“Disparar armas de fuego, teniendo permiso para su porte o tenencia, sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual, o inminente, e inevitable de otra manera”. Es decir, hacer un disparo al aire, ya no será delito y, por tanto, no dará cárcel.
Pero descriminalizar esa conducta no es un tema menor, si se tiene en cuenta que el año pasado las balas perdidas cobraron la vida de 62 personas y dejaron a otras 141 heridas. De hecho, el 2016 presentó un incremento del 88 por ciento con respecto al año 2015 de las víctimas de balas perdidas que pasaron de 108 a 203, según un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Por eso, la propuesta no cayó bien entre los expertos que consideran de máxima gravedad que el uso indiscriminado de armas de fuego se castigue solamente con el decomiso del arma y el cobro de una multa.
Jorge Restrepo, el director del Cerac, calificó la propuesta como “inconveniente” y señaló que cuando se logró que se penalizara “hubo una reducción sustancial de muertes generadas por balas perdidas”.
Además, le dijo a EL TIEMPO que aunque puede ser necesario revisar la política criminal del país, el proyecto, que salió de un consenso entre los integrantes del Consejo de Política Criminal, no diferencia las conductas no violentas de las violentas en términos de sanciones, lo que a su parecer afecta directamente la seguridad ciudadana.
El abogado penalista Jaime Granados coincidió con esa opinión y afirmó que en derecho penal los actos que amenacen la seguridad común deben ser sancionados. Además, indicó que los castigos tienen también una función simbólica, algo que quedaría relegado si se aprueba la descriminalización del delito.
Comentar