeta.
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José Mojica
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