El drama de las niñas víctimas de violación para poder abortar
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El drama de las niñas víctimas de violación para poder abortar

El año pasado 5.573 niñas entre los 10 y 13 años quedaron embarazadas tras ser violadas.

Abuso sexual menores

De acuerdo con Medicina Legal, mientras en 2016 se registraron 21.399 casos de violencia sexual, en 2017 fueron 23.798. Y, según el instituto, para el 2018 la tendencia sigue creciendo.

Foto:

Juan Díaz / EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque. 
05 de julio 2019 , 09:08 a.m.

Con solo 12 años, Camila* vivió el horror del abuso sexual en su propia casa. Su pesadilla se inició a esa edad, cuando su padre la amenazó para que no contara lo que le hacía. Hubo miedo y silencio hasta que, un año después, producto de las violaciones, quedó en embarazo.

Cuando sumaba 16 semanas de gestación, Camila fue remitida a un hospital por complicaciones de salud. Pese a que la niña podía acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), dos hospitales se negaron a practicarla alegando que no tenían las condiciones técnicas y que los médicos se declararon objetores de consciencia. Solo después de una orden judicial y de la intervención de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la niña pudo interrumpir su embarazo en un hospital público de Bogotá. Tenía 20 semanas de gestación.

Lo que sufrió Camila no es un caso aislado. Según el Forensis de Medicina Legal, y tal como lo reveló este diario, cada día del año pasado 15 niñas entre los 10 y los 13 años quedaron en embarazo por una violación (unas 5.713 en total). También, cada día, 26 niñas entre los 10 y 17 años fueron embarazadas tras ser violadas, lo que equivale a 9.545 casos. Estos embarazos se dan dentro de un contexto en el que la violencia sexual viene creciendo. Nada más en el 2018, unas 16.670 niñas que tenían menos de 14 años fueron víctimas de violaciones, cifra que representa el 74 por ciento del total de mujeres.

En el caso de las que quedan embarazadas, organizaciones de salud afirman que son embarazos de alto riesgo, tanto para madres adolescentes como para los hijos, quienes tienen de dos a siete veces mayor probabilidad de un bajo peso al nacer.

Pese a esa dura realidad que deben afrontar las niñas, ONG afirman que no siempre cuentan con la ayuda oportuna del Estado. Es el caso de Diana*, quien vivía en una zona rural del país y quedó en embarazo a los 13 años después de ser violada por un hombre que tenía 67. La familia la llevó a un puesto de salud en donde les informaron que no se le podía hacer un aborto por no tener condiciones técnicas. En otra institución le exigieron una orden judicial –requisito que no está contemplado en la ley–, y posteriormente otra IPS le dijo que no podía realizar la IVE por su edad gestacional. Incluso, ella cuenta que un médico intentó disuadirla diciéndole que en el hospital había un caso similar de otra niña de 14 años que sí había decidido tener a su hijo.

Sin una respuesta positiva, la niña acudió a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en donde se logró que un hospital programara el aborto.

Menores violadas

Datos sobre víctimas de violencia sexual.

Foto:

Infografía / EL TIEMPO

Falta información

Según Medicina Legal, hoy no se sabe cuántos de esos embarazos producto de violaciones fueron terminados cuando las niñas así lo quisieron. Parte de la desinformación se da porque no hay cifras unificadas sobre los abortos que cada año se practican. Una de las pocas entidades que hace pública su información es Profamilia, que el año pasado realizó 16.870 abortos, un 60 por ciento más que en el 2017. En cuanto a las edades, Profamilia solo especificó que el 44 por ciento de los procedimientos se hizo a menores de 24 años.

Mientras tanto, según la Corte Constitucional, en los seis primeros años del aborto legal en el país (despenalizado en tres casos desde el 2006), solo el 6 por ciento de esos procedimientos se hizo a menores de edad.

Mariana Ardila, abogada de Women’s Link Worldwide, dijo que parte de las barreras se da porque que en las regiones se desconoce el protocolo de atención a las víctimas, no les informan que tienen el derecho de abortar, no les brindan los anticonceptivos de emergencia y les exigen requisitos que no están en las leyes. “Conocimos, por ejemplo, el caso de una niña de 10 años que acudió al hospital tras ser violada por su padrastro. Cuando pidió que la ayudaran con el aborto, el pediatra le dijo que iba a hacer como si nunca hubiera escuchado lo que le dijo”.

