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Los ejes claves para enfrentar la creciente inseguridad en el país
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Balance de seguridad en BogotáEn vivo: análisis de cómo va la seguridad en la capital.
Ataque a policías

Hector Fabio Zamora

Los ejes claves para enfrentar la creciente inseguridad en el país

Gobierno anuncia medidas en temas de seguridad ciudadana. ¿Qué dicen los expertos?

El patrullero Edwin Caro Gómez, de 24 años, fue asesinado por Wilkerson Slyke Hernández Sánchez (capturado), quien le disparó en la cara al uniformado en medio de un procedimiento el 11 de agosto, en el sector del Nogal, en el norte de Bogotá.

Diez días después, cuando llegaba a su casa (en el barrio La Estrada, en el occidente de la ciudad), Johnson Zorrilla, de 56 años, recibió un violento golpe en la nuca que le dio un delincuente para luego hurtar sus pertenencias. El hombre cayó al suelo, inconsciente, y falleció en el lugar. 

(Le sugerimos leer: ¿Quién es el involucrado en crimen de patrullero Edwin Caro?

Al día siguiente se denunció la existencia de una banda, los del ‘Carro Rojo’, que delinque en la capital y asalta especialmente a mujeres, como quedó evidenciado en un video en el que se observa cómo arrastran y golpean a su víctima para robarle su bolso.

(Lo invitamos a leer: En video: brutal y violento robo de ladrones que acechan en un carro rojo)

Estos son apenas tres de los casos que se conocieron en el último mes y que han generado entre los ciudadanos un ambiente de zozobra constante y de temor incluso de salir a la calle a hacer las diligencias más comunes.

Mientras los ciudadanos se manifiestan en las redes exigiendo a los mandatarios civiles y a la Fuerza Pública medidas de fondo para recuperar la tranquilidad, las autoridades han probado en capitales como Bogotá intervenciones focalizadas e, incluso, el tema fue el eje central de una cumbre de alcaldes y gobernadores del país, realizada a mediados de mes, que fue liderada por el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula de la Policía Nacional, primer respondiente de la seguridad ciudadana en el país.

(Podría ser de su interés leer: Solo 20 % de los capturados en Bogotá van a prisión mientras son procesados)

El reto para las autoridades no parece fácil. ¿Cómo enfrentar la ola de crimen que viven las regiones del país, agudizada por las consecuencias sociales de la pandemia? ¿Cómo golpear a pequeñas pero numerosas redes criminales que delinquen con un grado de violencia cada vez más alto?

Expertos en seguridad y funcionarios del Gobierno coinciden en que no hay una sola fórmula y que se debe poner en marcha todo un paquete de medidas que van mucho más allá de la acción o de la responsabilidad de la Policía en su función de preservar la tranquilidad de los colombianos.

El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, anunció en entrevista con EL TIEMPO los primeros ejes de esa ofensiva contra el delito, que se plasmarán en un proyecto de seguridad ciudadana que será llevado al Congreso.

(Lo invitamos a leer: Gobierno alista proyecto de seguridad ciudadana para combatir crimen)

Decreto armas traumáticas

Aunque no son consideradas elementos para la práctica del deporte de tiro, las armas traumáticas y de fogueo son exhibidas en almacenes junto con patines y patinetas.

Foto:

Miltón Díaz

Uno de los primeros frentes en los que el Gobierno ya viene trabajando hace meses es el control de las armas menos letales, más conocidas como armas traumáticas, apuntando a regular su porte y tenencia.

En los primeros cinco meses del 2019 se incautaron 1.207 de estas armas y en el mismo periodo de tiempo de 2020 los decomisos llegaron a 1.286 armas, lo que representa un incremento del 7 por ciento.

Según el Ministerio de Justicia, de las 942 armas incautadas en 2021, 680 estuvieron vinculadas en diferentes eventos criminales, entre los más recurrentes se encuentran el homicidio, con 8 casos; el hurto a personas, con 248 casos; las lesiones personales, en 69 casos, y el hurto de entidades comerciales, con 36 casos.

(Por contexto, le sugerimos leer: Para portar armas traumáticas se necesitará un permiso especial)

Frente a este tema, ya se estructuró un decreto que obliga a que las personas que porten un arma de este tipo, que se consigue sin restricción en locales comerciales, tengan que pedir un permiso especial, tal como sucede con las armas de fuego, lo que permitiría tener un mayor control de esos elementos que están en las calles y la identidad de quienes los portan. Además, se han planteado medidas de control a la importación indiscriminada de ese tipo de armas al país.

La autoprotección

Una segunda decisión del Gobierno, que no ha escapado de la polémica, es insistir en la restricción en el porte de armas de fuego que está vigente en el país desde hace siete años.

En Colombia se tienen reportadas 281.360 armas de fuego en tenencia –en el lugar de residencia o trabajo– y 409.499 armas con permiso de porte.

A pesar de que sectores del Congreso han insistido en la necesidad de permitir a los ciudadanos estar armados para su autoprotección, para lo cual incluso han presentado iniciativas legislativas, el Ejecutivo mantiene su decisión de insistir en las restricciones como estrategia para reducir el homicidio en el país. De hecho, en la Política Marco de Seguridad Ciudadana del Gobierno se señala que portar un arma no es un derecho y se insiste en la política de desarme.

(Le sugerimos leer: ¿Por qué las solicitudes de porte y tenencia de armas se triplicaron?)

Sin embargo, estudios de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) han cuestionado que las autoridades se han concentrado solo en un eslabón de la cadena, el de la persona que porta el arma, y no en perseguir a las redes que se lucran del millonario negocio de traficar armas ilegales, por lo que frente a ese punto consideran que se debe buscar afectar a toda la cadena y regular lo que se estima como vacíos legales en temas como la importación ilegal de armas.

