Se cae acuerdo de exembajador señalado de lavar plata del ‘Carrusel’

Se cae acuerdo de exembajador señalado de lavar plata del ‘Carrusel’

Juez no avaló la negociación de la Fiscalía y Fernando Marín Valencia.

Fernando Marín Valencia

Fernando Marín Valencia, empresario de la construcción, y exembajador de Colombia en Venezuela.

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Édgar Vargas

Por: Justicia
18 de octubre 2019 , 12:04 p.m.

Una juez especializada de Bogotá no avaló el preacuerdo que había firmado el exembajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín Valencia, señalado de lavar dinero proveniente de actividades ilegales.

Marín Valencia fue imputado por sus nexos con el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana, uno de los protagonistas del 'carrusel de la contratación' en Bogotá.

Según la investigación, Marín Valencia recibió de Tapia Aldana 2.223 millones de pesos que luego ingresaron a la cuenta de una de sus empresas. Luego recibió en 2009 otros 2.500 millones de pesos que cambió a dólares.

La plata fue sacada del país con destino a empresas inmobiliarias ubicadas en el exterior y correspondía a dinero de sobornos por contratos para la adjudicación de obras en Bogotá.

El acuerdo firmado con la Fiscalía establecía una pena de 92 meses de prisión para el exembajador y el pago de una multa de 500 salarios mínimos. Aceptaría el cargo de lavado de activos.

Igualmente que devolvía la mitad del dinero y aseguraba  con un compromiso la devolución del resto. Lo haría mediante el uso de una póliza o de la garantía de la entrega de bienes que tiene en Piedecuesta (Santander).

La juez cuestionó que la defensa del exembajador manifestó en audiencia una discrepancia con la actuación de la Fiscalía y a pesar de esto "prefirió aconsejar a su cliente que aceptara los cargos impuestos".

Indicó la juez si el abogado del exembajador estaba convencido de la inocencia de su cliente o si no estaba conforme con la actuación "tenía que buscar un trato más benigno.

Igualmente cuestionó la actuación de la Fiscalía que no tuvo en cuenta la totalidad del dinero que se habría movido irregularmente para poder tasar el incremento patrimonial y de allí el monto que tenía que devolver.

La juez dijo que “inexplicablemente está a dejando por fuera” un giro de 530 millones de pesos que se hizo en 1 de agosto de 2009 “del que nada se dice en el escrito” presentado al despacho.

La Fiscalía argumentó que había duplicidad de pagos y que por eso no se tuvo en cuenta ese monto.

La funcionario judicial señaló que sumado a todo esto no se garantizado la devolución del dinero pues existe un documento de una hipoteca radicado en una notaría pero no hay evidencia de que se haya cumplido con el trámite en el Registro de Instrumentos por lo que aún no es un hecho su entrega.

"Son dos las razones que llevan a esta funcionaria  a tomar la decisión. Por un lado el consentimiento del indiciado al momento de aceptar los cargos está viciado (...) y por otro lado no se devolvió el 50 por ciento del incremento patrimonial percibido por el procesado", dijo la juez.


JUSTICIA
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