A una pena de entre 16 y 30 años de cárcel quedaron expuestos los siete militares que ayer ante un juez de Pueblo Rico, Risaralda, aceptaron su responsabilidad en la violación de una niña de la comunidad embera chamí en hechos registrados el lunes pasado. Así lo afirmó el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado.
Aunque aceptaron el cargo imputado por la Fiscalía, no podrán obtener una rebaja de hasta la mitad de la pena en consideración a que su víctima es menor de edad. Sí podrán redimir pena, con trabajo y estudio, una vez se fije el monto de la condena.
Ayer en la mañana, luego de una investigación en tiempo récord de la Fiscalía, los uniformados fueron trasladados en un camión militar hasta la sede de los juzgados del municipio de Pueblo Rico. Allí, el ente acusador les imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos responden en calidad de autores y uno más como cómplice.
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El juez del caso accedió a la petición de la Fiscalía de ordenar en contra de los militares una medida de aseguramiento privativa de la libertad y ordenó su reclusión en una unidad militar.
Durante la audiencia, la Fiscalía destapó parte de la evidencia recolectada en 72 horas, que incluía testimonios de unidades del Ejército, de la comunidad, un dictamen de Medicina Legal y la declaración de la pequeña víctima y su hermana. Además, un análisis de peritos que, con luces forenses, examinaron la escena del atroz hecho.
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Los uniformados fueron identificados como Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.
A ellos solo les resta esperar que un juez de conocimiento fije el monto de la pena y el sitio en donde la cumplirán.
A estos bandidos que mancharon su uniforme y mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, se les solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario por la gravedad de los hechos
En el campo disciplinario también hay en su contra una investigación que por poder preferente es adelantada por la Procuraduría General.
Antes de iniciar la audiencia, el fiscal Barbosa Delgado afirmó que la judicialización de los responsables del hecho, que calificó de “repugnante y doloroso para los colombianos”, se logró en tiempo récord.
“A estos bandidos que mancharon su uniforme y mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, se les solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario por la gravedad de los hechos”, dijo el jefe del ente acusador.
Añadió que seguirán priorizados los delitos contra los menores de edad para garantizar que avancen más rápidamente.
“No vamos a ceder un ápice en la defensa de los menores de edad”, indicó el funcionario desde Cali, en donde relanzó su política de lucha contra el delito para recuperar la seguridad ciudadana.
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Entre tanto, la menor fue trasladada a un hogar de paso en el que recibe atención de un equipo de psicólogos, antropólogos y defensores que hablan su lengua nativa. Así lo confirmó Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien indicó que esta no fue una decisión arbitraria, sino que fue una medida tomada en conjunto con la comunidad indígena:
“Se realizó la denuncia penal con el comisionado de Familia. Se abrió el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En este momento está recibiendo atención psicológica y emocional. Se encuentra en un hogar de paso y se evalúa junto con la comunidad indígena y sus familiares la posibilidad de enviarla a un hogar sustituto mientras avanza todo el proceso judicial”, precisó la directora.
La funcionaria señaló que esta decisión se tomó dado el gran nivel de afectación emocional por el que actualmente atraviesa la menor y a los mismos temores de la población indígena.
Ayer, en cumplimiento de una instrucción presidencial, el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, se desplazó al municipio en el que se registraron los hechos y se reunió con representantes de la comunidad. “Confirmando de manera personal y con todo el respeto al gobernador de Risaralda y a la comunidad indígena embera y, a través de ella, a la familia de la menor, la absoluta disposición de la institución en apoyarlos en lo que consideren, así como nuestra colaboración con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y que los presuntos responsables paguen”, dijo el alto oficial.
Se encuentra en un hogar de paso y se evalúa junto con la comunidad indígena y sus familiares la posibilidad de enviarla a un hogar sustituto mientras avanza todo el proceso judicial
La justicia especial para la paz (JEP) estudia abrir un capítulo específico para investigar los casos de abuso sexual en el marco del conflicto armado y que vincule a integrantes de la Fuerza Pública. Fuentes de la jurisdicción de paz señalaron en su momento que los magistrados estudiaban esa posibilidad en la que han insistido representantes de las víctimas.
Esto trascendió luego de que EL TIEMPO reveló una carta de la Fiscalía General con destino a la Corte Penal Internacional en la que respondía a inquietudes del tribunal internacional frente a dos temas puntuales: las investigaciones contra los financiadores del conflicto y los avances en los procesos por violencia sexual en medio del conflicto.
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En la carta, la Fiscalía señala que la información recopilada en sus despachos “no permitió identificar un patrón específico ni sugerir una concentración de hechos asociados a una unidad específica de la Fuerza Pública”.
Es decir, que no había elementos para considerar que esta práctica atroz fue un acto sistemático, como sí se demostró en los procesos contra los paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz.
“A diferencia de otros fenómenos criminales cometidos en el marco del conflicto armado, la violencia sexual perpetrada por algunos agentes del Estado no respondió a una concentración temporal ni geográfica que pudiera sugerir, en principio, patrones de comisión de los hechos”, dice la carta.
Hace mención la Fiscalía que se entregaron a la JEP 206 casos de delitos sexuales y de género, en los que aparecen vinculados 234 integrantes del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y la Policía Nacional.
Según estadísticas de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, recogidas por la Corte Constitucional, al 1.° de mayo de 2014, 5.110 personas reportaron ser víctimas de delitos contra la integridad sexual entre 1985 y 2013, de las cuales cerca de un 86 por ciento son mujeres y el 21 por ciento de las víctimas reportaron edades entre los 13 y 26 años. Las niñas de hasta 12 años de edad representaron el 2,2 por ciento del total de víctimas, y las mujeres mayores de veintiséis años ocuparon el 57,4 por ciento.
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