Roberto Prieto pagará 5 años de cárcel por caso Odebrecht

Roberto Prieto pagará 5 años de cárcel por caso Odebrecht

Juez avaló preacuerdo con la Fiscalía. También deberá pagar una multa de 60 salarios mínimos.

Roberto Prieto

Roberto Prieto saliendo de audiencia

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Por: Justicia
21 de mayo 2019 , 04:52 p.m.

El juzgado sexto de conocimiento de Bogotá aprobó el preacuerdo entre Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, y la Fiscalía.

Según el acuerdo, Prieto Uribe pagaría una condena de cinco años de detención por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, más una multa de 60 salarios mínimos legales vigentes (unos 50 millones de pesos).

El acusado se comprometió a aceptar los cargos y "como beneficio la Fiscalía eliminará el delito de enriquecimiento ilícito, imputado en calidad de autor", dijo el juez. Como parte del acuerdo, Prieto ya devolvió 887 millones de pesos, en 4 depósitos.

Prieto Uribe fue procesado por la adjudicación en el 2010 a Yuma Concesionaria –cuyo socio mayoritario es la firma italiana Salini Impregilo–, de un tramo de la Ruta del Sol. En ese negocio hubo una adición para la construcción del Puente Plato, en Magdalena, y es en ese momento en el que la Fiscalía considera que se habría dado la actuación ilegal de Prieto.

“Para los fiscales investigadores, el señor Roberto Prieto Uribe, presuntamente, habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S. A.”, considera la Fiscalía.

Prieto habría obtenido 650 millones de pesos por su gestión ante la ANI. Ese dinero, supuestamente, llegó a sus manos a través de un pago que se le hizo a la firma Megaland S.A.S., empresa fantasma que habría sido la intermediaria para la millonaria coima.

La defensa de Prieto solicitó que la pena no se cumpla en un centro carcelario sino en una unidad militar, en este caso el Cantón Norte, de Bogotá.

Frente a esto, el funcionario judicial dijo que "es el director general del Inpec el que determina dónde pagarán la pena las personas condenadas".

Sin embargo, enfatizó en que si no se acepta este punto, el preacuerdo no se llevaría a cabo, por ello se impartirá dicha orden para que el Inpec proceda al traslado.

Frente a la decisión judicial, todas las partes estuvieron de acuerdo.

JUSTIICA

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