La propuesta del presidente Juan Manuel Santos de usar los 1,5 billones que no se han ejecutado del Fondo de Ciencia y Tecnología en la construcción de vías terciarias no cayó muy bien en los sectores académicos ni en los órganos de control.
El rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, fue el primero que alzó su voz para criticar la idea que ha venido cocinando el Presidente, desde enero, cuando mencionó el tema en la cumbre de gobernadores, donde advirtió que este proceso se haría una sola vez y estaría encaminado a darle forma al acuerdo de La Habana.
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“Si Colombia quiere ser el país mejor educado, esto es una acción para hacer precisamente todo lo contrario, es preocuparse para que no se logre esa meta”, advirtió Mantilla, quien además señaló que los 1,3 billones de pesos de los que habla Santos equivalen casi al triple del presupuesto anual de Colciencias.
Por su parte, el contralor general, Edgardo Maya, señaló que una reforma al fondo de regalías debería ser resolver problemas más graves sobre el manejo de esos recursos. Según el ente de control, el Gobierno pretende abrir “una caja de Pandora” solo para apoyar la construcción de 3.000 kilómetros de vías terciarias.
Si Colombia quiere ser el país mejor educado, esto es una acción para hacer precisamente todo lo contrario, es preocuparse para que no se logre esa meta
Y agregó que hay otras dificultades, como “las inversiones en obras que terminan siendo inservibles, los problemas de pertinencia de muchos proyectos y los altos saldos en la Tesorería de la Nación (5,7 billones) por la lentitud en la aprobación y la ejecución de los proyectos”.
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Aunque la Procuraduría no se ha pronunciado concretamente sobre la propuesta de destinar dineros de ciencia y la tecnología para vías terciarias, hace una semana el jefe de este organismo, Fernando Carrillo, envió a la Corte Constitucional un concepto en el que pide que se declare inexequible el Decreto Ley 248 del 3 de febrero del 2017, que contempla el uso de regalías para financiar proyectos de inversión para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
Carrillo argumentó que las regalías tienen una destinación específica y definida constitucionalmente y que la refrendación del acuerdo de paz en el Congreso no debe entenderse como una autorización para cambiar lo establecido en la Constitución sobre las regalías.
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