¿Cómo van a monitorear a los presos que salgan para sus casas?

¿Cómo van a monitorear a los presos que salgan para sus casas?

La ministra Cabello les dice a internos que no se dejen tentar por grupos con "intenciones oscuras".

Margarita Cabello, ministra de Justicia

Cabello fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde marzo de 2016 hasta enero de 2017, y llegó al Ministerio de Justicia en junio de 2019.

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Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Por: Sair Buitrago
18 de abril 2020 , 10:43 p.m.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, defendió el decreto que viabiliza la casa por cárcel para internos que cumplan los requisitos exigidos y que generó fuertes críticas. Dice que no se puede pretender resolver el problema del hacinamiento por la pandemia.

(En contexto: Decreto de excarcelación genera controversia por sus exclusiones)

Ya un poco más reposado el tema y viendo las reacciones ante el decreto, ¿cree que fue adecuado?

Adecuado y necesario. Parte de una realidad como es la velocidad con que se propaga el virus. Estricto jurídicamente, ponderando entre la posibilidad de contagio de un lado y la preocupación de seguridad ciudadana del otro, bajo una mirada objetiva. Frente a situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Nunca el país había estado como ahora.

¿Por qué tardó tanto?

Se propuso en primer lugar un borrador como base de socialización y a partir del mismo se atendieron observaciones de muchos lados. Era necesario realizar un análisis jurídico riguroso con las entidades involucradas en su aplicación para establecer una operatividad ágil y oportuna.

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¿El decreto sí reduce el riesgo en los penales?

Este no es el único instrumento para reducir el riesgo; es una medida complementaria a las muchas otras implementadas para que en su conjunto logremos al máximo evitar el contagio y la enfermedad. Cuatro mil privados de la libertad como un primer grupo que regresa a sus hogares con medida domiciliaria, entrega tranquilidad a todos.

¿Cuáles son las otras medidas?

Desde la llegada del covid-19, el ministerio, como cabeza del sector, de forma articulada con el Inpec y la Uspec, ha tomado las medidas encaminadas a proteger los derechos de los privados de la libertad. Lo primero fue la orden desde el 12 de marzo de prohibición de visitas. Se ordenó tamizaje para personal externo que deba ingresar, entrega escalonada de implementos de aseo y limpieza personal, desinfección química en los erones, abastecimiento de medicamentos básicos y elementos de protección. Se incrementó la planta médica y asistencial. En los erones de mayor riesgo se inició la implementación de carpas medicalizadas y en todos los establecimientos se ordenó la ubicación de lugares de aislamiento. Se declaró la emergencia carcelaria para facilitar una contratación más rápida y traslados presupuestales para afrontar la crisis.

¿Fue un error dar un cálculo inicial de alrededor de diez mil beneficiados?

Ha sido una decisión muy analizada y estudiada. Se pensó al momento de dar a conocer el borrador base del decreto que podría iniciarse con ese número, pero la capacidad operativa para implementarla nos llevó a la conclusión de que era mejor comenzar con alrededor de 4.000 beneficiados.

¿Si la medida no saca a tanta gente, no es inocua frente al hacinamiento?

No se puede pensar en resolver el hacinamiento crónico que existe en nuestro país por la presencia de esta pandemia. Estamos combinando medidas para solventar la crisis y evitar al máximo el contagio. No podemos solo observar los efectos del decreto en términos numéricos, nos encontramos frente a vidas humanas.

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Les pido comprensión y solidaridad. No es momento de aprovechar la situación para dejarse guiar por grupos equivocados y con intenciones oscuras.

¿Se tuvo en cuenta a la academia, a los penalistas, que son los que más han criticado el decreto?

Nunca se va a tener el punto ideal. Críticas siempre existirán y las recibimos con respeto. Escuchamos a todos, incluso organismos internacionales. Unos pedían más exclusiones, otros querían que la sustitución abarcara a muchos más y otros pedían que no sacáramos el decreto. La decisión se tomó como parte de otras medidas y basados en la realidad de un país con múltiples complicaciones estructurales.

¿Cómo se concluyó que sacar a más internos afectaría la seguridad?

Fue un trabajo de ponderación entre varios derechos. Las variables empleadas para el decreto se enfocaron en aspectos más de tipo objetivo.

