Por más de seis años, el ingeniero Andrés Cardona Laverde, el mismo hombre que, sin cargo, quitaba y ponía en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, logró sacarle el cuerpo a la justicia.
Eso a pesar de que desde el 2013 uno de sus antiguos socios, el polémico contratista Emilio Tapia, lo había señalado como actor de primera línea en el saqueo al presupuesto de la capital en el ‘carrusel’ de la contratación.
Su suerte, sin embargo, empezó a cambiar a finales del año pasado, cuando el desplome del imperio de Odebrecht reveló su maraña de sobornos por todo el mundo.
Por orden del fiscal Néstor Humberto Martínez empezó un rastreo de cualquier caso en el que hubiera sido mencionada la firma brasileña o alguno de sus negocios en Colombia. Ese barrido juntó las declaraciones de Tapia con la certeza de que la multinacional no se paraba en consideraciones legales a la hora de asegurar sus millonarios negocios. El resultado fue la captura de Cardona (quien, según la Fiscalía, estaba manipulando pruebas y tenía la posibilidad de huir del país para eludir a la justicia) y un nuevo expediente contra los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, ambos ya condenados por entrar a saco en las licitaciones de la ciudad.
Mientras las investigaciones por las megaobras de orden nacional y por la supuesta infiltración de la campaña presidencial del 2014 avanzan (el más reciente salpicado es el poderoso congresista Bernardo Miguel Elías Vidal, el ‘Ñoño’), la Fiscalía sigue esculcando en el accidentado trámite de la construcción del interconector de aguas negras entre el río Tunjuelo y la planta de Canoas. Fue un contrato por 244.000 millones de pesos en el que, de nuevo, se aplicaron las reglas de juego de los Moreno: pagar por debajo de la mesa para quedarse con el negocio.
En el expediente, además del ingeniero Andrés Cardona Laverde, capturado el lunes y enviado por un juez a la cárcel Modelo, aparecen al menos una decena de personas que, según fuentes del proceso, serán llevadas ante los tribunales en los próximos días.
Entre los enredados por el caso están el exgerente general de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Jorge Enrique Pizano, el gerente corporativo del Sistema Maestro, Julián Montoya Guzmán, y el director de Contratación y Compras de la entidad, Jaime Díaz Ortiz.
Ellos, dice la Fiscalía, se prestaron por orden del entonces Alcalde Mayor para acomodar las condiciones y los términos de la licitación a la medida del consorcio conformada por Odebrecht y Cass Constructores.
En el 2009, antes de la adjudicación, un grupo de subcontratistas, que durante todos estos años ha seguido en el mercado, viajó a México para ofrecerle el negocio a una empresa de ese país. Su plan era ser subcontratados por la firma, que llegaría al país con la garantía de que iba a quedarse con la licitación. Pero el plan no se concretó y entonces, dice el expediente, Cardona Laverde planteó un nombre de primera línea en el mundo de las megaconstrucciones: Odebrecht. La propuesta fue autorizada por el exsenador Iván Moreno Rojas, con una advertencia clara: “Siempre y cuando paguen”. El pago para los hermanos, dijo la Fiscalía esta semana en las audiencias contra el ingeniero, fue de mil millones de pesos.
Entre los contratistas que viajaron a México a buscarle dueño a la construcción del interconector –dice el expediente– estaban Gustavo Alberto Giraldo Uribe, socio de Cardona en ACC Ingeniería; Jaime Buenaventura Quintero, propietario de Contelac y Julián Gómez Naranjo, socio de H2O Consulting.
En la investigación también aparece el contratista Orlando Fajardo Castillo, representante de la constructora Fajardo Nieto Ltda. Fajardo figura con contratos con la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) por más de 15.000 millones de pesos y otras obras con alcaldías locales de la ciudad. Fajardo Castillo es señalado de pagarle a Manuel Sánchez 255 millones de pesos para que la empresa que este último representaba se retirara de la licitación.
La empresa de Fajardo terminó subcontratada por Odebrecht, lo mismo que ACC, la empresa de Cardona y de Gustavo Alberto Giraldo, que recibieron la construcción de las vías de acceso a los pozos del interceptor. Por esa obra se pagaron 2.070 millones de pesos, de los que al menos 664 millones corresponden a sobrecostos, según las investigaciones.
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Otros dos de los viajeros a México –Jaime Buenaventura Quintero Sagre (Contelac) y Julián Gómez Naranjo (H2O Consulting)– se ganaron la interventoría de la obra, por un valor de 3.150 millones de pesos. Esas mismas empresas se ganaron ocho días después de la firma del contrato con Odebrecht la interventoría de las obras de revestimiento de los túneles del sistema Chingaza, por más de 900 millones de pesos. Tuvieron un socio mexicano, la firma Conisa S. A., que según Emilio Tapia fue contactada durante el polémico viaje de los contratistas que ahora están en la mira de la Fiscalía.
Una pieza central en el expediente de la Fiscalía son las declaraciones juramentadas de Emilio Tapia, rendidas en octubre del 2013 y noviembre del 2016.
En ellas el contratista, que enfrenta dos condenas de tres y siete años de cárcel por el robo a Bogotá, explicó cómo se habría orquestado el direccionamiento del contrato del interceptor Tunjuelo-Canoas.
Según Tapia, Cardona era la persona que mandaba en todos los contratos en la Empresa de Acueducto de Bogotá y el que daba las recomendaciones para los cargos. “Se encargaba de hacer las modificaciones en los pliegos de condiciones de los procesos licitatorios, de organizar las invitaciones públicas, ubicar y negociar con los contratistas el monto de las comisiones y del direccionamiento de los contratos a los mismos. También participaba a través de sus empresas en muchos procesos y obviamente fue adjudicatario de varios como, por ejemplo, en las obras de Tunjuelo-Canoas”, le dijo Tapia al ente investigador. También confesó que el senador Iván Moreno le dio instrucciones para que, junto con Cardona, se encargara de buscar el contratista.
Esta es su versión: “Nos reunimos con Cardona y acordamos viajar a México a entrevistarnos con una empresa que él conocía. Al volver, Iván Moreno me dijo que la construcción de esa obra debía ser para un grupo que estaba asesorando Manuel Sánchez Castro. Sin embargo, Cardona me propuso que la interventoría, que Iván Moreno me había asignado, me la cambiaba por otras obras del Acueducto (...). Me dijo que había otro consorcio que sí cumplía y estaba dispuesto a pagar las condiciones. Así se adjudicó ese contrato a ese consorcio y la interventoría a la empresa mexicana que llevó Cardona, así que Cardona tenía el contrato y la interventoría”.
Según la Fiscalía, Andrés Cardona habría ofrecido a través de Emilio Tapia el pago de una suma correspondiente al 6 por ciento del valor del proyecto a Samuel e Iván Moreno Rojas, para que se le permitiera al consorcio Canoas quedarse con el contrato. El ente investigador dice que tiene pruebas de que efectivamente se desembolsaron $ 1.000 millones al entonces alcalde de Bogotá y a su hermano.
JUSTICIA
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