En febrero de 2008, más de doce organizaciones de mujeres alentaron a la bancada femenina del Congreso para que promoviera, por primera vez en Colombia, una ley que combatiera de frente todos los tipos de violencia que han tenido que enfrentar las mujeres. Este trabajo, casi que titánico para lograr los votos necesarios, logró que el proyecto fuera votado el 4 de diciembre.
Así nació la Ley 1257, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”, dice el encabezado del documento. Sin embargo, diez años después, la situación no ha mejorado para ellas ni se ha aplicado a cabalidad cada una de las normas.
La ley ha tenido tan poca respuesta de las entidades del Estado que su reglamentación solo se dio a finales del 2010, dos años después de creada.
Y la semana pasada, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, anunció que después de ocho años, por fin se pudo destrabar el artículo que obliga a darle recursos a los entes territoriales para crear mecanismos de ayuda y apoyo a las víctimas, como las casas de acogida o casas refugio. De las más de 70 que obliga la ley, solo funcionan cuatro en todo el país.
Y ni qué decir de la prevención de delitos como el feminicidio. En enero pasado, el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, alertó de la inminencia de 2.600 casos de posible asesinato de mujeres, a manos de su pareja. Este fue el número de mujeres que el instituto priorizó como casos críticos y de atención inmediata. Los llamados no sirvieron porque en los últimos tres meses, “diez de estas mujeres ya regresaron a Medicina Legal, pero muertas”, señala Valdés.
Las cifras son claras, al igual que el análisis: “No es que ahora las mujeres denuncien más, es que los casos aumentaron”, coinciden todas las organizaciones que manejan estadísticas y análisis sobre el tema.
En lo corrido de 2018, en cifras, la violencia de pareja contra la mujer y la violencia sexual son las que más han aumentado, al igual que el feminicidio.
Pero llegar a una ley que reconociera la violencia de género llevó muchos años. El movimiento de mujeres en Colombia inició este trabajo hace dos décadas, cuando logró que, a través de la Ley 294 de 1996, se penalizara la violencia intrafamiliar. Sin embargo, la mayoría de los casos quedaban reducidos a actos querellables.
A principios del 2006, mujeres como Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer; Claudia Mejía, de Sisma Mujer, y otros colectivos nacionales, en coordinación con la bancada de mujeres que se conformó ese mismo año, le dieron impulso al proyecto de ley. Pero se encontraron con el primer obstáculo: la bancada masculina del Congreso no gustaba mucho del asunto. Fue entonces cuando se inició una alianza de mujeres en la Cámara de Representantes y el Senado para sacar adelante la ley.
Un bloque de congresistas de todos los partidos, encabezado por Dilian Francisca Toro, Alexandra Moreno, Sandra Ceballos, Gloria Inés Ramírez, Piedad Córdoba y Gina Parody, hizo ‘lobby’ durante meses para sensibilizar sobre la necesidad de tener una herramienta que amparara y erradicara la violencia contra las mujeres; así, el 4 de diciembre de 2008, las 26 congresistas mujeres, con el apoyo de varios hombres, lograron que la ley saliera adelante. Ese día empezó otra batalla más para las organizaciones feministas: que se cumpliera cada uno de los artículos.
Adriana Alquichides, secretaria técnica de la Mesa de Seguimiento a la Ley 1257, sostiene que en este décimo aniversario el balance es agridulce, sobre todo porque el Estado colombiano sigue en deuda con las mujeres, ya que no ha cumplido con las obligaciones que consigna la ley.
Aunque esta reconoce cinco tipos de violencia (física, sexual, sicológica, económica y patrimonial), las entidades de salud, justicia y hasta de seguridad, como la Policía, desconocen la aplicación de las normas, lo que conlleva una constante revictimización. Es así como en la encuesta que realizó la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con funcionarios públicos, el 54 por ciento de ellos todavía piensan que en los casos de violencias contra las mujeres, “la ropa sucia se lava en casa”.
La Mesa de Seguimiento a la Ley también recalca que el Ministerio de Educación no ha hecho una reforma estructural que permita prevenir estas violencias desde la edad temprana y generar responsabilidad disciplinaria frente a las violencias que sufren las mujeres en las instituciones. Según Medicina Legal, de enero a octubre de 2018, se han registrado 457 delitos sexuales en centros educativos.
A esto se suma la falta de aplicación de los decretos reglamentarios. Para Sandra Sáenz, representante nacional de las organizaciones de mujeres ante el Comité Nacional de Seguimiento y Verificación a la Ley 1257, la negligencia del Estado ha sido uno de los principales obstáculos para su implementación, ya que los ministerios de Salud, Comunicaciones y Educación no han puesto en marcha sus obligaciones.
Este último, por ejemplo, no ha trabajado en la implementación de las disposiciones que obliga la ley en violencia sexual para que los centros de educación las incluyan en sus programas. La mayoría de los colegios del país no tienen un protocolo para atender estas agresiones.
Para las diferentes organizaciones de mujeres, la cuestión se ha reducido a seminarios, talleres y actividades, pero no a un compromiso del sector de la educación y los demás sectores para transformar imaginarios acerca de la valoración de los hombres y las mujeres.
La subdirectora de Sisma Mujer, Linda Cabrera, resalta que se encuentran avances en el área laboral. Hace seis años existe un estímulo para la contratación de mujeres víctimas de violencia. Fue reglamentado mediante el Decreto 2733 de 2012 y consiste en que cualquier persona, natural o jurídica, dé empleo a una de estas mujeres y a cambio reciba un descuento de impuestos en el siguiente año gravable.
