Los representantes de Odebrecht en Colombia acaban de ser notificados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de que no pueden mover un solo centavo de sus cuentas hasta que avance la acción popular que interpuso la Procuraduría para que la brasileña responda por su conducta ilegal en Colombia.
En providencia firmada por el magistrado Luis Manuel Lasso González, el alto tribunal dice que de los 191.000 millones que les tienen congelados desde hace dos semanas, solo se puede pagar impuestos, servicios y nómina, sujeto a autorización.
El resto queda como reserva para que la multinacional responda por las inminentes sanciones pecuniarias por sus actos de corrupción en Colombia, que superan los 11 millones de dólares.
Ahora, Lasso entrará a analizar si son procedentes las solicitudes elevadas por el procurador Fernando Carrillo, que pidió, entre otras cosas, la terminación inmediata del contrato de la Ruta del Sol segundo tramo, que ya fue ordenada mediante resolución por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Al respecto, el Tribunal denegó la apelación de Odebrecht en la que argumentó que la terminación del contrato no recaía sobre el Ejecutivo y que antes de pedir indemnizaciones se debía probar que el soborno pagado por esa obra, 6,1 millones de dólares, salió del contrato e incidió en su adjudicación.
Para el Tribunal, “hay un inminente peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable contra los derechos colectivos”, como lo alega el Procurador. Por eso ya le dio curso a la acción popular y vinculó a la misma a la Concesionaria Ruta del Sol, a la Constructora Norberto Odebrecht S.A. y a Estudios y Proyectos del Sol (Episol).
La decisión coincide con un hecho clave que se registrará este miércoles en otro frente abierto dentro de las investigaciones por corrupción en Odebrecht: el contrato de navegabilidad del río Magdalena. Hoy vence el plazo del préstamo que el Banco Agrario le dio a Odebrecht para esa obra, a través del Consorcio Navelena, por 120.000 millones de pesos, en el que se han encontrado varias irregularidades, como lo reveló EL TIEMPO desde la semana pasada.
Entre otros, que el banco sabía de las investigaciones que se adelantaban contra la multinacional en Brasil, que le cambiaron la línea crediticia para que pudiera usar el dinero en otros rubros y le bajaron las tasas de interés.
El martes surgió una nueva irregularidad: la supuesta falsificación de un documento que respalda una supuesta asesoría a Navelena de la oficina de abogados del ahora fiscal general Néstor Humberto Martínez. El Fiscal ya negó tal asesoría, por la cual le están pidiendo que se aparte de la investigación. Ahora se quiere establecer quién metió el documento falso en la carpeta del préstamo.
Hacia mediodía se sabrá si hay cierre financiero dentro del contrato de navegabilidad del río Magdalena que Navelena obtuvo y si el banco recupera el dinero desembolsado, que está consignado en una fiducia.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
Comentar