'Se necesitan 20 años y $12 billones para poner al día a las cárceles'

'Se necesitan 20 años y $12 billones para poner al día a las cárceles'

La directora de la Uspec, Matilde Mendieta Galindo, habló de la crisis carcelaria. 

Matilde Mendieta Galindo

Matilde Mendieta Galindo, directora general Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: Justicia 
21 de diciembre 2018 , 03:20 p.m.

Matilde Mendieta Galindo fue nombrada como la directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) hace tres meses. 

Tras su llegada a esta entidad, que en el pasado ha sido cuestionada por los diferentes órganos de control por sus problemas de efectividad, y hechos de corrupción, Mendieta se refiere a lo que encontró al llegar a la cabeza de esta Unidad. 

Asegura que el problema del hacinamiento en Colombia se explica por el denominado populismo punitivo: la cantidad de conductas que hoy son tipificadas como delito.

A esto se suma las fallas en la construcción de centros penitenciarios, y el alto número de sindicados en el país que congestionan las cárceles, debido a la inactividad de las entidades territoriales para garantizar su aseguramiento. Dice que la solución no son más cárceles, sino menos personas presas, y afirma que se debe buscar construir cupos para la resocialización.

¿Qué genera el hacinamiento en Colombia?

Esta es una situación que se demorará mucho tiempo en arreglar, si es que el país la quiere arreglar. La velocidad de personas que son privadas de la libertad es muy alta y la velocidad en la construcción de soluciones es muy bajita. Hay un montón de normas que condenan muchas conductas y que aumentan los tiempos de condena. 

¿Usted cree que deben replantearse varias de las conductas que llevan a una persona a la cárcel?

Hay personas que entienden que aquí está sucediendo un fenómeno que es más político que técnico, y que crear delitos se ha vuelto una medida exacerbada en la justicia colombiana. Esto genera que la población privada de la libertad crezca de manera rápida.  El país tiene que revisar todo el populismo punitivo. 

¿En qué casos?

Hace algunos días estábamos dando un concepto negativo a un proyecto que se inventaba tres nuevas conductas punibles. Una de ellas es el maltrato a los políticos que dicen cosas en las plazas públicas. Mientras todas las cárceles están llenas, quieren llevar a personas presas porque insultan a un político. En otros casos, yo creo que llevar a la cárcel a quienes incumplen con la cuota alimentaria no es la solución, porque esa persona se queda en prisión, alimentándose gratis por un tiempo no tan largo, y se desconecta con la familia, lo que incrementa el problema. Si antes esa persona no daba dinero, después de la cárcel no existirá la mínima posibilidad de que aporte. En este momento, en las estaciones de Policía hay 90.000 solicitudes de captura para señores que no habían pagado la cuota alimentaria. Culturalmente esto tiene que tener una solución diferente. 

¿Cuánto se demora construir una cárcel?

Entre hacer el proyecto, sacar el proceso de selección, seleccionar y hacer los diseños, sacar la licitación para la construcción, y construir, se puede demorar 5 años. Y el tamaño máximo de un centro penitenciario es de 2.000 personas. Pero para solucionar esto no basta con construir cárceles. Hay que construirlas, pero se trata de compatibilizar todo y hacer que este país baje la producción de personas privadas de la libertad, y se aumente la velocidad en la construcción de infraestructura.

¿Cuántos cupos hay en las cárceles?

Hay 6.242 cupos disponibles para los capturados, y  3.378 cupos para los sindicados.  En el caso de los condenados, hay 80.660 cupos para esa población. Quienes tienen condenas son 79 mil personas. Estos son los presos que son responsabilidad de la Uspec y del Inpec. Aquí no hay hacinamiento.

Sin embargo los sindicados son 47.895 personas, que son responsabilidad de las autoridades locales. Pero como no hay sino 3.000 cupos para ellos, los están metiendo a la infraestructura de los condenados. Es decir que en la infraestructura de la Nación tenemos metidas más de 40.000 de las personas que son responsabilidad de las entidades territoriales. Esto fue lo que generó el hacinamiento. Los sindicados los maneja el Inpec, pero no debería ser así ya que a estas personas no se les puede dar trato de condenados. Los otros 7.000 que no están en las cárceles están en las URIS y en las entidades de Policía, porque las autoridades debían construir infraestructura como lo hizo Bogotá con la cárcel Distrital.

La Fiscalía no puede dejar de capturar porque no hay cárceles, por eso a las personas las meten en un hueco, en un sitio no adecuado. Así, lugares que tienen capacidad para 200 personas terminan con 500 o 3.000. Hay casos terribles. 

¿Qué le pide a las autoridades territoriales?


Las entidades territoriales tienen la responsabilidad de armar los centros de estancia de las personas sindicadas, porque no son condenados y no se les puede dar trato de persona privada de la libertad.  Se requiere que las autoridades territoriales primero reconozcan la responsabilidad, y segundo, pongan un poquito de presupuesto y yo los acompaño técnicamente en la solución. Yo ya he hablado por lo menos con cuatro alcaldes y la idea es acompañarlos técnicamente, que consigan plata para dar soluciones que pueden ser modulares, y que garanticen que se construyan sitios rápidamente para desahogar el problema con los sindicados. 

Usted también habla de un problema con los sitios de reclusión que ya están construidos...

De los 136 centros carcelarios que hay,  118 fueron construidos en 1.810 o antes. Es más, hay uno que lo construyeron en 1.611. Estos centros aportan el 50 por ciento de los cupos. Hay tres centros penitenciarios que están cerrados porque la gravedad de su situación. Colombia tendría que poner al día toda la infraestructura carcelaria porque la Corte Constitucional dijo que para cada persona privada de la libertad se necesita un estándar de infraestructura. Hay algunos que quedan en zonas rurales que no necesariamente tienen servicios públicos, fueron construidos y se alimentan de pozos de aguas profundas que en algunos casos se están agotando.

