La abogada Lilibeth Cortés, quien lleva varios años en Sisma Mujer –organización que asesora y acompaña a víctimas de maltrato–, explica cómo funciona la ruta de atención, cuáles son sus fallas y cómo una mujer puede exigir apoyo.
¿A qué lugar puede acudir una víctima de maltrato?
Hay dos rutas de atención: las comisarías de familia y la Fiscalía. Las mujeres pueden llegar ahí, poner en conocimiento su caso y pedir medidas de protección que están reguladas por la Ley 1257 del 2008, que es la ley de no violencia contra las mujeres.
Esta contempla, por ejemplo, solicitar el desalojo del agresor de la vivienda, impedir que se acerque a la víctima y cualquier otra medida que se considere necesaria para estar protegidas. Si necesitan trasladarse de barrio o de ciudad, hay otras medidas que las ayudan a salir de estos ciclos de violencia.
¿Cómo se articulan las demás entidades?
En lo laboral, el Ministerio del Trabajo tiene la obligación de ayudar a ubicar a la víctima, para que pueda ser independiente económicamente. Se debe garantizar que las mujeres víctimas de violencia y sus hijos no sean desescolarizados y puedan trasladarse fácilmente. En el ámbito de la salud, tienen derecho a recibir atención por afectaciones físicas, emocionales, reproductivas y apoyo psicológico. Además, si la mujer llega golpeada a un centro de salud, la entidad debe avisar a la Fiscalía y la Policía. También pueden acudir al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid).
¿Qué sigue luego de que presentar la denuncia?
La comisaría de familia valora el caso y solicita las medidas de protección directamente. Los fiscales tienen la obligación, según ordena la sentencia 772 del 2015 de la Corte Constitucional, de acudir ante el juez de control de garantías y pedir la protección.
¿Qué hacer cuando no le reciben la denuncia?
La mujer puede denunciar estos casos para que se sancione disciplinariamente a los funcionarios. Esta falta puede implicarles hasta la destitución del cargo.
¿En qué ha fallado la justicia?
Las comisarías y la Fiscalía no se pueden quedar con la idea de que ya le dimos un papel que dice que no la pueden agredir.
La protección de las mujeres tiene que ser real y efectiva; y si se requiere, incluso, restringirle la libertad provisionalmente al agresor, hay que hacerlo, y la ley lo permite.
Hemos visto que a las mujeres no les suelen creer cuando van a las comisarías de familia, y por lo general se consideran esas agresiones en un contexto de conflicto de pareja. Esto quita la visión de que de lo que se trata es de una violación de los derechos humanos y tiene que ser atendida con un enfoque de derechos humanos de las mujeres y no como se tramita otro delito.
¿Cuáles son los errores más comunes?
En las comisarías de familia obligan a las mujeres a acudir a terapias de pareja con su agresor, pese a que desde el 2008 la ley permite a las mujeres no tener que confrontarlo en ningún espacio. Se van a cumplir 10 años de la ley y aún siguen obligándolas a estar en espacios comunes con su agresor.
Las comisarías consideran que es más importante la unión familiar por encima de los derechos fundamentales de los integrantes de esa familia, especialmente cuando son mujeres. Eso es muy grave; muchas mujeres lo que quieren es separarse del agresor y cuando las obligan a ir a terapias de pareja, se va enredando el caso.
También hemos identificado que hay una subvaloración del riesgo. Cuando una mujer dice ‘me van a matar’, le responden ‘eso dicen todas’ y no se la da la transcendencia suficiente a este tipo de afirmaciones.
¿Usted cree que si las entidades actúan correctamente se pueden salvar vidas?
El caso de Claudia Giovanna era perfectamente evitable. Ella debería estar viva si las autoridades que tenían que ver con ese caso hubiesen actuado como lo manda la ley. Era evidente que había riesgo de feminicidio por el perfil de la violencia que estaba viviendo.
Cuando hay intervención temprana es más probable que se reduzca la posibilidad de feminicidio, porque se envía el mensaje al agresor de que esta situación de violencia contra las mujeres no es aceptable o no va a estar tolerada, pero cuando la intervención tarda mucho, ese poder sobre la víctima se consolida.
¿Es común que quien abandone la casa sea la víctima y no el agresor?
Lo que dispone la Ley 1257 es el desalojo del agresor y no de la víctima. Lamentablemente, muchas mujeres terminan huyendo y desplazándose forzosamente para salvaguardar su vida y la de sus hijos.
Pero lo que la ley prevé es que sea el agresor el desalojado porque no se entiende por qué la víctima, además de estar en una situación que amenaza sus derechos fundamentales, deba asumir la carga, trasladarse y desplazarse.
Marcando 155 desde un celular o un teléfono fijo, las mujeres víctimas de maltrato reciben atención y orientación inmediata sobre qué deben hacer. Los asesores entregan información jurídica y sobre zonas de atención nacional y las entidades en las que pueden denunciar. Ante una emergencia, los funcionarios se comunican con la Policía para que un uniformado se desplace y acompañe a la víctima.
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