El año pasado, Medicina Legal realizó 28.410 necropsias de las cuales 4.023 resultaron casos de personas muertas por causas naturales. Por esos hechos se abrieron 3.598 investigaciones que finalmente fueron archivadas.
A pesar de que no se trataba de hechos violentos y las muertes estaban asociadas especialmente a enfermedades, Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía tuvieron que intervenir destinando recursos y personal. Además, las familias de los fallecidos tuvieron que hacer trámites y esperar a que les entregaran a su ser querido.
Si estamos gastando nuestra capacidad en investigar muertes naturales, pues dejamos de atender con la prioridad que requieren los homicidios
Para poner fin a esa situación, la Fiscalía y el Ministerio de salud firmaron una circular que faculta a médicos y trabajadores de la salud para certificar las muertes naturales sin necesidad de inspección del CTI o de la Policía.
“Muchas muertes naturales se están judicializando por falta de coordinación con las EPS, esto está generando costos excesivos para la justicia y un mayor sufrimiento para las familias”, señaló el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tras afirmar que el sistema judicial solo debe intervenir “frente a un homicidio o sospecha de homicidio, suicidio o sospecha de suicidio, cuando se requiera distinguir entre homicidio y suicidio y cuando hay una muerte accidental o sospecha de la misma”.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que cada autopsia practicada por Medicina Legal cuesta seis millones de pesos y obliga a la creación de una noticia criminal y la asignación de un fiscal para evaluar el caso.
“Con cada caso se activa todo el sistema judicial. Si estamos gastando nuestra capacidad en investigar muertes naturales, pues dejamos de atender con la prioridad que requieren los homicidios que son los que tienen la trascendencia penal”, dijo Martínez Neira.