A esto se suma que solo el 8,6 por ciento de mujeres menores de 20 años, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, tiene conocimiento de todos los casos en los que está despenalizado el aborto. Otra dificultad consiste en que, según el Instituto Nacional de Salud, solo el 37,2 por ciento de las niñas víctimas de violencia sexual que quedó en embarazo recibió información sobre su derecho a abortar. Y el Sistema General de Seguridad Social en Salud y los hospitales no están informando los casos de niñas menores de 14 años que quedan en embarazo.

En todos esos casos, independientemente de que las relaciones hayan sido o no consentidas, según la legislación, se presume que hubo abuso sexual. Entre el 2008 y el 2018, según el Dane, 66.056 niñas en Colombia se convirtieron en madres antes de cumplir los 14, pero la mayoría de esos casos no se denunciaron. “Una de las medidas que se debe proponer es crear un sistema para que todos los hospitales tengan que reportar estos hechos”, aseguró Mario Gómez, fiscal delgado para delitos de infancia.

*Nombres cambiados para proteger a las menores.

Las actuaciones de la justicia

Aunque en los casos de violencia sexual la impunidad es del 90 por ciento, pues la mayoría de ellos no llegan a un juicio ni a una condena, algunos de estos casos de niñas violadas que quedan en embarazo han logrado tener algún avance en la Fiscalía General. Hace tres días, por ejemplo, ese organismo envió a prisión a un hombre que aprovechaba los fines de semana que tenía para visitar a su hija para violarla. El hombre lo hizo hasta que la dejó en embarazo.

Y hace cuatro meses un hombre fue condenado en Supía (Caldas) por violar a su hija de 13 años. La madre se enteró de la situación de la menor en mayo del 2017, cuando llevó a la niña al hospital San Lorenzo por dolores estomacales. Tras la revisión médica los galenos afirmaron que tenía 21 semanas de gestación, situación a la que la niña respondió contándole que su padre la había violado en las fiestas navideñas, cuando estaba borracho. El hombre fue capturado por la Policía y un juez de Riosucio lo condenó este año a 18 años de cárcel por acceso carnal y acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado por el embarazo que se terminó con un aborto legal.

Otro de estos casos se denunció en marzo pasado en Santa Marta, con una niña de 10 años que pudo acceder a un aborto. La abuela de la niña presentó una denuncia y logró que el 11 de marzo el responsable, un hombre de 26 años que era vecino de la menor, fuera detenido.

Un mes antes, en Jamundí (Valle) fue capturado el padrastro de una niña de 11 años que abusó de ella durante un año hasta que la niña quedó embarazada. Aunque la niña permaneció con su familia, muchos de estos casos terminan en el ICBF en donde se inicia procesos de restablecimiento de derechos y el Estado se ocupa del cuidado de los menores.

En el 2018 a esa entidad ingresaron 11.700 niños que sufrieron violencia sexual, el doble de los que entraron en el 2011. Una de esas niñas fue una menor de 13 años, de Cartagena, que en diciembre del año pasado quedó bajo el cuidado de ese instituto porque venía siendo abusada desde varios años por sus dos padrastros, situación que la dejó en embarazo en el 2013.

‘No se puede exigir el consentimiento de los padres’
Juliana Martínez

Juliana Martínez, directora de Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, ONG que acompaña a quienes quieren acceder a un aborto en las causales permitidas.

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Foto: Embajada de Canadá en Colombia

Juliana Martínez, directora de la ONG Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, habló con EL TIEMPO sobre las barreras que afrontan las niñas víctimas de violencia sexual para poder interrumpir sus embarazos. 

¿Qué requisitos ilegales se les está exigiendo a las niñas para poder acceder a un aborto por violencia sexual?

