La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, investigada por corrupción en dos programas para reducir la mortalidad infantil, fue enviada a prisión. El juez 35 penal de garantías de Bogotá la envió a la cárcel para garantizar su comparecencia en el proceso.
El juez le dio validez al argumento de la Fiscalía, que aseguró que Pinto podría afectar el proceso por el poder político que tiene en La Guajira y por la influencia en la administración de justicia de esa zona. Según el fiscal, la exgobernadora era quien “manejaba todos los hilos de dicha política pública”.
“Pinto estaba abusando de sus derechos a la libertad, de su proceder, de su conducta, para efectos de determinar algunas personas y defraudar los recursos de Albania para obtener beneficios políticos”, dijo el juez.
La exgobernadora enfrenta cargos por celebración de contratos sin cumplir requisitos, peculado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento privado y público.
Los contratos cuestionados se adjudicaron en el 2011. El primero de ellos se efectuó el 3 de marzo, por 6.900 millones de pesos. El segundo, el 24 de julio, por 7.800 millones de pesos. Además, se hizo una adición por 3.900 millones de pesos, firmada el 15 septiembre del 2011.
“Ella (Oneida Pinto) creó una empresa criminal en el interior de la Alcaldía de Albania, con el único y protervo fin de ser dueña, ama y señora del contrato del programa de reducción de la mortalidad infantil”, dijo el fiscal en la audiencia de imputación.
Para los convenios se designó a 10 coordinadores que subcontrataron a 1.600 personas, quienes recibieron la suma de $1’200.000 para dictar charlas a madres gestantes. Muchas no tenían formación profesional.
