El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, afirmó que la ley que entra en vigor desde este sábado garantiza el principio de presunción de inocencia y “brinda la posibilidad de que aquellos que están inmersos en un proceso judicial puedan enfrentarlo en libertad hasta que sean vencidos o no en juicio”.
La norma fue promovida por el exministro Yesid Reyes en el 2015, y el año pasado debió tramitarse de urgencia una nueva ley para postergar un año su plena vigencia. El nuevo plazo también se cumplió y la mora judicial no disminuyó.
El ministro Gil señaló que la ley está en consonancia con pronunciamientos de la Corte Constitucional y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ordena que “toda persona que se encuentre privada de la libertad preventivamente tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
En los últimos meses se instaló una mesa interinstitucional de seguimiento e implementación de la ley, en la cual participaron el Ministerio, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría y el Inpec.
“Esta mesa ha tenido como objetivo definir las estrategias que permitan darle aplicabilidad a la ley, en concordancia con los derechos de las personas sindicadas y las víctimas, así como la racionalización del uso de la detención preventiva”, señaló el ministro.
Puntualizó que de acuerdo con la última información entregada por la Fiscalía, de las 9.634 personas que han cumplido el tiempo de ley para pedir la libertad, 988 se encuentran en prisión domiciliaria y 8.646 en detención intramural.
El Gobierno y la Fiscalía mantienen un contrapunteo por las políticas criminales que tienden a privilegiar la excarcelación. Así, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho que algunas de las leyes y proyectos como el que da rebajas de penas indiscriminadas terminan privilegiando los derechos de los victimarios sobre los de la sociedad. El Ejecutivo dice que se deben buscar alternativas diferentes a la cárcel.
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