A una pena de nueve años y un mes de prisión fue condenado el exfiscal Rodrigo Aldana Larrazábal, capturado el pasado mes de abril por haber beneficiado en procesos judiciales al exsenador Otto Bula a cambio de bienes raíces.
Aldana recibió un apartamento en el edificio Pentagrama de Bogotá, tasado en 335 millones de pesos, a cambio de devolverle a Bula tres haciendas en Córdoba que habían pertenecido a los narcotraficantes Álvarez Meyendorff.
El fallo, con ponencia del magistrado José Luis Barceló, niega a Aldana el beneficio de prisión domiciliaria. Además, ordena compulsar copias a la Fiscalía para que adelante el proceso de extinción de dominio del apartamento entregado.
El exfiscal tuvo a su cargo el proceso de extinción de dominio de los bienes de los hermanos narcotraficantes extraditados Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff, dos de los cuales terminaron en manos de Bula.
Aldana aceptó durante la imputación de cargos su responsabilidad en los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
En la decisión, la Sala hace énfasis en el daño que a la imagen de la justicia hacen hechos de corrupción como el cometido por Aldana. Dice que la corrupción constituye una forma de criminalidad que "reviste enorme gravedad".
Agrega que es importante imponer sanciones ejemplarizantes y severas a todos aquellos implicados en los escándalos de corrupción.
El magistrado dice que además de tener importantes oportunidades académicas, siendo egresado de una prestigiosa facultad de Derecho, Aldana ascendió dentro de la Fiscalía hasta lograr un cargo donde "paradójicamente" trabajaba en la lucha contra la corrupción.
Por eso, concluyó la sala que sus condiciones personales privilegiadas "ameritan e imponen una respuesta punitiva ejemplarizante y severa", tal como lo solicitó el fiscal. Además, ello enviaría un mensaje contundente, consistente en que el camino desviado y torcido no es el que se debe observar, como lo señaló la misma parte".
Precisa que estos hechos no hacen más que viabilizar que unos actores excluyan a otros "buscando su mezquino provecho", hacer un ejercicio diferenciado de la ley para beneficiar intereses muchas veces ilegales, impactar la eficacia del Estado en detrimento de los desfavorecidos y generar una conciencia colectiva de que obrar en contra de la ley es válido.
"Irrebatible resulta que la credibilidad social es el mayor activo de la justicia en Colombia y que su deslegitimación genera desconfianza en sus determinaciones y, por ende, inseguridad jurídica. Además, es innegable que la múltiples investigaciones por corrupción han desdibujado la imagen impoluta de la Rama Judicial", se lee en la sentencia. La sala concluye su mensaje diciendo que con los integrantes comprometidos con la justicia, el país superará este "deplorable chance".
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