(Le sugerimos leer: Liderazgo civil, base de la reforma de la Policía, asegura la FIP)

Reincidencia

La principal consecuencia de las falencias del proceso de resocialización es la reincidencia, la cual se encuentra actualmente en un 22,3 por ciento de los privados de la libertad.

Un tercer eje está relacionado con la reincidencia en el delito.

Cifras de la Fiscalía señalan que en lo corrido del año solo por hurto han sido detenidas 1.349 personas que habían incurrido en el pasado en ese delito. Llama la atención el caso de 188 de ellas que presentan antecedentes de entre 10 y 53 hurtos anteriores.

En el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, presentado por el Consejo Nacional de Política Criminal, se señala que “la principal consecuencia de las falencias del proceso de resocialización es la reincidencia, la cual se encuentra actualmente en un 22,3 por ciento de los privados de la libertad”.

(Por contexto, le podría interesar leer: El proyecto que busca bajar reclutamiento y reincidencia en cárceles)

En enero del año pasado se cayó en la Corte Constitucional una norma que establecía que si una persona era detenida y tenía otra captura tres años antes, esto era causal para medida de aseguramiento. Ahora, las autoridades examinan la viabilidad de revivir medidas de este tipo y al tiempo dar a los internos herramientas para una adecuada resocialización.

Más allá de esto, el coronel en retiro Marco Forero Quintero, académico y estudioso de temas de seguridad, indicó que se necesita, en este punto, una labor más activa de la Fiscalía para tener casos fuertes que lleguen a juicio y terminen en condenas. “Hay un trabajo deficiente de investigación que abre las puertas de la cárcel a los delincuentes”, indicó el oficial en retiro.

(Otras noticias de la sección Justicia: Narco del 'cartel de Los Balcanes' movía millones pero andaba en bus)

¿Más policías?

El presidente Duque habló de las iniciativas de reforma de la Policìa que serán radicadas en el Congreso

Foto:

Presidencia

En un cuarto lugar, expertos hablan del incremento del pie de fuerza de la policía.

De acuerdo con Naciones Unidas, para garantizar la seguridad debería haber 300 policías por cada 100.000 habitantes.

En Colombia, esa media es bastante lejana, si se toma como base que, de acuerdo con el último censo del Dane (2018), la población del país estaba sobre los 48 millones y para esa época la Policía contaba solo con 170.000 uniformados.

Para Daniel Mejía, profesor de Economía en la Universidad de los Andes y experto en temas de seguridad, la Policía cumple con su trabajo, pero reconoce que “su pie de fuerza es escaso y debería aumentar”. Dijo que en esa tarea es clave el Ministerio de Hacienda, pues le corresponde asignar un cupo presupuestal más alto, pero reconoció que esto es difícil a corto plazo.

(Por contexto, lo invitamos a leer: Director de la Policía Nacional anuncia gran reforma en el Esmad)

Es constante la petición de los mandatarios locales y de la misma ciudadanía de tener más policías en las calles, y a los esfuerzos presupuestales que viene haciendo el Gobierno se han sumado decisiones en la institución de reducir el número de uniformados dedicados a funciones como la protección de personalidades para asignarlos a tareas de seguridad ciudadana.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que no solo se trata de tener más policías, sino de lograr que se recupere la confianza de los ciudadanos y la institución, afectada por los abusos registrados durante el paro.

Añadió que además se requieren reformas de la justicia, pero no concentradas en la forma de elegir a los magistrados en las altas cortes, sino que garanticen la colaboración de la Fiscalía y la Policía y hagan más efectivas la administración de justicia y la forma de atacar a la nueva criminalidad. “No hay policía que valga con esa justicia”, dijo.

En ese quinto elemento de análisis coincide Daniel Mejía, quien advirtió que de nada sirve capturar más delincuentes o intervenciones como las que se adelantan en Bogotá “si los delincuentes no son judicializados de manera efectiva y quedan en libertad”. Y señaló que, de acuerdo con el director de la Policía, “el 80 por ciento o más de las personas que son capturadas quedan en libertad en menos de 48 horas”.

Señaló que es indispensable que la Fiscalía haga una judicialización eficiente frente a los delitos de alto impacto.

Por su parte, Jairo Libreros, profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado, señaló que se requieren políticas públicas con objetivos claros y que hay que garantizar que no exista un corto circuito entre la Fiscalía y la Policía y mejorar la coordinación entre autoridades locales y judiciales. En especial, el papel de los alcaldes en los asuntos de seguridad.

Parrillero

Un sexto punto que genera mucha controversia es el de las motos y cómo evitar que, como está sucediendo, sean usadas en la comisión de delitos.

Para Libreros, la prohibición del parrillero en moto no sirve, y aunque inicialmente puede llevar a una reducción de su uso, los delincuentes terminan por cambiar su modus operandi. Añadió que esas medidas terminan afectando la movilidad y hasta el ingreso de quienes usan ese medio como transporte o forma de trabajo.

(Por contexto, lo invitamos a leer: Bogotá prohíbe parrillero en moto para domiciliarios)

Sin embargo, el ex fiscal general Mario Iguarán señaló que es constitucional y legal poner en marcha las medidas que sean necesarias para reducir el delito.

En ese sentido, señaló que se debe establecer la prohibición del parrillero a nivel nacional y definir como contravención, que implique una multa, el uso del casco cuando las personas permanezcan en un lugar o cuando la moto no esté en movimiento.

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