La Procuraduría General de la Nación le pidió al comandante general de las Fuerzas Militares y al director de la Policía Nacional que entreguen, a la mayor brevedad, un informe sobre la totalidad de los casos de investigaciones por abusos o violencia sexual presuntamente cometidos por miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea o la Policía.
El Ministerio Público precisó que este informe debe especificar la fecha y lugar de ocurrencia de los hechos, la identificación y ubicación de la presunta víctima.
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Igualmente, le pidió a los generales Luis Fernando Navarro Jiménez,comandante de las Fuerzas Militares, y Óscar Atehortua Duque, director de la Policía, la información de los presuntos victimarios, de la autoridad penal a la que se remitió, si se inició actuación disciplinaria y el estado en que se encuentra cada expediente.
Para la Procuraduría es preocupante que por denuncias públicas se haga referencia a eventos en los que presuntamente miembros de la fuerza pública y de la policía podrían haber victimizado no solo a niñas de comunidades indígenas sino a mujeres adultas u otras personas.
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Solo en la última semana se conocieron dos casos de abuso sexual a menores de edad indígenas en Risaralda y Guaviare cometidos por militares.
En el caso de Risaralda, ocurrido el 21 de junio en el corregimiento Santa Cecilia, de Pueblo Rico, siete soldados violaron a una niña embera chamí de 13 años. Los uniformados, que ya aceptaron cargos, se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel.
El segundo caso, ocurrido en septiembre del 2019 en cercanías a San José del Guaviare, varios uniformados habrían abusado sexualmente por varios días de una menor de 15 años de la etnia nukak makú.
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Además, en la mañana de este miércoles, en rueda de prensa, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, informó que desde 2016 tienen información de 118 uniformados presuntamente vinculados a casos de abuso sexual de menores de edad.
De esto, 45 fueron retirados del servicio activo y los restantes están inmersos en las investigaciones disciplinarias correspondientes, indicó Zapateiro, quien concluyó diciendo que todos los procesos están en manos de la Fiscalía y de los organismos competentes.
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