La urgencia de medidas para frenar los crímenes contra excombatientes

La urgencia de medidas para frenar los crímenes contra excombatientes

Tras revisar registros, el partido Farc concluyó que son 212 homicidios; la Fiscalía cuenta 195.

Farc

El 27 de junio se cumplen tres años de la dejación de armas definitiva de las antiguas Farc, en Mesetas, Meta.

Foto:

Raul Arboleda. AFP

Por: Juan David López Morales
22 de junio 2020 , 11:03 a.m.

El sacerdote Francisco de Roux recuerda que cuando terminó la entrega de armas de la guerrilla de las Farc, el 27 de junio del 2017 en Mesetas, Meta, dos jóvenes se le acercaron. Le dijeron que habían entregado su seguridad a la sociedad y el Estado. “¿Usted cree que podemos creer en ellos? Tenemos miedo”, le dijeron.

Tres años después, alrededor de dos centenares de excombatientes han sido asesinados. Para el partido Farc, van 212, 10 más de los que hasta ahora se conocían. Esa cifra incluye casos ocurridos después de la firma de Cartagena, pero antes de la acreditación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y por eso es distinta a la de las autoridades. También recoge asesinatos en el extranjero, principalmente en Ecuador, explica Camilo Fagua, abogado coordinador de derechos humanos de Farc.

Excombatientes asesinados de Farc

Los crímenes contra excombatientes según Farc. 212 excombatientes han sido asesinados.

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Fuente: Farc.

La Fiscalía General incluye en el listado de crímenes contra exFarc solo a las personas acreditadas por el Gobierno, por lo que sus cuentas indican que son 195 los exguerrilleros asesinados. De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dice que, sin importar la cifra, es “una tragedia muy profunda”. “Tenemos que protegerlos para que la paz de todos los colombianos funcione” y que quienes siguen en reincorporación no tengan dudas.

Para Naciones Unidas, 2019 fue el año más violento contra los excombatientes, con 77 asesinatos. Para la Farc, fueron 81, 6,7 cada mes, en promedio. En 2020 van 29, un promedio de 4,8 por mes. Dos ocurrieron en la última semana.

(Le puede interesar: Políticas de paz de corto plazo están atrasadas en el 62 por ciento)

Excombatientes de Farc asesinados

Las cuentas de la Fiscalía señala que los asesinados son 195.

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Fuente: Fiscalía General.

¿Qué está pasando?

Para Eduardo Pizarro, docente emérito de la U. Nacional y exdirector de la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación entre 2006 y 2008, estos crímenes se relacionan “con la ausencia de un real control del Estado en las periferias del país, donde se da todo tipo de economía ilegal”. Aunque ese es el contexto, considera que es “muy difícil definir patrones claros” en estos crímenes.

En respuesta a EL TIEMPO, la vicefiscal Martha Janeth Mancera aseguró que “no existe un patrón criminal hacia la población reincorporada” y que, en cerca de la mitad de los casos en los cuales el esclarecimiento ha avanzado, “la causa ha sido distinta a ser excombatiente”.

Fagua asegura que esta aseveración debe demostrarse con sentencias. El partido Farc cuenta 274 hechos entre homicidios, tentativas y desapariciones. Consideran que las 39 sentencias condenatorias no dan cuenta de un alto nivel de esclarecimiento, en el que no aceptan los señalamientos a presuntos autores hasta que estos sean condenados por la justicia.

Para Pizarro, varias hipótesis deben ser tenidas en cuenta para entender estos crímenes, a partir de otras experiencias de desmovilización.

Una es la participación de exguerrilleros en programas de sustitución de cultivos ilícitos en zonas donde persiste la guerra por el control de esas rentas.

Otra son los reclamos sobre formalización de tierras en las regiones donde están los exguerrilleros. Una más es la “justicia por mano propia” de sectores que fueron víctimas de la guerrilla de las Farc.

Finalmente, señala como posible que grupos ilegales traten de reclutar a estas personas y al negarse, las amenacen o asesinen.

(Más de su interés: La Farc pide a Bachelet asistencia ante crímenes contra excombatientes)

Esta multiplicidad de factores “dificulta hablar de patrones”, concluye Pizarro: “Si no tienes patrones de victimización, la protección de los desmovilizados se vuelve casi imposible”.

Aunque la vicefiscal Mancera ha expuesto en distintos escenarios que la mayoría de víctimas son hombres, en zonas rurales alejadas donde existan disputas territoriales por economías ilícitas, para María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, esto no es suficiente, pues “es de un nivel genérico que no permite verdaderamente entender los motivos detrás de esos crímenes”, asegura Llorente.

