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‘La idea es que reincidentes no tengan casa por cárcel’: Minjusticia
Wilson Ruiz Orejuela, nuevo ministro de Justicia

Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del Derecho.

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Nicolás Galeano-Presidencia

‘La idea es que reincidentes no tengan casa por cárcel’: Minjusticia

Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del Derecho.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habla sobre la ola de inseguridad que se vive en el país.

Un verdadero “arsenal” jurídico para enfrentar la inseguridad que afecta a grandes ciudades del país alista el Gobierno. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, precisa que se trata del aumento de penas de cárcel y el “fortalecimiento de inteligencia e investigación” dentro de un plan general que prepara con “alcaldes, gobernadores y Fuerza Pública” y cuyas bases anticipa en esta entrevista para EL TIEMPO.

Anticipa el ministro Ruiz que se propondrá al Congreso elevar la pena de 18 a 36 meses de prisión para el delito de hurto en una cuantía que no supere los 3’634.000 pesos (4 salarios mínimos ) y de 24 a 48 meses cuando el robo sea superior a esa cantidad. El ministro anuncia, además, que para enfrentar la reincidencia se agravará el castigo a esas conductas.

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¿Cuáles son las bases del proyecto de ley que se llevará al Congreso para evitar que detenidos por hurtos menores sean liberados horas después por jueces y fiscales?

Este proyecto de ley consiste en modificar parcialmente el artículo 239 del Código Penal, el cual consagra una pena para delitos por hurto entre 32 y 108 meses de prisión; sin embargo, determina que cuando el delito no exceda una cuantía de diez salarios mínimos legales mensuales, la pena de prisión será de 16 a 36 meses. La modificación que se busca es una gradualidad en el monto de la pena, teniendo en cuenta que los diez salarios mínimos es una cifra muy alta para mínima cuantía.

Pero, entonces, ¿cuál es la nueva pena que se propone?

La propuesta establece que la pena para el delito de hurto será de prisión de 18 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de cuatro salarios mínimos legales mensuales; y de 24 a 48 meses cuando la cuantía sea superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales.

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Sobre este tema de la liberación casi inmediata de acusados de pequeños hurtos, en un comunicado los jueces dijeron que quienes los liberan son los fiscales…

Al margen de esta discusión, lo importante es concentrarnos en identificar en qué debemos trabajar para mejorar la articulación de las autoridades judiciales competentes. El objetivo es siempre aplicar la ley de manera eficaz. Yo hablo de hacer un frente común para combatir la delincuencia, vinculando a la ciudadanía para que denuncie los hechos de violencia que afecta a la comunidad, la única manera de ganar esta batalla es contribuyendo, cada uno desde sus competencias, con la protección de los derechos de los ciudadanos.

Pero, en su opinión, ¿por qué está ocurriendo esta ola de criminalidad en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla?

Ocurre porque estamos frente a una criminalidad con altos niveles de sofisticación. Hay organizaciones de delincuencia que manejan una alta infraestructura y recursos cuantiosos.

¿Qué piensa proponer frente a los reincidentes? La policía reveló que varios de los delincuentes han sido capturados más de 20 veces y puestos luego en libertad…

Sobre el tema de los reincidentes, el proyecto de ley busca aumentar las penas para las personas que vuelvan a cometer dicha conducta punible. Se va a agravar el castigo a esas conductas con el fin de que estos individuos no se puedan acoger a los beneficios de prisión domiciliaria ni libertad condicional. La ley contempla que la reincidencia se establece cuando existen sentencias ejecutoriadas, es decir, si una persona es detenida diez veces por diferentes delitos en un lapso de dos años y aún no ha sido condenado en ninguno de esos procesos, para la ley no es un reincidente. Por eso tenemos que estudiar la manera de imponer medidas en contra de quienes sean recurrentes en el delito, sin que se haya configurado la reincidencia.

Pero, le insisto, ¿qué es lo que está originando esta ola de inseguridad?

Son varias las circunstancias que generan inseguridad; una de ellas, el alto nivel de sofisticación de las organizaciones criminales que están detrás del delito y sus rentas criminales. También ha tenido incidencia la alta migración de los extranjeros que vienen a hacer daño.

¿Y cómo contener el asalto a mano armada a restaurantes?

Varias medidas, entre ellas puedo mencionar las siguientes: fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación criminal; fortalecimiento de la articulación entre autoridades como los alcaldes, gobernadores y la Fuerza Pública; aplicación del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana como herramienta fundamental de prevención; incentivar la denuncia ciudadana; visibilizar las estructuras criminales y sus integrantes que son responsables de esos delitos.

¿Qué hacer con las pandillas de motoasaltantes que tanto afectan la seguridad de ciudades como Bogotá y Barranquilla?

Varias medidas se están poniendo en marcha. Serán exitosas si se fortalece la coordinación con los alcaldes, primeras autoridades en materia de orden público de las ciudades. Estamos trabajando con las alcaldías de Bogotá y Barranquilla.

¿Cuándo se presentará el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana al Congreso?

En el mes de octubre se radicará ante el Congreso el proyecto de ley que busca mejorar los procedimientos que adelantan las autoridades desde el momento de la captura y durante el proceso judicial, endurecer las penas para las personas que sean reincidentes y agravar dichas conductas con el fin de que estos individuos no se puedan acoger a los beneficios de prisión domiciliaria y libertad condicional.

Lo que se necesita realmente es fortalecer la justicia en general. Debemos robustecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal, juzgamiento y capacidad técnico-científica en pruebas.

¿Usted cree que con el solo aumento del pie de fuerza de la policía o el patrullaje del Ejército se logrará enfrentar con éxito la inseguridad?

