“Por su cercanía con Bogotá, Cundinamarca se ha vuelto la gallina de los huevos de oro”, así describió la procuradora delegada para la Moralidad Pública la situación que se presenta en el departamento con cambios irregulares en los usos de suelos en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), también conocido como volteo de tierras, que terminan achicando los suelos rurales para convertirlos en zonas de urbanización.
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Entre las irregularidades que ha detectado el Ministerio Público está que violando normas ambientales se convierten cientos de hectáreas que eran de uso agrícola y rural en zonas para edificar, tener comercios y extracción de materiales, en algunos casos incluso traspasando límites de reservas ambientales y arqueológicas.
También se ha detectado que se omiten las normas básicas de gestión del riesgo, lo que pone en peligro las futuras edificaciones, así como que no se garantiza la capacidad para el acceso a agua y a las viviendas que se aprueba construir.
Por estos hechos, la Procuraduría ya llamó a juicio a funcionarios y exfuncionarios de los municipios de San Cayetano, Cajicá, Funza, Tenjo, El Rosal, Facatativá y Nemocón.
Si bien la ley permite que una vez por periodo se cambien predios rurales a urbanos exclusivamente para la construcción de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), que deberían ir a las personas de más bajos recursos, algo que ha documentado la Procuraduría es que esa figura se ha usado para cambiar los usos de tierras pero en vez de construir ese tipo de viviendas, se hacen casas campestres.
Por ejemplo, en Facatativá, en 2014, una revisión excepcional al POT, presentada por el alcalde de ese entonces Luis Orlando Buitrago Forero, incorporó un predio rural para un desarrollo urbanístico de viviendas VIS y VIP, pero solo se destinó el 20 % a la construcción de esas viviendas y el otro 80 % a la construcción de viviendas campestres unifamiliares y multifamiliares.
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Esa revisión permitió que se incorporaran al suelo urbano 145 terrenos para desarrollo urbanístico y tan solo 15 para vivienda VIS y VIP.
Además, el predio rural que se incorporó al suelo urbano era sujeto de protección por hacer parte de la micro cuenca Mancilla, y en la construcción de las obras no se respetó la franja de aislamiento establecida por la ley, con la cual se busca evitar que los predios que cuentan con protección ambiental colinden con desarrollos urbanísticos y puedan ser afectados por la proyección y ampliación de las redes de servicios públicos.
Un caso parecido ocurrió en Funza, en donde se usó la figura de construcción de viviendas VIS y VIP para modificar dos veces en un mismo periodo de 4 años el POT del municipio.
Además, de acuerdo con la Procuraduría, el exalcalde Jorge Enrique Machuca López, una exfuncionaria y diez exconcejales habrían hecho cambios en la clasificación de suelos de protección rural para dejarlos como suburbanos mediante licencias de parcelación que redujeron sustancialmente la vocación agropecuaria y forestal que deben tener por ley los municipios de la Sabana de Bogotá.
A parte de las irregularidades con viviendas VIS y VIP, el Ministerio Público también investiga las razones por las que en varios municipios se ha aumentado el suelo urbano sin justificación.
En Cajicá se aprobó en 2014 una modificación al POT que dejó al municipio con solo un 23 % del territorio agropecuario y forestal, a pesar de que la ley ordena que esos sean los usos prioritarios de la tierra en la Sabana de Bogotá. Esa misma modificación, presentada por el exalcalde Oscar Mauricio Bejarano Navarrete dedicó 96 hectáreas que eran de la Reserva Forestal Protectora Productora Nacional de la Cuenca Alta del Río Bogotá para vivienda campestre.
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Según la Procuraduría, el aumento de las tierras en áreas de expansión urbana no se sustentó en una proyección de crecimiento poblacional que haya partido de las cifras de crecimiento proyectadas por el Dane, ente oficial para ese tipo de mediciones.
En este caso, además del exalcalde y 12 concejales, se llamó a juicio disciplinario a los exsecretarios de Planeación Leonardo Higuera Espinosa y Germán Camilo Bello Zapata, contra este último se compulsaron además copias por posible violación del régimen de inhabilidades y conflicto de intereses pues tan solo cinco días después de dejar la Alcaldía ingresó como funcionario a la CAR, que tiene parte en temas ambientales de los POT. De hecho, dentro de las investigaciones de la Procuraduría Bello fue llamado a juicio como funcionario de la CAR en 2 casos.
