A finales de esta semana, el Ministerio de Defensa podría tener definida una primera lista que entregará a la Secretaría Ejecutiva de la JEP de uniformados que podrían recibir la libertad condicional como parte de los beneficios de los acuerdos de paz .
Según el texto aprobado, mientras se nombra en propiedad al secretario ejecutivo de la JEP, “la función de verificación del cumplimiento de los requisitos para la libertad transitoria, anticipada y condicionada o la privación de la libertad en unidad militar o policial de los miembros de la Fuerza Pública será cumplida por la persona que ha sido designada como secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz por el responsable del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la Organización de Naciones Unidas”.
Esa función la cumple hoy el exmagistrado Néstor Raúl Correa, que ya tiene un equipo de 25 abogados trabajando en la implementación de los primeros pasos de la JEP.
La aprobación del acto legislativo que crea la jurisdicción especial reafirma la vía que estaba lista desde el año pasado, cuando quedó aprobada la ley de amnistía: que los militares detenidos tienen la posibilidad de acudir desde ya a los beneficios de la jurisdicción, previo cumplimiento de requisitos.
El Mindefensa está haciendo un primer barrido para determinar quiénes, entre los uniformados que han manifestado interés, tendrían cabida en la JEP. La condición infaltable es que los delitos atribuidos u objeto de sentencia hayan sido cometidos con ocasión del conflicto.
Pero la ley prevé la posibilidad de que las personas se postulen individualmente. Esto porque en todo caso la entrega de beneficios temporales o definitivos dependerá de los magistrados de la JEP.
La abogada Tania Parra Montenegro –de la fundación Fuimos Héroes, que representa a más de 6.000 uniformados, entre ellos condenados o procesados por ejecuciones extrajudiciales– sostuvo que esperan que a final de mes estén saliendo de las cárceles los primeros militares beneficiados por la Jurisdicción Especial de Paz.
“El acuerdo habla de un tratamiento simétrico pero diferenciado con los guerrilleros, y así como ellos ya están en las zonas veredales, esperamos que rápidamente se trasladen a las unidades militares los uniformados que no han cumplido los cinco años de cárcel”, dijo la abogada.
Añadió que la aprobación de la JEP genera esperanza entre los uniformados. “El 80 por ciento de los detenidos que tienen derecho a la libertad, más de mil, ya firmaron los documentos para el trámite”, añadió.
Entre los que ya pidieron pista está el mayor (r) Juan Carlos Meneses, investigado por sus nexos con el grupo paramilitar de ‘los Doce Apóstoles’ y quien está pendiente de un fallo de un tribunal de Antioquia por su presunta responsabilidad en el crimen de un conductor de bus asesinado en Yarumal en febrero de 1994. Él es uno de los principales testigos contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, en el mismo caso.
Como no ha cumplido los cinco años preso, su defensa pidió que sea sacado de la cárcel de Facatativá y llevado a una unidad de la Policía. Fuentes cercanas señalaron que está dispuesto a entregar información y a reconocer que durante los dos meses que estuvo en Yarumal dejó que los paramilitares delinquieran a sus anchas en la región. Uno de los nombres que causará polémica es el del coronel Bayron Carvajal, condenado a 54 años de cárcel por la masacre de 10 policías y un civil en Jamundí, Valle, y quien también pretende clasificar en la JEP.
José Jaime Uscátegui, hijo del general Jaime H. Uscátegui (condenado a 37 años de cárcel), sostuvo que su padre espera recuperar su libertad en corto tiempo. “Lleva 18 años preso; eso es más de tres veces lo que requiere la JEP para ordenar la libertad, es más que justo que se le conceda”, señaló Uscátegui. Además, insistió en que el general pedirá revisión del caso, pero no aceptará responsabilidad en ningún delito.
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