Este miércoles, en la Procuraduría se dio inicio al juicio disciplinario contra tres policías señalados de tener responsabilidad en la muerte de 8 personas, y las lesiones de 3 personas más, durante un incendio en la Estación de Policía de San Mateo, en Soacha.
Varios de los ahora fallecidos fueron trasladados a centros asistenciales y fallecieron horas o días después producto de las heridas.
Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2020, luego de un incendio que, de acuerdo con el pliego de cargos de la Procuraduría, no fue atendido a tiempo. Los policías tampoco habrían sacado a tiempo de la celda a las 11 personas que estaban detenidas.
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Los uniformados investigados por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial son el teniente César Augusto Martínez Fernández, la subteniente Aleida del Pilar González Quiroz y el patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz, en desarrollo de la investigación que adelanta por la muerte de ocho personas y las lesiones causadas a tres más.
Martínez y González eran el comandante y subcomandante de la estación para el momento de los hechos, y Suárez era el custodio que tenía las llaves de la celda que, según se lee en el pliego de cargos, fueron "7 metros cuadrados convertidos en un horno humano".
En la audiencia de este miércoles, la Procuraduría leyó el auto de cargos contra los uniformados, a los que señala de haber faltado a su deber de proteger la vida.
En la lectura se expuso que hacia las 2 pm del 4 de septiembre pasado se inició un incendio, como protesta de los detenidos por la suspensión discrecional que ese día se había hecho de las visitas. Ese fuego no habría sido atendido oportunamente y terminó por expandirse en la celda de 6,6 metros que compartían 11 personas y cuya única salida era una reja asegurada con dos candados cuyas llaves tenía uno de los policías.
Esa reja no la abrió ninguno de los uniformados que en el momento en que se inició el fuego estaban en la Estación, y según recoge la Procuraduría, fue solo hasta que otro policía -que ya había salido de turno- se devolvió que él abrió la puerta. Es decir, el socorro no lo habrían dado las personas presentes, sino un policía que se devolvió a la Estación tras enterarse del incendio.
De acuerdo con la información médica y de Medicina Legal, los internos sufrieron quemaduras entre el 45 y el 90 por ciento de su piel, 8 fallecieron y 3 sobrevivieron pero quedarán con secuelas permanentes.
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Entre las pruebas que evaluó la Procuraduría están las necropsias, videos del CAI y de los alrededores, informes de los investigadores de la Procuraduría, un acta de la visita a la estación San Mateo, y una decena de entrevistas y declaraciones que darían cuenta de que no solo este lugar no tenía condiciones para atender a 11 personas, sino que la reacción de la Policía no fue adecuada.
Señala además el órgano de control que no era ningún secreto que los presos tenían acceso a teléfonos, armas blancas, marihuana y productos para producir fuego; pero al parecer ni el comandante ni la subcomandante habrían dado nunca una capacitación a sus subalternos de cómo atender un incendio, ni tampoco dieron la orden, ese día, de abrir la celda, mientras se escuchaban los gritos de auxilio de los detenidos.
Además, la Procuraduría comprobó que una hipótesis que en principio entregaron los policías no era cierta. La subcomandante dijo que pidió apoyo ese día para atender una asonada y presunto intento de fuga, pero la Procuraduría señaló: "A partir de las pruebas documentales se puede concluir que al momento la reacción de los detenidos tenía una causa diferente a una fuga, era la inconformidad por suspensión de las visitas".
Añadió el órgano de control que la subteniente González no habría atendido oportunamente el fuego, en parte, por estar diciendo que había que atender un intento de fuga inexistente.
Entre los testimonios y pruebas con las que cuenta la Procuraduría está el de un auxiliar de Policía que grabó un video de los momentos previos al inicio del fuego hubo un cambio de turno, y que adentro de la Estación había unas 16 personas, entre esas un policía que estaba al frente de la reja cuando comenzó el incendio.
Para el órgano de control, esa secuencia de imágenes "demuestra que el fuego se inició cuando frente a ellos se encontraba por lo menos un uniformado quien no se había retirado de lugar, solo 10 segundos después se ve una llama incipiente, la cual fue creciendo paulatinamente hasta que una persona dejó de grabar lo que ocurrió al interior".
Según los testimonios ese uniformado era el custodio, patrullero Suárez Orduz. A lo cuestionable que resulta, dijo la Procuraduría, que un uniformado que estaba frente a la reja estuvo en la posibilidad de abrirla y mitigar el incendio, pero no lo hizo, se suma un relato que hizo uno de los detenidos que sobrevivió.
"Yo estaba dialogando cuando de un momento a otro salió una llama, es cuarto pequeño y las colchonetas se comenzaron a prendar, comenzaba a salir mucho humo y yo a asfixiarme, me arrinconé agachado y empecé a gritar que me quemaba. Le grité al patrullero que nos abriera, y él nos respondió: 'pues quémense ahí', y nos mostró las llaves", señaló uno de los sobreviventes, en un testimonio que citó la Procuraduría.
En esto el órgano de control resaltó que varios testimonios señalan que el patrullero Suárez habría, en forma de burla, mostrado y boleado las llaves de la celda al frente de los internos, mientras ya había allí fuego.
