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El proyecto que busca bajar reclutamiento y reincidencia en cárceles
Hacinamiento en cárceles

Del total de los internos, 139 han sido condenados. Mientras que 123 están a la espera de resolver su situación jurídica.

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Jaime Moreno / EL TIEMPO

El proyecto que busca bajar reclutamiento y reincidencia en cárceles

Ministerio de Justicia comenzó piloto de alternatividad penal, en alianza con Estados Unidos.

Dos de cada 10 condenados que están en la cárcel actualmente son reincidentes. Esto de acuerdo con datos del Inpec que señalan que de los 74.398 condenados en prisiones nacionales, 16.172 personas –el 21,7 por ciento– ya habían sido sentenciadas antes y fueron enviadas a prisión nuevamente por cometer otros delitos.

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Buscando impactar, entre otras, esta cifra, el Ministerio de Justicia puso en marcha un proyecto piloto de alternatividad penal, con apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos (INL).

La iniciativa será ejecutada bajo la dirección de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la OEA y busca primordialmente “interrumpir el ciclo de reclutamiento, actividad y reincidencia del crimen organizado”, indicó el ministerio.

Crear mecanismos que no impliquen cárcel dificultará el reclutamiento de personas poco peligrosas al crimen organizado

Esta cartera espera lograr ese objetivo reduciendo “la cantidad de infractores elegibles de bajo riesgo que son enviados a centros carcelarios y penitenciarios”. Pero también se planea reducir la reincidencia penal y evitar el hacinamiento carcelario, que a la fecha está en el 21 por ciento.

El piloto está, por ahora, en una fase preliminar de designación de delegados, indicaron desde el Ministerio de Justicia.

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Esos delegados serán los encargados de planificar los aspectos específicos del piloto como el dónde se hará y cuántas personas participarán, pero desde ya el ministerio lo anunció como una apuesta para una política criminal que racionalice el uso de la prisión y en la que “no todo delito signifique cárcel de manera automática”.

Wilson Ruiz, ministro de Justicia, explicó que buscar y crear mecanismos que no impliquen cárcel “dificultará el reclutamiento de personas poco peligrosas al crimen organizado, pues estarían cumpliendo sus penas sin un contacto directo con aquellas que impliquen un mayor riesgo y peligro”.

Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del Derecho.

Foto:

Nicolás Galeano-Presidencia

Precisamente, aunque no se han definido aún exactamente cuántos procesados participarán de este piloto, que tendrá una duración de tres años, harán parte sindicados o condenados por delitos no violentos y cuya naturaleza presente un riesgo bajo para la seguridad pública.

La limitación a ese grupo, según Ruiz, obedece a que la experiencia internacional indica que este tipo de personas “responden positivamente a la aplicación de medidas alternativas reduciendo su probabilidad de reincidencia, y que su ingreso a la cárcel los deja en una situación donde son propensos a reincidir e ingresar al crimen organizado”.

Según está contemplado, para este piloto no es necesario crear nuevas opciones, sino que se optimizará el uso de las alternativas al encarcelamiento que ya existen en el Código Penal, pero que son subutilizadas.

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Además de un esperado impacto en la reducción del reclutamiento para el crimen organizado, la cartera de Justicia destacó que las medidas alternativas permiten que se devuelva a la prisión la condición de medida excepcional que debe tener, “lo que genera un impacto inmediato en las cifras de hacinamiento y, a su vez, en la mejora de las garantías de reclusión”.

Esto, mencionó, tendrá igualmente efectos positivos en la protección de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad y en la generación de nuevas oportunidades de resocialización en la sociedad, lo que reduciría la reincidencia.

Evaluación riesgo

Para determinar a quiénes se les pueden aplicar medidas alternativas a la prisión se construirá una herramienta de evaluación del riesgo para que los jueces puedan tomar decisiones con información empírica.

Esa herramienta evaluará una serie de criterios de la persona, como el historial criminal, actitudes antisociales, asociaciones con compañeros que delinquen, historial académico y laboral, uso problemático de sustancias psicoactivas y la situación de vivienda y entorno familiar. Esto para determinar sus necesidades y nivel de riesgo.

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Durante los 36 meses de ejecución del proyecto, la labor de monitoreo y evaluación de los resultados estará a cargo del Centro de Innovación Judicial (CCI por su sigla en inglés), un instituto con reconocimiento internacional en crear programas para probar nuevas ideas en materia de justicia en todo el mundo.

justicia@eltiempo.com

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