No. Precisamente eso es en lo que hemos insistido desde el Gobierno, en una visión multidimensional de la seguridad. La seguridad no se garantiza solamente con la Fuerza Pública: seguridad es justicia, prevención, convivencia, reactivación.

Este problema de las detenciones ha provocado, además, otro conflicto: el hacinamiento en las estaciones de policía… ¿Qué hacer?

He puesto en marcha, en coordinación con el Inpec, un plan para apoyar la reubicación y traslados de personas que se encuentran en estaciones de policía hacia centros de reclusión nacional. A la fecha, durante el presente año se han traslado más de 31.051 personas desde los centros de detención transitoria, URI, y estaciones de policía hasta las cárceles y penitenciarías a cargo del Inpec. Si tenemos en cuenta que la población actual de los establecimientos de reclusión es de 96.524 personas, estos traslados constituyen una tercera parte de toda la ocupación de las cárceles del país. Sobre este tema, he pedido a alcaldes y gobernadores impulsar y ejecutar proyectos de construcción de centros de detención transitoria para sindicados y así poder solucionar dicha problemática.

A propósito, ¿en qué va el proceso de excarcelación de detenidos?

Lo hemos venido haciendo en conjunto con los jueces de ejecución de penas, porque se han encontrado casos de privados de la libertad que ya han cumplido gran parte de la pena y tienen requisitos para otorgar beneficios de medidas extramurales, y además han avanzado en su proceso de resocialización. De esta manera, durante la declaratoria de emergencia sanitaria se ha hecho efectiva la excarcelación de cerca de 16.350 personas.

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Durante la declaratoria de emergencia sanitaria se ha hecho efectiva la excarcelación de cerca de 16.350 personas.

¿Y cuál es el estado de construcción de los anunciados nuevos centros de reclusión?

El Gobierno Nacional está adelantado las gestiones para ampliar la capacidad de nuestro sistema penitenciario del orden nacional. Ya se entregaron los centros de reclusión de Ipiales y de Girón, se habilitó un pabellón en la cárcel de Buga y se está trabajando para la entrega, a finales del 2021, de tres estructuras modulares con capacidad cada una para 510 privados de la libertad en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí y un pabellón más en el establecimiento Bellavista de Medellín.

Además, se está construyendo una cárcel en zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel en Magdalena, que en una primera fase contará con 1.500 cupos y posteriormente se adecuarán 3.000 cupos más.

¿No le faltan dientes al Ministerio de Justicia para frenar la inseguridad?

Lo que se necesita realmente es fortalecer la justicia en general. Debemos robustecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal, juzgamiento y capacidad técnico-científica para la práctica de pruebas. Los ciudadanos necesitan y merecen una respuesta más rápida y eficaz de la administración de justicia.

Otros temas, ¿cómo avanza el proceso de aprobación de las licencias para la producción y comercialización de cannabis?

Avanza muy bien. Se va a fortalecer la industria del cannabis y hacer más expedito el otorgamiento de licencias. Con corte al mes de agosto de 2021 se han expedido más de 1.776 licencias, 222 modificaciones de licencia, quedando 701 trámites pendientes de resolución. Tenemos la meta de llegar a diciembre con todos los trámites al día.

Usted es el Ministro de Justicia que más extradiciones ha firmado. ¿Cuántas extradiciones ha aprobado y en qué tiempo?

Durante el tiempo que llevo al frente de esta cartera, desde el 5 de octubre de 2020 al 23 de septiembre de 2021 se han firmado 284 resoluciones de extradición. En el gobierno del presidente Duque se han extraditado 536 ciudadanos nacionales y extranjeros a diferentes países.

El Presidente de la República prometió en campaña que impulsaría la cadena perpetua contra asesinos y violadores de menores de edad. Pero la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua. ¿El Gobierno insistirá con un referendo o recurrirá el fallo de la Corte?

El presidente Duque, con sujeción a los principios de separación funcional del poder público e independencia judicial, respeta y acata el fallo proferido por la Corte Constitucional y no insistirá con un referendo. Sin embargo, el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley que pretende aumentar de manera considerable las penas de los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, pero sin incurrir una pena que conlleve a la prisión perpetua.

¿Qué pasó con la extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso?

El trámite de extradición de las tres solicitudes radicadas el 15 de abril de 2020, el 13 de mayo de 2020 y el 20 de agosto de 2020 continúa su curso y está actualmente en estudio por parte de las autoridades norteamericanas.

Está de acuerdo con el proyecto de acto legislativo para reformar al Consejo Superior de la Judicatura. El proyecto plantea que no puedan conformar listas de candidatos a magistrados...

Quiero aclarar que ese proyecto de acto legislativo no es una iniciativa del Gobierno Nacional; esa es una iniciativa que promueve el Congreso de la República. El presidente Duque ha sido muy claro en respetar y acatar la autonomía legislativa y la separación de poderes, con lo cual la iniciativa deberá surtir su trámite en los diferentes debates en el congreso.

(Le puede interesar: El tortuoso camino para el retorno de la aspersión)

¿Qué falta para que sea citado el Consejo Nacional de Estupefacientes, que tiene en sus manos la decisión sobre las aspersiones con glifosato?

El Gobierno Nacional está empeñado en cumplir con todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional. Por esta razón es indispensable contar con los conceptos previos en materia de salud y ambiente, así como la decisión del Anla sobre el Plan de Manejo ambiental que tramita la Policía Nacional.

Si el concepto de la Anla no es favorable, ¿se descarta el uso de glifosato para asperjar zonas de cultivos ilícitos?

Es indispensable señalar que el Gobierno Nacional debe utilizar todas las herramientas disponibles para enfrentar el narcotráfico, pero también tiene que, en el marco del Estado social de derecho, dar cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional, razón por la cual hasta contar con todos los requisitos técnicos y jurídicos se decidirá la reactivación de la aspersión aérea por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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