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¿Qué pasa con alcaldías que no están cumpliendo fallo de fotomultas?
Fotomultas, los caminos que les quedan

El fallo de las fotomultas es de febrero del año pasado. 

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¿Qué pasa con alcaldías que no están cumpliendo fallo de fotomultas?

Corte dijo que no puede iniciar incidentes de desacato, pero trasladó las quejas a la Procuraduría.

La Corte Constitucional le envió a la Procuraduría General las solicitudes que le hicieron cuatro ciudadanos que reclamaban el cumplimiento de la sentencia del año pasado en la que el alto tribunal hizo importantes ajustes sobre la ley de fotomultas

En ese fallo, que causó polémica en su momento pues varias autoridades señalaron que era de imposible cumplimiento, la Corte Constitucional tumbó la responsabilidad solidaria que establecía esa ley, según la cual el dueño del vehículo debía responder solidariamente por las multas que cometían las personas que iban conduciendo sus carros o motos. 

Así, la Corte señaló que la responsabilidad es individual y, por lo tanto, la consecuencia de su fallo es que las fotomultas se deben poner sobre quien está conduciendo y comete la infracción, y no sobre la placa del vehículo ya que no necesariamente el infractor es el dueño. 

(Lea también: ¿A qué me expongo si no pago un comparendo de tránsito?). 

En esa decisión la Corte tumbó un parágrafo de la ley 1843 del 2017 que regulaba la instalación y puesta en marcha de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para detectar infracciones de tránsito. Además, instó al Congreso a expedir una norma para regular las fotomultas, sobre todo lo relacionado con la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y contradicción en esas medidas administrativas. 

(Lea también: Corte Constitucional se niega a anular su fallo sobre fotomultas). 

Pero ese fallo no estaría siendo cumplido por todas las entidades territoriales, pues varias habrían seguido imponiendo fotocomparendos a la placa -afectando a los dueños, aún cuando no son los responsables de la infracción vial-, y por eso a la Corte Constitucional le llegaron esas cuatro solicitudes de ciudadanos que le piden que establezca que hay un desacato sobre su sentencia y ordene su cumplimiento. 

En concreto, los ciudadanos se refieren a supuestos incumplimientos del fallo por parte de las alcaldías de Cali, Medellín y Bogotá. 

Al evaluar esas peticiones,  de forma previa, la Corte dijo que su fallo comenzó a generar efectos desde el 6 de febrero del 2020, es decir, hace un poco más de un año, que fue cuando se tomó la decisión y se dio a conocer el comunicado oficial. 

En otras palabras, es desde esa fecha cuando las autoridades locales deberían haber acatado lo que el alto tribunal ordenó, haciendo los ajustes en la manera en la que se imponen las fotomultas. 

(Lea en contexto: Aclaraciones y dudas que sigue dejando fallo de Corte sobre fotomultas). 

Sin embargo, las quejas que llegaron a la corporación sostienen que esas alcaldías no estarían cumpliendo y por lo tanto le pidieron a la Corte que inicie un incidente de desacato. 

La Corte emitió un auto en el que responde ante esas solicitudes que "no tiene competencia para verificar el cumplimiento de lo que se decide en sentencias de constitucionalidad". Es decir, la Corte emite los fallos de constitucionalidad (los que evalúan demandas contra normas) pero no tiene la facultad de revisar si están siendo cumplidos o no. 

En esa línea, la Corte dijo que tampoco puede iniciar incidentes de desacato ni ordenar a las autoridades públicas que cumplan sus decisiones. 

Pero la razón, dice la Corte, no es que sus fallos sean optativos sino que, por el contrario, desde cuando esa corporación toma las decisiones y emite las providencias se entiende que los cambios que haga sobre una ley constituyen "una norma jurídica vinculante para los operadores judiciales, las autoridades administrativas y los particulares". 

Así es cómo, dijo la Corte, los cambios, ajustes, o eliminación que ese tribunal hace sobre las normas son "una interpretación obligatoria", por lo cual debería estar claro que las autoridades no tienen otra alternativa que cumplir sus determinaciones. 

(Le puede interesar: Corte se niega a anular fallo que rechazó demanda sobre el aborto). 

Si bien la Corte no sería, entonces, el organismo a través del cual se pueda hacer cumplir sus propios fallos de constitucionalidad, eso no significa que no haya mecanismos. 

La corporación señaló que los ciudadanos tienen otras vías para exigir el cumplimiento de sus sentencias. También pueden acudir a la Procuraduría General, que "tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos". 

Así es como la Corte señaló que, ya sea de manera autónoma o por petición de algún ciudadano, el Procurador General de la Nación -en este caso la Procuradora General Margarita Cabello- tiene competencia para tomar las medidas administrativas que están a su alcance para que se cumplan las órdenes que da la Corte Constitucional, "incluidos particularmente los condicionamientos de la exequibilidad de las normas juzgadas". 

REDACCIÓN JUSTICIA

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