Sube tensión entre la Fiscalía y la JEP por bienes incautados a Farc

Sube tensión entre la Fiscalía y la JEP por bienes incautados a Farc

El organismo había sido conminado por la Justicia para la paz a darle información sobre los bienes.

Bienes de las Farc

Los bienes de las Farc fueron ocupados con fines de extinción de dominio y son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Foto:
Por: Paz y Justicia
25 de octubre 2018 , 07:43 a.m.

Siete días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio un ultimátum a la Fiscalía General para que le entregue información sobre los bienes de las Farc que están en su poder, el ente acusador le pidió a la Corte Constitucional que defina quién tiene la competencia sobre las propiedades incautadas a la exguerrilla. 

La Fiscalía aseguró que no le puede entregar esa información a la JEP porque es reservada, y porque hace parte de las propiedades que están en procesos de extinción de dominio y que, según el ente acusador, no fueron entregadas por las Farc en el inventario que hicieron para reparar a las víctimas del conflicto armado.

Según el documento que la Fiscalía le envió a la Corte Constitucional, conocido por EL TIEMPO, “los bienes identificados por la Fiscalía General” escapan de la competencia de la JEP.

La Fiscalía afirma que los bienes que las Farc no incluyeron en su inventario para la reparación –propiedades que serán administradas por la Sociedad de Activos Especiales y que deben ir a un Fondo de Víctimas–, son bienes que quedan bajo la tutela de la justicia ordinaria, es decir, de la Fiscalía.

“Los bienes que no fueron inventariados libérrimamente a más tardar el 15 de agosto del 2017, es decir, individualizados y discriminados en forma determinada y específica y, por supuesto, relacionados en un acta emanada de las Farc, quedan inobjetablemente afectos a los trámites que manda la legislación ordinaria respecto de cualquier bien o patrimonio de origen ilícito”, aseguró la Fiscalía en la comunicación que le envió a la Corte.

Para el ente acusador es claro que decretar el embargo y secuestro sobre cualquier propiedad que no fue inventariada por las Farc es una función exclusiva de la Fiscalía y no de la JEP.

Esto, porque las propiedades que están en la justicia ordinaria van para el Presupuesto General y no para el Fondo de Reparación de las Víctimas.

Los bienes que no fueron inventariados libérrimamente a más tardar el 15 de agosto del 2017, (...) quedan inobjetablemente afectos a los trámites que manda la legislación ordinaria

El ente acusador asegura que en ese organismo hay 400 investigadores que revisaron 13.2 millones de archivos e hicieron 17.990 entrevistas con desmovilizados, con lo que se logró obtener información sobre 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales (con más de 2 millones de hectáreas), 207 bienes baldíos, 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes y 1.166 automotores.

Hasta ahora, dice el ente acusador, han incautado bienes valorados en 2. 3 billones de pesos, que, agrega, deben seguir el proceso para extinción de dominio.

La cifra de lo que las Farc reportaron en el inventario totaliza 823.534 millones de pesos y, para la Fiscalía, la JEP no puede ordenar reparación de las víctimas con bienes que la exguerrilla no incluyó en su inventario, pues eso sería allanar al camino de los exintegrantes de las Farc para que falten a la verdad en la justicia transicional.

Posición de la JEP

En el documento de 35 páginas en el que la JEP le había dado el ultimátum a la Fiscalía para que le entregara la información sobre los bienes de la exguerrila, esa jurisdicción asegura que su solicitud tiene como interés “garantizar los derechos de las víctimas”.

La JEP dice que es a esa jurisdicción a la que le corresponde determinar y especificar todos y cada uno de los bienes de las Farc, “por lo que la Fiscalía General no puede arrogarse la competencia sobre un universo de bienes a definir, soslayando no sólo su obligación de contribuir al proceso, sino invirtiendo la competencia prevalente allí aplicable en cabeza única de la JEP”.

Fuentes de la JEP indicaron que el problema radica en que el inventario que entregaron las Farc es indeterminado y no tienen información precisa que permita identificar cuáles son los bienes y dónde están, por lo que esa jurisdicción necesita tener acceso a la información que tiene la Fiscalía para poder cruzar los datos, y establecer si alguna de esas propiedades corresponde a las que están en el inventario.

Por lo que la Fiscalía General no puede arrogarse la competencia sobre un universo de bienes a definir, soslayando no sólo su obligación

Además, según la JEP, “destinar los bienes resultado de estos hechos a fines diferentes a la reparación de las víctimas se convierte no sólo en un desconocimiento del origen de estos (ilegal), sino en una acción que lesiona materialmente, pero ante todo política y moralmente a las víctimas”.

También afirma que según las leyes, la Fiscalía no podrá alegar que una investigación suya tiene carácter reservado para no enviar información a la JEP, pues entre las dos jurisdicciones debe existir colaboración. La JEP dice que tiene la competencia para solicitar la información que necesite para cumplir sus funciones, y que según las leyes ella administra justicia “de manera preferente” sobre los delitos cometidos en medio del conflicto.

PAZ Y JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET   

Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.