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¿Por qué se han dado 'choques' entre Corte y Congreso por el aborto?
Aborto en Colombia

La Corte Constitucional se pronunció declarándose inhibida en torno a la demanda que pedía prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.

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¿Por qué se han dado 'choques' entre Corte y Congreso por el aborto?

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Sectores políticos cuestionan competencia del alto tribunal, que, sin embargo, se declaró inhibido.

El país político y jurídico estaba a la expectativa. ¿La razón? La Corte Constitucional debía emitir un pronunciamiento sobre si mantenía su decisión del 2006, con la que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas, o si, por el contrario, las expandía con nuevos términos de tiempo.

No obstante, este lunes decidió declararse inhibida sobre el tema.

Si bien la discusión no es nueva, los pronunciamientos del alto tribunal frente al tema han suscitado posturas polarizadas en el Congreso y en la opinión pública, escenario que está nuevamente latente ahora que se respondió a dos demandas de inconstitucionalidad que interpuso la abogada Natalia Bernal, en abril de 2019, en las que pedía eliminar las tres causales en las que está despenalizado el aborto: violación, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre.

De hecho, el tema ha generado fuertes discusiones en diversos escenarios, como lo evidencian las opiniones que en redes sociales han esbozado algunos políticos y académicos colombianos sobre el tema.

En todo caso, el magistrado Alejandro Linares dio una primera puntada sobre la dirección que podía tomar el debate, ya que en su ponencia para responder a la demanda de Bernal propuso despenalizar completamente el aborto hasta la semana 16 y conservar las tres causales existentes a partir de ese tiempo.

Si bien la decisión final fue inhibirse, la postura que esbozó Linares dejó sentada la base para ampliar la discusión; incluso, en materia de competencias.

En ese contexto es que uno de los puntos álgidos del debate aún gira en torno a quién le corresponde tomar la decisión: si a la Corte o al Congreso.

Para algunos, cualquier decisión del alto tribunal podría tener tintes legislativos, pues estaría interviniendo sobre cosas juzgadas; es decir, sobre su fallo de 2006. Otras miradas, especialmente desde el Congreso, apoyan la intervención de la Corte en un tema en el que el parlamento ha tenido un papel más reactivo.

La orilla del Congreso

La Corte Constitucional ha sido históricamente la última instancia para las discusiones sobre aborto en el país, desde su creación en 1991, además de otros temas como la eutanasia y el matrimonio igualitario. El motivo es que ha sido este tribunal el que con sus pronunciamientos ha llenado un espacio que jurídicamente le correspondería al Congreso, pero que este último ha dejado libre por diversos motivos.

Para Viviana Bohórquez, abogada especialista en derecho constitucional, “todos esos temas en teoría son del Congreso, pero el Congreso no hace nada, no avanza. Entonces, ¿qué hace la Corte? Da una respuesta a los problemas sociales”.

Entre los congresistas las opiniones están divididas. Algunos apoyan que la Corte asuma la discusión y argumentan que es el alto tribunal el que más ha aportado conceptos y pronunciamientos para regular el tema.

Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde y quien se ha pronunciado públicamente a favor de la despenalización, aseguró que “el Congreso es como un reflejo de la sociedad, saben qué sucede, pero prefieren no abordar el tema. Pero, entre tanto, los derechos de las mujeres no pueden quedar entre el tintero. La Corte en buena hora ejerce su competencia”.

De hecho, la abogada demandante Natalia Bernal le dijo a la Corte que no le correspondía al Congreso legislar sobre el aborto, “porque la legislación que se produzca seguiría las directrices de una línea de jurisprudencia errada sobre el aborto, la cual debe revisarse por la Corte Constitucional para efectos de que se respete el servicio público de administración de justicia y se revoque el aborto inducido legal por los daños que produce”.

Pero hay otras voces en el Congreso que consideran que la Corte es un organismo de cierre que vela por la integridad constitucional y no por la legal. Es decir, que no tiene funciones constituyentes.

“No le corresponde reinterpretar la Constitución ni las leyes, y menos definir lo que son derechos fundamentales o no porque esa es una labor del Congreso de la República y de una Asamblea Constituyente”, afirmó el representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, del partido Colombia Justa Libres.

De esta misma línea política son las consideraciones del senador John Milton Rodríguez, quien criticó que el magistrado Linares haya incluido en su ponencia de elementos que no se limitan exclusivamente a las demandas de Bernal, como los de despenalizar el aborto hasta la semana 16.

“La Corte lo que está haciendo es responder una demanda tomando elementos que no hacen parte de la demanda; es un vicio jurídico porque ella no está pidiendo la despenalización completa del aborto, sino que los causales de aborto sean eliminados”, precisó el Senador.

