A la decisión de la Fiscalía de pedir la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez aún le queda un largo camino por recorrer.
Hoy vencía el plazo de 120 días que tenía el fiscal Gabriel Jaimes para tomar una decisión en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
EL TIEMPO consultó con juristas sobre el futuro del proceso.
Según el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate las víctimas –que para esta investigación serían Iván Cepeda, así como el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo- podrán oponerse.
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De otro lado, explicó Bernate, la petición de preclusión que hace la Fiscalía no obliga tampoco al juez, quien puede aceptarla o negarse.
Según Camilo Burbano, profesor de derecho penal del Externado, en esa audiencia en la que la Fiscalía solicita la preclusión el ente acusador debe sustentar los argumentos con los que está haciendo su petición, y las víctimas también pueden presentar sus pruebas y alegatos, si no están de acuerdo.
Si el juez acepta la solicitud de preclusión, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
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Y si, por el contrario, el juez niega la solicitud de preclusión la Fiscalía se vería enfrentada a tener que decidir si presenta una acusación con lo que tiene, o si reformula su petición de preclusión, asegura Bernate.
Aunque el juez no puede obligar a la Fiscalía a acusar, explica Burbano, como en este caso ya se acabó el tiempo y se vencieron los 120 días de plazo que tenía el fiscal Gabriel Jaimes para investigar y definir qué hacer con el caso Uribe, esto llevaría a que el ente acusador tenga que tomar una decisión.
En todo caso, si el juez niega la preclusión, la Fiscalía y la defensa de Uribe también podrían apelar esa decisión, con lo cual el caso también pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
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Para resumir, todo estos significa que ya sea que el juez precluya o decida no hacerlo, si las víctimas apelan la decisión de cerrar el caso, o si la Fiscalía y defensa apelan la decisión de no darlo por terminado, esas apelaciones terminarían en el Tribunal Superior de Bogotá.
Esto, con un elemento adicional: el Tribunal no pondría el punto final, porque la decisión que tome también tiene recursos y el caso podría llegar en casación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien tendría la última palabra.
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