¿Por qué están matando a los reincorporados de las Farc?

¿Por qué están matando a los reincorporados de las Farc?

El caso más reciente es el de Wilson Saavedra, quien llegó a ser comandante de la extinta guerrilla.

Zonas de desmovilizados

Hasta el momento no se han registrado asesinatos dentro de los ETCR, las zonas donde viven los desmovilizados.

Foto:

Óscar Bernal - Llano Sie7e Dias / Archivo EL TIEMPO

Por: Alejandro Jiménez González- Razón Pública
19 de mayo 2019 , 06:02 p.m.

Con la firma del acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano se redujeron considerablemente el número y la incidencia de los delitos violentos, y en especial de los homicidios, los secuestros, las afectaciones por minas antipersonales o por municiones sin explotar.

Pero, mientras tanto, ha aumentado otro tipo de violencia: el asesinato selectivo de líderes sociales y excombatientes de las Farc y sus familias por motivos sociopolíticos. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 23 de abril de 2019, la Fundación Paz & Reconciliación ha registrado el asesinato de 91 excombatientes y 26 de sus familiares.

Al cierre de esta edición las Farc contabilizaba 131 asesinatos de exguerrileros. El último caso ocurrió el 14 de mayo: en Tuluá un sicario acabó con la vida de Wilson Saavedra, excomandante del frente 21.

Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), hasta el pasado 31 de marzo la oficina del Alto Comisionado para la Paz había acreditado un total de 13.190 personas como desmovilizadas. De estas personas, 13.010 están siendo atendidas según los procedimientos previstos para su reinserción económica y social, 8.459 residen fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y 3.479 siguen viviendo en estos espacios.Pero no se tiene información precisa sobre el paradero de 1.072 personas, quienes podrían haber abandonado el proceso de paz, o simplemente haber decidido aislarse en el anonimato.

‘Modus operandi’

La mayoría de los autores materiales de los hechos no han sido identificados. En el listado de posibles victimarios figuran el ‘clan del Golfo’, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Grupos Armados post-Farc y la Fuerza Pública.

A partir de la información que se ha dado a conocer acerca de estos crímenes, hemos podido identificar un ‘modus operandi’. Gran parte de los asesinatos selectivos han sido ejecutados bajo la modalidad de sicariato. Estos hechos violentos tienen lugar en los lugares de residencia de las víctimas, en sitios concurridos, como establecimientos comerciales y en vías públicas –sobre todo– veredales.

Hasta el momento no se ha registrado ningún asesinato dentro de los ETCR, y allí siguen activas las unidades de la Fuerza Pública que habían sido destinadas a brindar seguridad en estos lugares.

Pero por fuera del perímetro de los ETCR, los exintegrantes de las Farc –sin escoltas ni otras medidas de seguridad– corren por supuesto un riesgo de seguridad, sobre todo si transitan hacia los nuevos puntos de reagrupamiento en las zonas donde hacía presencia la antigua guerrilla.

Debe notarse que los riesgos varían según el territorio donde los desmovilizados decidan continuar su proceso de reincorporación. Las regiones más críticas son el bajo Atrato, bajo Cauca antioqueño, norte del Cauca, Catatumbo, sur del Meta, Caquetá y Guaviare, donde se vive un reacomodo de actores armados como producto de la desmovilización de las Farc.

Los departamentos que registran mayor número de exguerrilleros victimizados son, en su orden: Nariño (20), Cauca (19), Antioquia (13), Norte de Santander (10) y Caquetá (10).

Los municipios de Tumaco, El Charco, Argelia, Ituango, El Tarra y San Vicente del Caguán son los que registran el mayor número de casos de homicidio selectivo de excombatientes de las Farc.

De los veintiséis familiares de reincorporados de las Farc que han sido asesinados, tres eran mujeres y dos eran menores de edad. Los municipios con mayor victimización a estas personas son Ituango y Tarazá, en Antioquia; Argelia, en Cauca, y litoral de San Juan, en el Chocó.

¿La historia se repite?

Según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia se han llevado a cabo procesos de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) durante más de 35 años y a través de catorce experiencias y nueve programas diferentes.

A continuación, aludiré a dos casos de DDR que brindan elementos para plantear hipótesis que podrían explicar el asesinato selectivo de excombatientes de las Farc y sus familiares.

