Durante su participación en la X Asamblea General de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero defendió los proyectos que se han venido radicando en el Congreso y que buscan otorgar beneficios penales a los presos del país.
Gil Botero sostuvo que proyecto de subrogados penales pretende que en Colombia se implemente una política criminal "coherente".
Hizo énfasis en que con estas leyes se derogarían falencias que vienen desde la colonia y que han puesto al país en una "situación de franca y clara violación de Derechos Humanos".
Vemos cómo sistemáticamente se ha generado un estado de cosas inconstitucional. La @CConstitucional desde 1998 así lo señaló @EnriquegilbGil pic.twitter.com/cmlieJPLgc
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) 22 de marzo de 2017
El recién nombrado Ministro de Justicia dijo también que las personas privadas de la libertad no son ciudadanos de segunda categoría y que por tanto las penas tienen que cumplir su propósito de rehabilitar y resocializar a los presos.
La implementación de subrogados hace parte del fin de resocialización porque es una esperanza que se da a quien se equivocó.
En medio de la charla el Ministro señaló que estos proyectos no hacen parte de un discurso de impunidad para quienes trasgredieron la ley.
El mensaje sería una respuesta a la carta que le envió el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la que se opone a los cambios de la política criminal que terminen beneficiando a reclusos.
En concepto del fiscal, los proyectos de jubileo que radicaron el Ministerio de Justicia y congresistas de la 'U', para, con motivo de la visita del papa y por razones humanitarias, rebajar algunas penas a peronas privadas de la libertad; envían “señales equivocadas frente a los casos de delincuencia ordinaria, aun en medio de la profunda crisis carcelaria existente, cuya solución se ha aplazado recurrentemente".Según Martínez, los proyectos del Gobierno y ‘la U’ generan “profunda perplejidad”, pues no tienen en cuenta “el impacto en la política criminal del Estado”.