Este es un incentivo importante, pero no se aprovecha porque no se ha dado a conocer ampliamente, considera Cabrera. Según lo reveló una consulta realizada por Sisma Mujer a la Dian en julio de 2018, en todo el país hay tres empleadores que han accedido al incentivo, mediante el cual se beneficia a cuatro mujeres.
Un número considerable de las mujeres que sufren las violencias no han terminado el bachillerato
Otro motivo por el que ha funcionado poco este incentivo es que una parte importante de las víctimas de violencia no cumplen con los perfiles establecidos para su contratación, asegura Alquichides. “Un número considerable de las mujeres que sufren las violencias no han terminado el bachillerato. Además, tienen que mostrar las violencias certificadas, y eso pone barreras”, añade.
A esto se suma la discriminación laboral entre hombres y mujeres, según la secretaria técnica. Cifras de la Mesa de Seguimiento registran que en 2016, el salario promedio de las mujeres representaba el 81,3 por ciento del promedio salarial de los hombres. “Lo preocupante es que esta discriminación ha aumentado, en 2008 era un poco menor. Aquel año, las mujeres recibieron el 82,1 por ciento de los ingresos promedio de los hombres”, advierte Alquichides.
Es en el sector salud en el que más obstáculos se han presentado, señala Cabrera. La principal dificultad es que se han dejado de lado las medidas de atención, que son el sistema de alojamiento, alimentación y transporte, sin las cuales es más difícil que una víctima salga del círculo de violencia.
Estas responsabilidades fueron adjudicadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, pero en el 2010, las EPS demandaron la norma para no asumir la responsabilidad. Si bien la Corte Constitucional ratificó que las medidas de atención son una tarea de las EPS, la reglamentación no se ha hecho efectiva; por tal razón, las casas refugio que existen son esfuerzos particulares de administraciones municipales.
Este incumplimiento parte de la creencia de que las violencias contra las mujeres son una práctica natural, según la directora de la Casa de la Mujer. Y uno de los delitos con más altas cifras parece ratificarlo, teniendo en cuenta la justificación que dan sus victimarios, que entre lo más común argumentan que “ella lo provocó”. De enero a octubre de 2018, Medicina Legal registró 19.193 delitos sexuales contra mujeres en todo el país.
Sin embargo, las organizaciones creen que no todo es negativo. Aunque el balance es bajo en todas las áreas, reconocen algunos progresos. “No estamos en un punto cero, en el punto cero estábamos hace diez años. Sí hay avances, hay cada vez más autoridades que conocen la ley y saben que hay que cumplirla”, señala Linda Cabrera.
En lo corrido de 2018, la Fiscalía ha capacitado en el marco de esta ley a 812 funcionarios, con programas sobre recepción de denuncias con enfoque de género y feminicidios, entre otros. Por su parte, la Policía Nacional ha adelantado este año el entrenamiento de 3.530 policías en la prevención, protección, atención y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas por su condición de género.
Y en el sector de justicia se han tenido avances significativos, como endurecer las penas. En los últimos años se logró la tipificación del feminicidio, frente al agravante por la sola condición de ser mujer; se sancionó la ley sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado, al igual que la ley por ataques con agentes químicos.
Pero la preocupación mayor sigue estando en torno a la revictimización de las mujeres a la hora de denunciar. La vulneración empieza desde el primer contacto entre una víctima y el sistema de justicia, ya que cuando una mujer va a presentar una denuncia, generalmente no recibe las condiciones de atención adecuadas, a veces no es atendida el mismo día y es cuestionada por funcionarios que intentan justificar al agresor.
Este año, la Fiscalía ha solicitado 34.442 medidas de protección por violencia intrafamiliar y 11 por tentativa de feminicidio. Sin embargo, cuando a la denunciante finalmente se le otorga una de estas medidas, por lo general no resulta ser la adecuada, enfatiza la secretaria técnica de la Mesa de Seguimiento a la Ley.
Esa no es una medida de protección efectiva. La señora vuelve a la casa, el señor va a seguir viviendo con ella y la va a volver a agredir
Cuando se presenta un caso de violencia de pareja en un hogar, muchas veces no se le ordena al agresor que desaloje la vivienda y solamente se le prohíbe que vuelva a agredir a la mujer, advierte Adriana Alquichides. “Esa no es una medida de protección efectiva. La señora vuelve a la casa, el señor va a seguir viviendo con ella y la va a volver a agredir”.
En los primeros diez meses de 2018, Medicina Legal registró 35.894 casos de violencia de pareja contra mujeres, de los cuales 25.738 –más del 70 por ciento– tuvieron lugar en la vivienda.
Ante el panorama que ha dejado una década de la Ley 1257 de 2008, las organizaciones de mujeres coinciden en que, así como la falta de interés del Estado ha sido el principal problema, generar voluntad política sería parte importante de la solución.
“Faltan recursos económicos, voluntad política; que los funcionarios y las funcionarias cumplan con su responsabilidad y que las mujeres conozcan las leyes que las protegen”, precisa Olga Amparo Sánchez.
El reto es inmenso, y mientras usted leyó este artículo, una de las 2.630 mujeres que están en alto riesgo pudo haber sido víctima de feminicidio.
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