Tras la ola de indignación que despertó el video del momento en que un conductor de taxi arrollaba a una perrita french poodle en la localidad de Bosa, en Bogotá, las autoridades ya lograron imputar al señalado.
Según dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, el hombre que estaba al frente del vehículo de placa VED216, en los hechos ocurridos el pasado domingo, compareció ante un juez de control de garantías por los delitos de maltrato animal agravado y fraude a la resolución judicial o administrativa de policía.
Este último cargo le habría sido imputado porque, al momento del atropello, tenía vigente una suspensión de cinco años de su licencia de conducción y una prohibición para manejar vehículos de transporte público por otros 10.
“Esta persona, al parecer, dirigió el taxi que conducía sobre un canino y escapó del lugar sin brindar asistencia al animal. El perro sufrió fractura de costillas, ruptura de vejiga, entre otras lesiones internas que le causaron la muerte”, indicó el ente acusador.
El sujeto no habría aceptado ninguno de los dos cargos.
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Después de que se viralizara el registro de una cámara de seguridad del sector, la empresa a la cual estaba vinculado el vehículo decidió apartarlo de la compañía.
“Nuestros agentes integrales de servicio se comunicaron directamente con el conductor y/o propietario del rodante, informándole lo sucedido con la mascota (...) Le informamos que teniendo en cuenta la evidencias expuestas por la ciudadanía, Taxi Express no comparte estos comportamientos que demeritan al gremio del servicio individual de taxi, para tal fin, se tomaron medidas sancionatorias correspondientes”, precisó José Alejandro Hernández, gerente de Taxi Express, en un comunicado de prensa.
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De acuerdo con el Código Penal Colombiano, por el mero hecho de incumplir la sanción de tránsito, el hombre podría pasar de uno a cuatro años en prisión y pagar una multa de entre cinco y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
De comprobarse el maltrato animal, a la restricción de su libertad podrían sumarsele entre 12 y 36 meses. La multa, según estipula la norma, podría ascender a 60 SMMLV.
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