Este programa resultó de la firma del acuerdo de paz con el Ejército Popular de Liberación (Epl), el 15 de febrero de 1991, y su posterior transformación en movimiento político (Esperanza Paz y Libertad), bajo el concepto de reencuentro social y político.

Los excombatientes del Epl hicieron parte de los programas que acogieron a 6.500 exintegrantes de los varios grupos armados que acordaron la paz al comienzo de los años noventa. Entre estos grupos se cuentan el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Corriente de Renovación Socialista y distintas milicias populares de Medellín.

Entre 1991 y 1996, en la región de Urabá se desató una ola de violencia contra los ‘Esperanzados’, llevada a cabo por una facción disidente del proceso, que comenzó como una suerte de persecución política alegando traición. En esta campaña de persecución participaron, además, unidades de las Farc y grupos paramilitares.

Al final, se cometieron dieciocho masacres y otras 763 agresiones, entre homicidios, atentados, desplazamientos forzados y amenazas. Los ataques sistemáticos exterminaron ese movimiento político y sabotearon los proyectos productivos en el marco de la reincorporación económica.

Los grupos agresores (disidencia del Epl, Farc y paramilitares) habían decidido continuar sus respectivas luchas armadas, y acudieron a la violencia para despojar las tierras donde se habían asentado los excombatientes del Epl.

Las Auc

La segunda experiencia se derivó de la llamada Ley de Justicia y Paz. Entre 2003 y 2006 se reportó la desmovilización colectiva de 31.671 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de los cuales 20.267 participaron activamente en los programas de reincorporación.

Durante este proceso también fue evidente la falta de capacidad de las instituciones para proteger a los desmovilizados. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación calificó como crisis humanitaria los más de 1.300 asesinatos, amenazas, desapariciones forzadas y reclutamientos ilícitos de excombatientes de las Auc.

Para ese entonces, los municipios con mayor número de desmovilizados fueron también los lugares donde surgieron nuevos grupos armados, conformados por los antiguos paramilitares. Así ocurrió en los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba y los Santanderes.

En estos departamentos se encontró que las condiciones de seguridad eran precarias, tanto para los desmovilizados como para las víctimas reconocidas en el marco de Justicia y Paz. Valiéndose de amenazas o de ofertas económicas, los grupos emergentes intentaban volver a reclutar a los desmovilizados para engrosar sus filas. Quienes se negaron a aceptar la “invitación” habrían sido las principales víctimas de las retaliaciones. Así mismo, se dieron agresiones contra los desmovilizados de las Auc por colaboración presunta con las autoridades para deshacer esos nuevos grupos criminales.

¿Por qué los asesinan?

Emilio Archila, el consejero para el Posconflicto, afirmó en una comunicación dirigida a Iván Márquez que los asesinatos de exintegrantes de las Farc son el resultado de su reincidencia en actividades ilegales.

Pero hay otras tres hipótesis que contradicen a Archila, y que guardan relación con la experiencia de las desmovilizaciones del Epl y de las Auc.

Según la primera hipótesis, los exguerrilleros reincorporados se resistieron a formar parte de otros grupos armados. Estos grupos, con experiencia en los quehaceres de la guerra y con presencia arraigada en esos territorios, habrían tomado represalias contra los excombatientes de las Farc.

La segunda hipótesis consiste en las posibles operaciones que estaban sin concluir en el momento de dejación de armas de las Farc, tales como las disputas entre esta guerrilla y el ‘clan del Golfo’ en el bajo Atrato, o en Arauca con el Eln.

La tercera hipótesis explica los hechos violentos como venganzas por los abusos y agresiones contra la población que habrían sido perpetradas por los ahora reincorporados de las Farc, venganzas que además se extenderían a las familias de los exguerrilleros.

Por todo esto, es urgente reforzar la seguridad y garantizar de veras la integridad de las personas reincorporadas, en especial de aquellas que harán parte activa de las próximas elecciones regionales. Su visibilidad puede hacerlos blanco de ataques de agentes legales e ilegales.

ALEJANDRO JIMÉNEZ GONZÁLEZ*
Razón Pública* Politólogo de la Universidad Nacional, especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública e Investigador de la Línea Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación.

Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

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