En todo caso, la Corte debía pronunciarse porque las demandas de Bernal fueron presentadas ante este tribunal y eso, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, la obligó a emitir un fallo, en este caso inhibiéndose.

“Ahorita hay una demanda en curso que se está resolviendo y se interpuso ante la Corte Constitucional. Entonces, el Congreso no va a legislar porque el Congreso, en últimas, utiliza el derecho penal como fuente de salvación de todo lo que no controla”, aseguró la jurista Liliana Gutiérrez, en conversación con EL TIEMPO.

Por su parte, el exmagistrado Alfredo Beltrán Sierra, quien participó en la discusión que derivó en el fallo del 2006, aseguró que lo que pasa es que “a la Corte le corresponde cumplir su función dentro de los parámetros de la Constitución y al Congreso la suya dentro de la facultad de hacer las leyes. No hay enfrentamiento de las dos ramas del poder, cada una está ejerciendo su función dentro del ámbito de su competencia constitucional”.

El historial de un debate que revive

Desde la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó el aborto en tres causales específicas, la Corte se ha pronunciado en los últimos 14 años en varias oportunidades.

Estas han sido algunas de las más relevantes:

Lo anterior demuestra que el tema no es menor, pues pone sobre la mesa la necesidad de interpretar la decisión sobre el aborto a la luz de una sociedad que ha cambiado desde el último pronunciamiento de 2006, sobre el cual el Congreso no ha emitido ninguna legislación concreta.

Las vías alternas

Pero sin importar el sentido de la decisión que finalmente tomó la Corte con la demanda de Bernal, es muy poco probable que el Congreso decida debatir el tema de fondo.

Reporteros de este diario evidenciaron que la polarización sobre el tema en el Legislativo es muy alta, incluso por las connotaciones políticas que tiene este debate.

No obstante, la propia Constitución establece otras vías con las que se podría abordar la controversia, como el voto a través de un referendo, propuesta lanzada recientemente por el senador y expresidente Álvaro Uribe.

Por su parte, la congresista María José Pizarro no considera pertinente poner la despenalización del aborto a disposición del voto popular, porque, a su juicio, eso la convertiría en una discusión política.

“Las mujeres no hemos luchado por generaciones para que se vuelva un debate electoral por parte de algún grupo político”, señala la representante a la Cámara por Decentes.

En una misma vía argumentativa está el exmagistrado Alfredo Beltrán, quien dijo que la posibilidad del referendo es peligrosa y puede resultar en un una politización de la Corte.

Beltrán calificó de "absurdo" un posible escenario en el que “los magistrados de cualquier corte en el mundo hagan campaña para que el pueblo les respalde su sentencia en una votación popular”.

Otro panorama, según el senador Rodríguez, es que la Corte rechace la demanda de Bernal “por improcedente, porque encuentren algún tipo de faltante en la estructura de la demanda y, en ese caso, las cosas se podrían quedar tal cual están actualmente”.

Aunque buena parte del país estaba atento a lo que decidiera la Corte, la decisión no avanzó más allá de las tres causales ya conocidas. Esto, de acuerdo con algunos analistas, ya es obligante en congruencia con el nivel de autoridad del tribunal, que está por encima de posturas de índole político.

Carlos Fradique Méndez, abogado especialista en familia que envió una carta al Congreso el pasado 24 de febrero en referencia al aborto, coincide en que las decisiones de la Corte no tienen control constitucional y que el parlamento “no podría rechazarlas o modificarlas. Esa decisión sería inconstitucional. Es una decisión ex cátedra, como cuando habla el Papa sin posibilidad de contradecir lo que él dice”.

En todo caso si la Corte vuelve a conminar al Congreso que tome alguna decisión, es seguro que allí habrá un debate polarizado, aunque es el Legislativo el que cuenta con la potestad de diseñar el plan de acción al que, posteriormente, la ciudadanía debe acogerse para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto, por supuesto, si se hubiese modificado lo actualmente vigente desde el 2006.

Pero como la Corte declaró en su momento el tema como “cosa juzgada” y no agregó nada más en la decisión de este lunes, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, Gonzalo Ramírez Clev, cree que ahora podría eventualmente analizar otro caso en el que se pueda revisar la despenalización total del aborto, “o incluso la temporalidad en la que este pueda hacerse”.

En todo caso, la discusión en la Corte sobre el aborto trajo nuevamente el debate sobre el tema a las esferas política y jurídica del país, pero, a la luz de las posturas de políticos y académicos, el consenso está lejos de abrazar este tema más allá de la postura que finalmente adoptó el alto tribunal.

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