Para Fagua, es claro que en el 90 por ciento de casos la modalidad fue la del sicariato. "Creemos que el patrón está relacionado con una violencia de carácter político contra un grupo de personas que firmaron un acuerdo, que tienen un grado de especial en el derecho internacional y que el Estado ha desprotegido", dice. 

Las garantías de seguridad se implementaron de manera fragmentada, no articulada y poco participativa

Las cuentas más recientes de la Fiscalía, al 12 de junio, señalaban que el 68 por ciento de 239 afectaciones a excombatientes (amenazas, asesinatos, desplazamientos, entre otras) se concentran en seis departamentos: Cauca (45), Nariño (30), Antioquia (28), Norte de Santander (21) y Caquetá (20). Estos coinciden con los que, según Farc, concentran más asesinatos (ver gráfico).

Una dificultad de la protección a los reincorporados está en su dispersión. Aunque en antiguos ETCR se tiene registro de solo dos homicidios, solo 2.877 de los 12.767 exguerrilleros en reincorporación están en esos 23 espacios. Los demás, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), están en por lo menos 522 municipios del país. Para Llorente, esto da cuenta de que ha primado la reincorporación individual sobre la colectiva.

Según el informe del Instituto Kroc sobre la implementación del acuerdo de paz, “las garantías de seguridad se implementaron de manera fragmentada, no articulada y poco participativa”. Concluye que el 33 por ciento de garantías de seguridad no se han comenzado a implementar, el 36 por ciento está en estado mínimo, el 17 por ciento en intermedio y solo 14 por ciento de estas disposiciones están completas.

Excombatientes asesinados

El asesinato de Mario Téllez fue considerado el número 200, hasta que los registros fueron revisados.

Foto:

@PartidoFARC

¿Cómo vamos a invitar a otros
a que dejen las armas
si les esperan estos asesinatos? Deberíamos cuidarlos porque son los que indican a los demás que sí es posible salir

Sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

El fantasma de la UP, ¿un reflejo?

El asesinato de excombatientes después de los procesos de paz es una constante histórica, no solo en Colombia, sino en el mundo. Sin embargo, el que está ocurriendo ahora en el país tiene unas características particulares que lo hacen diferente a los del pasado.

En los años 80, cuando surgió el partido Unión Patriótica (UP) de las negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur, enfrentaba una realidad “que no era clara”, explica el sacerdote De Roux.

Para entonces, tanto la guerrilla de las Farc como el Partido Comunista Colombiano adoptaron la “combinación de todas las formas de lucha”, por lo cual mientras había una colectividad política constituida por sectores civiles de toda índole, se percibía que esta tenía todavía un brazo armado, la guerrilla que no se desmovilizó entonces.

Mientras la UP trataba de hacer política legal, las Farc continuaban con sus acciones violentas, por lo que el way out (camino de salida) que marcaba ese partido no resultaba del todo claro, explica De Roux.

Hoy, en cambio, no hay combinación de formas de lucha. Las Farc dejaron las armas y se convirtieron en un partido político sin brazo armado, por lo que el presidente de la Comisión de la Verdad señala la importancia de creer en el compromiso de paz de los reincorporados.

Eduardo Pizarro coincide en señalar que “es profundamente diferente la masacre contra la UP de lo que está viviendo actualmente la Farc”.

Si bien el partido UP era la “puerta de salida”, “por una decisión equivocada de la cúpula de las Farc no dieron el paso y dejaron a la UP expuesta dramáticamente en un clima de guerra sucia” y de emergencia de grupos paramilitares.

Si bien señala que la responsabilidad directa fue de quienes perpetraron los crímenes contra cerca de 3.000 militantes de la UP, considera que a las Farc y al Partido Comunista les cabe parte de la responsabilidad política de esos hechos.

Hoy, los agentes estatales tienen poca incidencia en los asesinatos de excombatientes, salvo en el caso de Dimar Torres, señala Pizarro. En los 80, en cambio, “sin duda había una relación entre agentes del Estado y grupos paramilitares a nivel regional”.

En el presente, insiste Pizarro, no son claros los patrones de criminalidad: quiénes, por qué, bajo qué órdenes están cometiendo estos asesinatos y otras amenazas.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de Justicia
Twitter: @LopezJuanDa
davlop@eltiempo.com 

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