¿Se van a concentrar en arreglarlos?

Sí, esa es mi misión. Yo quiero trabajar para que haya un salto cualitativo en el tema carcelario en Colombia. No se trata de construir infraestructura, se trata de hacer resocialización. El espíritu de las leyes pide que las personas privadas de la libertad sean ciudadanos nuevos cuando salgan. Ssobre ese concepto hay que hacer los centros penitenciarios. Los de hoy en día (de tercera y un poco de segunda generación) tienen infraestructura para hacer resocialización, pero los 118 no la tienen y eso hay que cambiarlo. También hay que pensar que 30 centros penitenciarios están en zonas rurales y tienen serios problemas de agua potable y tenemos 15 que son patrimoniales, es decir, podríamos tener problemas para arreglarlos. 

¿Qué se necesita para esa resocialización?

No se trata de hacer infraestructura, sino cupos carcelarios integrales en donde una persona tenga su lugar de habitación, su baño, pero además los sitios en los que pueda de verdad estudiar, formarse, tener tratamiento terapéutico si se requiere, trabajar, ser un ser humano productivo,  y replantearse como persona para el país. De hecho vamos a hacer brigadas de salud. Para las mujeres, citologías, y para los hombres, examen de próstata. Que se recupere el sentido que había en Colombia de que había personas voluntarias, pastores y religiosos que iban a los centros penitenciarios y que ayudaban a los seres humanos a recomponerse, porque es realmente difícil estar en una cárcel.

¿Con el dinero que tienen, es mejor invertir en reestructuración o construir más cárceles?

De todas maneras hay que construirlos todos nuevos porque ninguno tiene el estándar. Eso se va a tomar por lo menos 20 años trabajando con juicio y velocidad. Esa solución de poner al día los 118 centros carcelarios vale 12 billones de pesos a precios de hoy. Eso significa que el país hoy no tiene plata para hacer la solución carcelaria.

Hacer el mantenimiento a los 118 centros vale alrededor de 100.000 millones al año y construir un centro penitenciario de 900 personas vale 100.000 millones al año. Entonces, por estar haciendo mantenimiento, nos está tocando gastar una cantidad de plata en arreglar casitas viejas que no están en el estándar de la Corte. Ni siquiera los centros penitenciarios cumplen los estándares y los conceptos salieron en el 2015. Además el Inpec nos tiene que ayudar y ellos ayudan cuando pueden y quieren.

Usted habló sobre la revisión de condenas a personas que ya no deberían estar privadas de la libertad.

Hay muchas de las personas que si uno revisa bien los casos, esto es un tema de jueces. Podrían salir del sistema porque con el beneficio de las penas probablemente ya hayan cumplido el tiempo y puedan quedar en libertad. Esa es una de las tareas que la ministra nos puso a hacer.

¿Cuándo llegó a la Uspec qué encontró?

Tenían serios problemas en la concepción de los contratos y yo desempañé los contratos. El primero es un centro que va a tener 3.000 cupos que se llama San Ángel en Magdalena, allí estaban diciendo que el suelo era muy arcilloso y el proyecto se estancó. El equipo que llegó conmigo leyó los planos y dijeron que se podía construir y que se debía hacer un manejo especial al piso. Los otros que desenredamos fueron el de Girón e Ipiales, que ya están muy avanzados pero no había interventoría. Estas salen el año entrante.

¿Cuantas cárceles ya se están construyendo?

Sabanas de San Ángel en Magdalena y La Guajira están en diseño. En construcción está Girón, Ipiales, Buga y Pereira, este último aportará 900 cupos. En total, durante este periodo de cuatro años la meta es entregar en total 15 mil cupos, eso tiene un costo de 1.8 billones de pesos. Y queremos dejar 12.000 más en fase de diseño para que la nueva administración cuando llegue encuentre los diseños hechos. Yo dejo la plata organizada en los documentos Conpes para que lleguen y abran las licitaciones.

¿Había corrupción?

Si yo le digo que sí, corro graves riesgos. A mí me pusieron un esquema de seguridad. Yo no puedo calificar a ninguna de las personas que estaban aquí, sé que hubo corrupción pero no dónde. Esta entidad sí debería tener una talla más acorde al objetivo que tiene porque se desprendió del Inpec y fue hecha para hacer concreto puro, y así tiene que ser el equipo.

El Uspec tiene un alto porcentaje de personas auxiliares y muy bajo de personas profesionales que no son acordes con la trayectoria que se requiere para poder mover estos objetivos. Cuando yo llegué encontré una reestructuración, pero creo que la entidad debe ser fortalecida. No con más gente, con más nivel técnico del que se requiere para una entidad como estas.

¿Cuál es el problema del Inpec?

El problema del Inpec es que tiene 85 sindicatos. Con una planta de personal que tiene 85 sindicatos, pidiendo dos o tres días libres, no hay planta que alcance. Si uno tiene un problema tan estructural de una planta de personal de 13.000 personas con 85 sindicatos, eso no conduce a ningún sitio bueno. 

¿Qué responder a las críticas por los daños en las manillas de seguridad?

Claro, están en monitoreo. Sí, algunos se dañan pero pues lo que se hace es ir y retirar ese brazalete y poner otro. Ahora, una persona privada de la libertad con un brazalete, en donde el Inpec monitorea dónde está, intenta dañarlo, quitárselo, golpearlo, por eso es que se dañan. No es que los compramos dañados, es que las personas privadas de la libertad los dañan, como las obras que entregamos a las cárceles. En una cárcel uno pone una maya de seguridad y a los tres días está levantada como un acto de vandalismo.

JUSTICIA. 

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