Otro proceso en el que no se justificó la reducción de suelo rural y agrícola es en Tenjo, en donde se investiga un incremento “desordenado e injustificado” del suelo urbano, de expansión urbana y de usos suburbanos, que se dio usando tierras agrícolas que tenían restringida la posibilidad de urbanizarse.
En ese municipio, con una revisión al POT hecha en 2014 por iniciativa del alcalde Hansy Zapata Tibaquirá, el suelo urbano pasó de 72 hectáreas (ha) en el 2010 a 209,387 ha en el 2014; y el suelo de expansión pasó de 145,22 ha en el 2010 a 158,91 ha en el 2014. Esa revisión se hizo además cuando aún estaba vigente el POT anterior, que se había adoptado en 2011.
Por este hecho la Procuraduría llamó a juicio al exdirector de la CAR Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, quien al parecer no constató las decisiones de ordenamiento territorial frente a la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá y el Distrito de Manejo Integrado Cerros de Juaica.
De otro lado en Nemocón la Procuraduría reprocha que en el 2015 se modificó el uso de aproximadamente 600 hectáreas clasificadas como rurales, y algunas de ellas de reserva, para destinarlas a actividades diferentes como vivienda campestre y residencial, comercio, servicios, industria y expansión urbana, entre otros.
Según el alcalde de ese entonces, Luis Felipe Castro Gómez, había un déficit de viviendas que ameritaba añadir esas hectáreas pero la Procuraduría encontró que el suelo requerido para cubrir el déficit de 305 viviendas para el área urbana era de unas 2,19 ha y no 58,61 ha, como quedaron en la modificación como suelo de expansión; y que para cubrir un déficit de 689 viviendas en zona rural, el suelo requerido era de 69 ha y no de 110,9 ha que son las que se propusieron como suelo suburbano residencial.
En ese municipio además se habría faltado a la obligación de conservación de las áreas consideradas como patrimonio cultural de la Nación, pues se amplío el perímetro urbano sobre el área de influencia y zona arqueológica de Salinas; y se permitió que actividades mineras continuaran en zonas declaradas como áreas arqueológicas protegidas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a pesar de que eso está prohibido.
A este caso también fue vinculado el exdirector de la CAR Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, así como Germán Camilo Bello Zapata, director operativo de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR.
Funcionarios sancionados en Cundinamarca.
El Tiempo
En este caso la Procuraduría también vinculó al actual alcalde de Nemocón, Renzo Alexander Sánchez Sabio, porque sabía que el acuerdo que modificó el POT “fue expedido con presuntas irregularidades y decidió no demandarlo”.
En cuanto a El Rosal, la Procuraduría citó a juicio disciplinario al exalcalde Luis Jaime Forero Salgado, a los citados funcionarios y exfuncionarios de la CAR; y a 9 exconcejales por un acuerdo que modificó el POT y disminuyó el área de reserva forestal, su zona de amortiguación y el suelo rural, para aumentar el suelo urbano, de expansión, usos suburbanos y de vivienda campestre. Las ampliaciones se localizan sobre clasificación agrológica II y III que son suelo de protección rural que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse y de modificar su uso.
Además, el Ministerio Público ordenó compulsar copias para investigar por separado posibles irregularidades en la expedición de la licencia de urbanismo y construcción para el proyecto Fiorento y sus derivadas.
Mientras que la investigación en San Cayetano, en cambio, no tiene que ver con modificaciones al POT sino con la no actualización del mismo, por eso se investiga al exalcaldes Jaime Martínez Vargas (2012-2015) y al actual alcalde Luis Alejandro Roncancio Rincón. El último POT del municipio se adoptó en el 2000 y pese a que su vigencia era de 9 años, no se ha actualizado. Ellos debían presentar proyectos de acuerdo para la buena marcha del municipio en lo relacionado con la formulación del ordenamiento territorial y no lo hicieron.
JUSTICIA
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