Controles de las autoridades dispararon valor de los votos

Controles de las autoridades dispararon valor de los votos

Fueron anuladas más de un millón de cédulas por trashumancia. Incrementan medidas contra ese delito.

Votaciones

Votaciones.

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Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
26 de octubre 2019 , 07:34 p.m.

El Rosario, Nariño, es uno de los municipios del país con más nuevos votantes inscritos para sufragar este domingo. Allí, los 6.637 ciudadanos habilitados para votar tendrán que elegir entre dos candidatos capturados por delitos electorales.

Se trata de Lauro Nel Arturo Guerrero y Alberto Folleco Eraso, a quienes les imputaron fraude en la inscripción de cédulas y corrupción al sufragante.

En ese municipio, según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), hay 194,6 personas inscritas para votar por cada mil habitantes, una cifra que supera el promedio nacional (84,9) y la tasa de todo Nariño (58,7).

En su informe, la MOE reseñó 33 municipios en donde las tasas de inscripciones de cédulas superaban la tasa nacional e incluso departamental, lo que puede evidenciar posibles riesgos de trashumancia.

Por denuncias de ese delito, el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó 1’065.741 cédulas del total de 3’683.499 de documentos que registraron cambios de lugar de votación, es decir, 39,25 %. La revocatoria de esos documentos no significa que las personas pierdan el derecho al voto sino que deben hacerlo en donde sufragaron por última vez.

De acuerdo con el CNE, los 10 departamentos con más trashumancia electoral son Atlántico, con 127.478 cédulas anuladas (6,6 % de su censo electoral); seguido por Cundinamarca, con 102.390 (5,19 %); Santander, con 94.633 (5,50 %); Norte de Santander, con 60.868 (4,93 %), y Magdalena, con 41.099 cédulas anuladas (4,18 %).

En tanto, los municipios con mayores índices trashumancia los encabeza La Jagua del Pilar (La Guajira), en donde de las 3.277 personas que pueden votar, el CNE excluyó 2.174 cédulas, es decir el 66,34 % de todos los inscritos. Le siguen Ricaurte (Cundinamarca), con un índice de trashumancia del 41,89 % del censo electoral y 5.094 cédulas anuladas.

En tercer lugar se ubica Carmen del Darién (Chocó), en donde del censo electoral de 6.314 personas, 2.243 son trashumantes, esto es el 35,52 % del total. En cuarto lugar está Nariño (Nariño), con un índice de 31,32 % de trashumancia correspondiente a 1.390 cédulas anuladas de las 4.438 inscritas. Por último, el quinto lugar lo ocupa el municipio chocoano El Atrato, con 2.820 cédulas anuladas, que representan el 31,27 % del censo electoral calculado en 9.019.

Investigadores de la Fiscalía han detectado estrategias de compra de votos en los que el valor del sufragio oscila entre los 50.000 y los 500.000 pesos. De hecho, fuentes de la Policía señalaron que por causa de las operaciones para detectar la trashumancia y la compra de votos se ha incrementado su valor y se ha acudido a otros métodos de pago.

En una de las denuncias más graves conocida en esta campaña se habló de la compra de votos por droga a personas con adicciones en Dosquebradas, Risaralda. Sumado al tradicional ofrecimiento de elementos de construcción, que se ha detectado en Nariño y la Costa. Y se han registrado denuncias en Santander sobre ofrecimientos de viajes, electrodomésticos y kits escolares.

Pero no solo se han detectado ofrecimientos a los votantes. La Fiscalía ha documentado presiones a contratistas. El CTI capturó al alcalde de El Paso, Cesar, Hidalfo Rafael de la Cruz, por despedir a cuatro de sus funcionarios por no apoyar al candidato de su elección, un familiar cercano.

Los mensajes de prevención por riesgo de trashumancia fueron un golpe de gracia a los negociantes del trasteo de votos, que ya no contarán con esa herramienta para ganar irregularmente las elecciones

En todo el país la Fiscalía lleva 239 investigaciones por trashumancia electoral en 27 de los 32 departamentos.  

Hace un mes, la Procuraduría, en una acción preventiva, envió a los celulares de 700.000 personas que estarían en riesgo de trashumancia un mensaje de texto advirtiéndoles de la situación, para que pudieran tomar medidas.

Además, el órgano de control le pidió al CNE evaluar estas situaciones lo que, entre otras alertas, llevó a que hoy haya más de un millón de inscripciones anuladas.

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, expresó que esta acción articulada entre instituciones, tuvo el propósito de prevenir la ocurrencia de delitos en estas elecciones, y que sirvió además como estrategia pedagógica, orientando a los ciudadanos para que conozcan qué hacer si su inscripción se revoca.

Además, expresó, fue “un golpe de gracia a los negociantes del trasteo de votos, quienes ya no contarán con esa herramienta para ganar irregularmente las elecciones territoriales. Las elecciones locales son para que tomen decisiones en sus municipios quienes viven en ellos”.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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