¿Qué les dice a los internos?

Que el ministerio, el Inpec y la Uspec están trabajando de manera continua e incansable, con todo su equipo, presupuesto y capacidad disponible, a pesar de las limitaciones que vienen de muchos años, para evitar el contagio, protegerlos y salir avante en esta pandemia. Les pido comprensión y solidaridad. No es momento de aprovechar la situación para dejarse guiar por grupos equivocados y con intenciones oscuras.

¿Cómo garantizar que los que salgan sí cumplan?

A quienes se les aplicará el decreto están cobijados por otros beneficios, lo que garantiza en principio que no incurrirán en delitos adicionales. La responsabilidad de realizar el control del cumplimiento estará a cargo del Inpec, que hará las verificaciones y, en caso de incumplimiento, emitirá el reporte a los jueces, que podrán revocar el beneficio y ordenar su captura, así como otras consecuencias penales que evaluará la Fiscalía, por tipificarse la fuga de presos.

¿El proceso está blindado para evitar colados?

El procedimiento es bastante riguroso. El Inpec hace una verificación preliminar del cumplimiento de los requisitos y elabora unos listados, luego la autoridad judicial realizará la verificación de requisitos y exclusiones allí contenidas, para adoptar la decisión.

(Además: Las críticas al decreto de excarcelación del Gobierno por covid-19)

¿Una familia se puede oponer a que le lleven un interno a su casa?

Puede ocurrir. De ser así se valorará la situación y se determinará si tiene otro lugar al cual ir o si continúa en el establecimiento. Tuvimos cuidado de que en los casos en los que el condenado o investigado pertenezca al grupo familiar de la víctima solo se le concederá la medida cuando se garantice que el domicilio acreditado es diferente al de la víctima.

¿Han considerado sacar internos a fincas u otros lugares?

Se consideró desde el primer momento, pero las condiciones de infraestructura e idoneidad mínimas para ello no lo han permitido en los sitios que la SAE nos ha ofrecido. Para la urgencia e inminencia de la crisis no es posible hacer esos traslados por los costos y el tiempo que implica su adecuación y determinación de estándares mínimos de seguridad. No obstante, para más adelante y sin la premura de la urgencia, es una vía interesante y, si el presupuesto se nos entrega, vale la pena evaluarla.

¿Los guardias están debidamente protegidos?

Se les está dotando paulatinamente de elementos de bioseguridad. La escasez y contratiempos operativos han demorado la entrega completa, pero vamos avanzando rápido para superar esas dificultades.

¿Qué sabe del motín en La Modelo? ¿Hubo excesos de la guardia?

Como señalé desde el primer momento, los videos recogidos y entregados a la Fiscalía hacen pensar que probablemente existió un plan criminal de fuga masiva, más que una reclamación por la situación de salud. Así lo explicó también la Fiscalía. Nuestro cuerpo de custodia y vigilancia actuó de manera heroica y valerosa conteniendo la fuga de los internos. Fiscalía y Procuraduría están adelantando las investigaciones y serán las encargadas de determinar si hubo excesos o no.

Aunque se entiende que están concentrados en la emergencia, ¿ya saben qué hacer con el Inpec?

Es un tema que aún se trabaja. Además, seguimos adelante, a pesar de la crisis, en el plan de incrementar cupos y mejorar las condiciones carcelarias que anunciamos el año pasado. El Presidente de la República ha sido enfático en ordenar que debe seguir ese programa, y así se está haciendo.

Y la reforma de la justicia se volvió a enredar…

Siempre he dicho, y lo repito hoy, que la reforma se está haciendo con pequeños proyectos, y por ello pienso que ya está caminando. Los tres proyectos presentados en la legislatura pasada y otras decisiones administrativas en mecanismos alternativos de solución de conflictos así lo hacen ver. La trasformación digital del sistema de justicia sigue su trámite y la necesidad de trabajar en casa por el covid-19 con los medios tecnológicos nos ha ayudado a entender que podría agilizarse. La reforma constitucional y de ley estatutaria siguen vivas. Es una reclamación nacional. En estos momentos de emergencia estamos sacando el espacio para seguir analizándola a efectos de que en el tiempo adecuado se pueda presentar.

SAIR BUITRAGO
Editor de Justicia
Twitter: @Sairbuitrago

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