Mientras un nuevo proceso penal frenó este domingo la libertad de los investigados por el atentado en el centro comercial Andino, en la que murieron tres personas el 17 de junio de 2017, las víctimas presentarán este lunes una tutela con la que intentan que se los involucrados vuelvan a estar presos.
“La presencia de unos riesgos en la seguridad pública inminente y lo grave de la situación que genera dicho fallo, permiten a esta entidad (…) insistir en la búsqueda de protección constitucional en este asunto”, dice el recurso.
Luego de que la juez décima penal municipal de Bogotá, Marina Guzmán Hernández, dejara el viernes en libertad a 10 personas involucradas en el atentado, las víctimas buscan reversar la decisión.
Entre ellas: Lizeth Johan Rodríguez Zárate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Alejandra Méndez Molano, Natalia Trujillo Novoa, Boris Ernesto Rojas Quijano, Andrés Mauricio Bohórquez, Juan Camilo Pulido Ribero, Cristian Santiago Sandoval Moreno, César Andrés Barrera Téllez e Iván Darío Ramírez León, a quien la Fiscalía había señalado de cometer el atentado y de hacer parte del Movimiento Revolucionario Popular (MRP).
Esa libertad no se hizo efectiva porque este domingo se conoció que tenían pendiente una nueva orden de captura por otros hechos de rebelión, que involucran atentados en Medellín.
En la tutela se argumenta que la jueza incurrió en un error de procedimiento al darles el beneficio de la libertad por vencimiento de términos, alegando que el ente acusador no presentó a tiempo la solicitud de prórroga de la medida de aseguramiento.
Además, sustentan que la jueza no tuvo en cuenta “las maniobras dilatorias de la defensa”. Ese recurso busca que se prorrogue su detención preventiva por el caso del Andino, independientemente de los otros procesos que puedan cursar en su contra.
“Es indudable que el juez de control de garantías accionado al incurrir en estos errores graves que afectan a personas naturales específicas, a la Institucionalidad, al Estado y a toda la ciudadanía en punto de la seguridad pública, ha generado una situación de emergencia solo controlable vía suspensión de los efectos del fallo que contiene esas causales genéricas de procedibilidad, pues deja en libertad a unas personas legalmente capturadas y con medidas de aseguramiento impuestas en virtud de la Constitución y la Ley”, dice la tutela.
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