La Fiscalía le imputó el delito de homicidio al patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia por su presunta responsabilidad en la muerte de Angie Paola Baquero, de 29 años, en medio de las protestas del 9 de septiembre del año pasado.
La fiscal del caso señaló que por su actividad laboral el uniformado tenía capacitación en manejo de armas y, además, conocía de las regulaciones para enfrentar protestas como las registradas el día de los hechos.Indicó que la Fuerza Pública debe dar prioridad al uso de medidas disuasivas y preventivas antes de proceder al uso de las armas de fuego.
(Lea en contexto: Piden que caso por homicidios en protestas vaya a Justicia Militar).
"Usted ha sido capacitado para enfrentar este tipo de situaciones", cuestionó la fiscal del caso, y señaló que el uniformado actuó de manera descuidada.
Indicó que peritos certificaron que la bala que mató a la víctima fue disparada del arma de dotación asignada al uniformado, que estaba en servicio en el CAI de Aures.
Relató que la víctima llegó de trabajar a su casa y salió acompañada de otra persona al lugar en el que se realizaban protestas por el homicidio del joven estudiante Javier Ordóñez. Permaneció en el sitio, luego regresó a la casa y unos minutos volvió a salir.
La Fiscalía dijo que la mujer se sumó a la protesta y acompañó los cánticos que estaban haciendo y, en ese momento, fue impactada por un disparo que le costó la vida.
(Lea en contexto: Fiscalía tiene 93 testigos en caso de homicidio de Javier Ordóñez).
Añadió que por su responsabilidad en el delito, el uniformado podría recibir una pena de más de 17 años de cárcel en caso de ser condenado.
El policía no aceptó el cargo imputado y se irá a juicio.
Yenifer Catherine Rodríguez Hernández, representante de la mamá de la víctima, se mostró en desacuerdo con el relato de la Fiscalía y dijo que la mujer nunca hizo parte de las protestas.
Insistió en que ella no realizó ninguna agresión a la policía y solo estaba observando la situación.
Igualmente dijo no estar de acuerdo con la decisión de la Fiscalía de no pedir medida de aseguramiento en contra del uniformado, quien podrá continuar en libertad durante el proceso.
La abogada pidió que se le permita a la representación de la víctima solicitar la medida de aseguramiento del uniformado en centro carcelario.
La Fiscalía respondió que no pidió la medida al considerar que no procedía por el delito imputado.
Al contrario de lo sucedido con los otros uniformados vinculados a la muerte de civiles en los hechos de violencia de septiembre del año pasado, la defensa de Lasso Valencia no pidió que el caso pasara a la Justicia Penal Militar.
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