Para nosotras es muy importante aclarar que en Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho fundamental de las niñas, de las adolescentes y de mujeres adultas, es decir, es un derecho que no depende de la edad. Adicional a eso, hay que aclarar que en las niñas menores de 14 años se presume la violencia sexual, es decir, en todos esos casos no es necesario que una niña acredite copia de la denuncia penal. También que la niña es quien decide si quiere continuar o no con el embarazo. No son ni los tutores legales, ni el papá ni la mamá quienes deben manifestar su consentimiento.

La niña es quien decide si quiere continuar o no con el embarazo. No son ni los tutores legales, ni el papá ni la mamá quienes deben manifestar su consentimiento

¿Qué otras barreras hay?

En estos 13 años que llevamos de la despenalización parcial del aborto, hay barreras generalizadas y sistemáticas para todas las mujeres. Muchas tienen que ver con el desconocimiento del marco legal, con interpretaciones restrictivas de las causales o fallas en el sistema de salud. Pero hay unas barreras que se refuerzan en el caso de niñas y adolescentes, que tienen que ver muchas veces con la violación a la confidencialidad, porque salen a contarles a la mamá, a la profesora, al papá, a la abuela, y lo que hacen es viciar la decisión de la menor. Por otro lado, hay una mayor restricción de la autonomía de las niñas porque se duda de que estén en capacidad de tomar esta decisión. Increíblemente, algunos hospitales creen que una niña de 14 años tiene las condiciones para ser madre, pero no para interrumpir el embarazo. Las dos son decisiones íntimas y profundas en las que solo la niña sabe qué desea. Pero las barreras están en todos los sectores: operadores de justicia, médicos, enfermeras, profesionales de la salud, y a veces en el sector protección que es el ICBF.

¿Qué efectos trae en la vida de las niñas tener que seguir con estos embarazos?

Uno de los focos de esta discusión sobre la violencia sexual y la autonomía de las niñas y adolescentes tiene que ver con la maternidad forzada, porque esa es la consecuencia de no permitir abortos amparados en el marco constitucional. Lo que han demostrado estudios internacionales es que tiene mayores efectos psicológicos vivir maltratos en el trámite de la IVE que realizarse el procedimiento. Conocemos un caso de una niña que decide interrumpir el embarazo, pero el cura del pueblo fue hasta su casa para extenderle ropa de bebé en su cuarto y desmebrar un muñeco delante suyo. La niña cambia su decisión y lo que sucede es que queda con un trauma psicológico.

Los nacimientos en niñas menores de 14

Además de las violaciones, los casos de embarazo adolescente preocupan no sólo por las implicaciones que tienen para las niñas que no están preparadas para ser madres, sino también porque las relaciones con menores de 14 años en Colombia son penalizadas y, por lo tanto, constituyen un delito.

Aún así, el año pasado el Dane reportó que hubo 5.362 nacimientos en los que las madres eran niñas que tenían entre los 10 y los 14 años, casos que, en las leyes, podían constituir un abuso sexual.

La situación de Colombia hace parte de una realidad que preocupa a América Latina, región que registra la segunda mayor tasa a nivel mundial de niñas que se convierten en madres.

La mayoría de las niñas que quedan en embarazo, sufren situaciones de desescolarización, y tienen mayores posibilidades de continuar en un círculo de pobreza. “La incidencia entre embarazo y educación ha demostrado que tiene mayores impactos sociales y económicos en la vida de las mujeres, puesto que las adolescentes que quedan embarazadas tienen más probabilidades de abandonar los estudios para el cuidado de los niños o trabajar para su mantenimiento”, dice el ICBF.

Por su parte, Mariana Ardila, abogada de Women’s Link Worldwide asegura que los embarazos en menores de 14 años son de alto riesgo, pues pueden sufrir preeclamsia y tienen un riesgo pélvico. Además, tiene implicaciones sobre la salud psicológica y la vida social de las niñas. “Las aleja de la escuela, pues es una de las principales causa de deserción escolar, y las hace caer en pobreza a ellas, y a sus hijos, porque no pueden tener educación, no pueden tener un trabajo mejor pagado. Entran a círculos de dependencia en donde muchas veces (en los casos de las que son víctimas de violencia sexual) sufren nuevas violencias”.

MILENA SARRALDE DUQUE
PERIODISTA DE JUSTICIA@MSarralde

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