Comenzaba a salir mucho humo y yo a asfixiarme, me arrinconé agachado y empecé a gritar que me quemaba. Le grité al patrullero que nos abriera, y él nos respondió: 'pues quémense ahí'
Los 11 internos estuvieron varios minutos en medio del fuego, en una celda en la que cada persona debía vivir en 61,65 centímetros. Fue solo hasta que otro policía llegó desde afuera que les abrió la puerta y comenzó a evacuarlos, algo que tomó unos 5 minutos.
Hasta el hospital el recorrido fue de promedio 2,19 minutos, en total desde que los detenido fueron evacuados y llevados al hospital fueron 12 minutos, que aunque es un tiempo razonable para atender una emergencia, dijo la Procuraduría, "no se puede olvidar que esto solo fue posible por lo que hizo el patrulleros que ni siquiera estaba en el sitio y regresó a abrir la celda después de que le reportaron un incendio".
Y añadió que el patrullero Suárez, que era el custodio, "no habría hecho nada pese a tener las llaves en el bolsillo para apagar el incendio o evacuar a los heridos. Ni hay elemento de prueba de que el teniente Martínez le hubiera ordenado a alguien abrir la reja".
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El comandante de la estación, teniente Martínez, intentó excusarse de su inacción, según se leyó en el auto de cargos, diciendo que la celda está a metro y medio del puesto de servicio, y que a él le dijeron que no debía abrir la puerta si no es estrictamente necesario.
"El teniente sabía del hacinamiento de las 11 personas y deficiencias del lugar. No había realizado nada gestión para capacitar a sus subalternos para afrontar una emergencia, discrecionalmente suspendió las visitas sin medir su impacto, conoció la gravedad de lo que pasaba (el incendio) y no dio ninguna orden para actuar", se lee en el auto de cargos.
Y sobre la subteniente González, la Procuraduría señaló que tampoco desplegó nada para prevenir o atender la situación. "El deber era impartir órdenes para abrir la celda, pero no lo hizo porque supuestamente estaba enfocada en un intento de fuga", señaló el órgano de control.
El deber era impartir órdenes para abrir la celda, pero no lo hizo porque supuestamente estaba enfocada en un intento de fuga
Por esto, para la Procuraduría los uniformados, dolosamente, omitieron sus deberes y por eso para el despacho se puede inferir la responsabilidad del teniente César Augusto Martínez Fernández, la subteniente Aleida del Pilar González Quiroz y el patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz en las lesiones personales que sufrieron tres personas y los homicidios de 8.
Los nombres de los internos que fallecieron eran: Bernardo Pina Gaviria, Jesús Alirio Abril Cruz, Jeison Andrés Conde Ramírez, Juan David Rojas Ordóñez, Cristian Gilberto Rincón, Oscar Alejandro Infante Galindo, Anderson Estiven Méndez y Carlos Alberto Rosales Landázuri.
Adicionalmente, la Procuraduría ordenó practicar varias pruebas, entre ellas que Medicina Legal envíe copia de los dictámenes finales de los tres sobrevivientes.
También se pidió a la Policía que envíe documentación como el acta de posesión, entre otras cosas, de los tres uniformados investigados.
Así mismo, se pedirá a la oficina telemática de la Policía un informe técnico sobre si se hicieron las grabaciones de las comunicaciones de los policías ese día, e informar si en efecto hubo grabaciones, dónde están las mismas y qué pasó con ellas, pues no pudieron ser encontradas por investigadores de la Procuraduría.
Por último, se ordenó escuchar la declaración de cinco personas, entre ellas uno de los sobrevivientes y dos patrulleros, además del médico forense que examinó a los sobrevivientes.
En la audiencia, Jairo Bulla, abogado del patrullero Suárez Orduz, pidió anular el proceso, señalando presuntas irregularidades en el auto de cargos y la actuación de la Procuraduría.
Bulla añadió que "los primeros llamados a respetar su derecho a la vida eran los mismos detenidos" que según él no debieron cometer ese "acto suicida, esa locura" y que ellos son corresponsables de su muerte.
"Deploro la muerte de las personas, pero es el Estado colombiano el responsable de la falla del servicio de cuidado y vigilancia. No será a través de 3 personas que el Estado se lave las manos, a través de un concejal mentiroso que ha acorralado a la Procuraduría", expresó el abogado, quien dijo que la Procuraduría está creando presión mediática para condenar a los uniformados.
Por su lado, el abogado Jesús Vergara, abogado de la subteniente González Quiroz, dijo que la Procuraduría le está imputando a su cliente muertes en fechas posteriores o anteriores a los hechos investigados (el 4 de septiembre, día del incendio). También cuestionó el actuar de los jueces que envían a detención a estas personas, así como la responsabilidad de quienes envían a los policías a estas estaciones de Policía sin darles una mínima capacitación de cómo afrontar hechos como protestas e incendios.
Dijo que tampoco se valoró que la subteniente estaba recién egresada ni se indagó si ella en la Escuela de Policía recibió capacitación para afrontar este tipo de situaciones.
Señaló además que los detenidos pusieron colchonetas en la reja, que abría para adentro, para que no se abriera la puerta, y señaló que "esto era un fuga prevista con apoyo externo".
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