Fiscalía dice que magistrado lideró red ilegal de corrupción judicial

Fiscalía dice que magistrado lideró red ilegal de corrupción judicial

Carlos Alberto Vargas es investigado por fallos irregulares, como uno sobre el humedal Jaboque.

Humedal de Jaboque

Panorámica del humedal Jaboque, uno de los ecosistemas ubicados en el noroccidente de la ciudad.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
07 de noviembre 2019 , 12:39 p.m.

La Fiscalía imputó cargos al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista por presuntas irregularidades en varios fallos que favorecían a terceros. 

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de autor, cohecho y prevaricato por acción y omisión.​

De acuerdo con el ente acusador, Vargas y otros particulares decidieron manipular procesos administrativos para obtener beneficios económicos.  De acuerdo con la investigación, los hechos irregulares se cometieron al menos desde el 2012 y hasta el 2017.

"Usted organizó una estructura delincuencial, usando su cargo y su función, para traficar con procesos judiciales, específicamente ejecutar diversas conductas contrarias a sus deberes oficiales, movido por el interés de obtener ventajas económicas ilícitas que tenían origen en los usuarios de la administración de justicia", dijo el fiscal que lleva el caso durante la audiencia.

Usted organizó una estructura delincuencial para traficar con procesos judiciales movido por el interés de obtener ventajas económicas ilícitas

En su argumentación, el fiscal mencionó que en 2007 Vargas nombró como judicante en su despacho a Kelly Andrea Eslava Montes, quien estuvo allí hasta el 2010 y luego comenzó a ejercer como abogada independiente.  

A partir de allí, dijo la Fiscalía, la organización criminal organizó un modus operandi así: en primer lugar, reclutaban a demandantes en procesos en curso en el despacho del magistrado y les ofrecían resultados judiciales favorables a ellos; en segundo término, integrantes de la organización, específicamente Eslava, se convertían en  los nuevos apoderados de los demandantes como una estrategia para garantizar el resultado e interactuar de manera directa con el magistrado ponente; tercero, con la intervención activa del magistrado buscaban mejorar las pretensiones económicas de la demanda.

De ese modo, el magistrado Vargas, según la investigación, profirió varias decisiones contrarias a la ley que favorecieron a los clientes de la red criminal, y aceptó remuneraciones y dineros por efectuar actos contrarios a sus deberes oficiales.  

De acuerdo con la Fiscalía, era Eslava Montes quien contactaba a los interesados en los litigios para concretar el proceso y canalizar las ventajas económicas. Mientras que otro miembro de la organización, llamado Aldemaro Vargas y quien era socio del magistrado desde 2006, era quien recibía y administraba, al menos desde 2012, los dineros producto del actuar criminal y los invertía en bienes o negocios asociados al magistrado. 

El caso del humedal Jaboque

Este proceso penal está relacionado con un fallo de abril 2014 que ordenó a la Empresa de Acueducto de Bogotá el pago de una millonaria suma de dinero a un particular por reparación directa por la no compra de un predio cerca del humedal Jaboque y que estaba en la zona de manejo ambiental.

En total se ordenó pagar como reparación 64 mil 215 millones de pesos, de los cuales 20 % era para Kelly Andrea Eslava, quien había obrado como apoderada del demandante.

En el caso hay varias investigaciones por una cadena de recursos legales con los cuales particulares no solo han pretendido recibir pagos sino quedarse con parte del humedal.

El predio en cuestión, llamado La Providencia y ubicado en la localidada de Engativá de Bogotá, tiene un pasado espurio, pues su tradición tuvo "origen en quienes en el pasado representaron los intereses ilícitos de reconocidos traficantes y paramilitares como Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave, quienes a través de terceras personas decidieron financiar una compleja operación ilegal para documentar en cabeza de testaferros el derecho de dominio sobre un bien inmueble de uso público", dijo el fiscal del caso.

El derecho de propiedad de este inmueble, añadió el investigador, "estaba soportado en un proceso falaz de prescripción de dominio e ilícita compraventa".

De acuerdo con el fiscal, teniendo en cuenta esto la red criminal promovió una acción de reparación directa so pretexto del incumplimiento de una orden contenida en una resolución del Concejo de Bogotá, que ordenó a la adminitración adquirir los predios que se vieron afectados con la demarcación de las zonas de manejo ambiental de los humedales La Vaca, Jaboque y El Amarillo. 

En este proceso, en el que Kelly Andrea Eslava representó al demandante, el magistrado Vargas Bautista declaró no probadas las excepciones propuestas por los demandados entre ellas caducidad de la acción; declaró responsable a la empresa de acueducto de Bogotá y se le ordenó pagar por perjuicios materiales de daño emergente 64 mil 215 millones de pesos al demandante, de los cuales para Kelly Eslava, en virtud de cesión del 20 % de derechos litigiosos, fueron 12 mil 843 millones de pesos.

JUSTICIA
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