La Fiscalía tiene la hipótesis de que las muertes de cuatro civiles durante los hechos de violencia del 9 de septiembre, que involucran a tres policías, no son actos del servicio y no pueden ir a la Justicia Penal Militar.
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Así lo afirmaron fuentes del ente acusador, las cuales señalaron que seguirán avanzando en las investigaciones por esos hechos y se harán las gestiones para poder imputar cargos en principio a tres uniformados vinculados a cuatro de las víctimas que se registraron en medio de las protestas que generó el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en el occidente de Bogotá, en septiembre del año pasado.
Con esas audiencias, la Fiscalía empezó a aclarar responsabilidades en la muerte de civiles durante los desórdenes, aunque, según fuentes oficiales, no se han culminado las pesquisas. En la Procuraduría avanzan paralelamente investigaciones disciplinarias por los mismos hechos.
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La Fiscalía intentó ayer, en audiencias separadas, imputarles el cargo de homicidio a los uniformados Andrés Eduardo Díaz Mercado, Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez y José Andrés Lasso Valencia.
El primer uniformado es investigado por la muerte de Germán Smyth Puentes Valero en el sector de Rincón de Suba; el segundo, por la muerte de Jáider Alexánder Fonseca Castillo y Andrés Felipe Rodríguez Ávila en el sector de Verbenal, y el tercero, por la muerte de Angie Paola Baquero Rojas en la zona de Aures.
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Solo dos de las audiencias alcanzaron a ser instaladas y para hoy está previsto iniciar la diligencia contra Lasso Valencia.
Ante el juez 42 de control de garantías de Bogotá se instaló la audiencia contra el policía Andrés Eduardo Díaz Mercado.
Según su defensa, en la actuación del uniformado “no se avizora ningún tipo de extralimitación”, y dijo que la muerte de Puentes Valero supuestamente se dio “en un cruce de disparos que se da para repeler un ataque contra el CAI, que está siendo incendiado, así como las motos de la Policía”.
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El abogado añadió que “no hay razonamiento para decir que se trató de una violación de derechos humanos ni que hubo sistematicidad”.
No hay razonamiento para decir que se trató de una violación de derechos humanos ni que hubo sistematicidad
Sin embargo, la representante de víctimas, Nadia Triviño, se opuso a que este caso pase a la Justicia Penal Militar. Primero señaló que sí hay un contexto de sistemáticas agresiones de la policía a la protesta pacífica, citando varios casos de extralimitación policial y delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.
Y en el caso particular dijo que “sobrepasó la proporcionalidad, necesidad y racionalidad del uso de la fuerza”.
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Según la abogada Triviño, la víctima recibió un impacto de bala en la espalda, disparada por un arma del patrullero Díaz Mercado, quien, según ella, incurrió en una “extralimitación de autoridad” pues el ciudadano no estaba armado, y así lo demuestran los informes de las autoridades.
El patrullero Díaz Mercado, aseguró la abogada, pudo haber afectado incluso a más personas, pues “disparó su arma 21 veces”.
“Es evidente que por la forma en que se presentaron los hechos, los delitos no guardan ninguna relación con el servicio. La persona contra la que disparó era un civil que se movilizaba en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos”, dijo la representante de las víctimas.
En la diligencia también habló el fiscal delegado, quien dijo que está claro que la Fuerza Pública no puede usar las armas de fuego contra civiles, salvo que se trate de un hecho en defensa propia.
Pero en este caso, dijo, de acuerdo con los videos que el ente acusador ha recaudado, “no hubo un riesgo ni un peligro inminente. En los videos tampoco se ve un cruce de disparos, como dijo la defensa”, aseguró el fiscal.
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Por el contrario, señaló: “Lo que se ve en los videos es a miembros de la Policía accionando sus armas de forma desproporcionada contra miembros de la comunidad”. Cuestionó que tras recibir el disparo la víctima ni siquiera fue auxiliada por los miembros de la Policía.
Lo que se ve en los videos es a miembros de la Policía accionando sus armas de forma desproporcionada contra miembros de la comunidad
También criticó que el patrullero Díaz entregó información contradictoria sobre el sitio en el que en realidad se encontraba.
El juez dijo que este no es el momento para definir la competencia y citó la audiencia de imputación para el 28 de enero, a las 9 de la mañana.
En la audiencia contra el policía Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez, su defensa también pidió que el caso pase a la Justicia Penal Militar. El abogado señaló que el día de los hechos se registraron acciones de violencia que no tenían que ver con la protesta pacífica y que el uniformado fue llamado como parte de su trabajo para enfrentar esas acciones que llevaron a la destrucción de sedes de la Policía de la ciudad.
La delegada de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la víctima consideraron que el caso debe seguir en la justicia ordinaria.
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“Se desbordó la función policial. Esa función tiene unos límites frente al uso de la fuerza y sobre todo frente al uso de las armas”, señaló el delegado de la Procuraduría.
El juez del caso levantó la audiencia para el día jueves, cuando dirá si le da la razón al abogado o sigue con el proceso en su despacho. Si el juez decide conservar el proceso, aún el abogado podría interponer colisión de competencias.
El caso podría llegar incluso a la Corte Constitucional, que debe resolver ese tipo de situaciones, que antes estaban en cabeza de la desaparecida Sala Disciplinaria de la Judicatura.
La Fiscalía no ha dado por terminada la investigación por la muerte de civiles durante los hechos de violencia de septiembre del año pasado.
Voceros del ente acusador manifestaron que el caso está priorizado por instrucciones del fiscal general, Francisco Barbosa, y tiene un grupo de investigadores encargados de seguir la revisión de videos y el examen de los dictámenes de los peritos en temas de balística y trayectoria.
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Las tres imputaciones de cargos programadas, dijeron las fuentes, son solo el primer resultado de las pesquisas y se esperan nuevas decisiones en los próximos días.
La Procuraduría, por su parte, avanza en las investigaciones disciplinarias por esos mismos hechos, pero no se han anunciado resultados. El Ministerio Público acudió a la facultad discrecional para tomar los procesos que adelantaba la inspección general de la institución.
En la investigación penal por la muerte de Javier Ordóñez, la Fiscalía realizará, en febrero, otras dos imputaciones de cargos contra otros dos uniformados. Por ahora imputó y presentó escrito de acusación contra los uniformados Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos.
Por los hechos, ellos ya fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General con destitución e inhabilidad por 20 años.
REDACCIÓN JUSTICIA
